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El presidente Mauricio Macri nombró por decreto y sin acuerdo del Senado a los dos jueces de la Corte Suprema cuyos lugares estaban vacantes. Los elegidos son el titular de la Universidad de San Andrés Carlos Rosenkrantz y el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner Horacio Rosatti, quien abandonó el kirchnerismo en malos términos. Para nombrarlos, Macri se amparó en un artículo de la Constitución Nacional que permite al Ejecutivo nombrar en comisión los empleos que requieren el acuerdo del Senado. Los cargos tienen vigencia hasta el final del período legislativo, es decir, el 30 de noviembre de 2016, si no son aprobados antes por el Congreso. Según confirmó a Página/12 el ministro de Justicia, Germán Garavano, en paralelo a que los magistrados asuman sus funciones se iniciará el proceso de antecedentes e impugnaciones y se enviarán luego los pliegos al Congreso. Desde la oposición cuestionaron duramente el método elegido, según los especialistas, inédito en democracia.
Macri había dicho que iba a retirar los pliegos que había enviado Cristina Fernández de Kirchner. Se trataba de los jueces Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesin, vinculados al peronismo y al radicalismo y con amplio consenso en el mundo judicial. El Presidente sostuvo que los jueces que iba a proponer no tendrían relación personal con él, ni serían macristas. Los perfiles que eligió son, no obstante, más cercanos al oficialismo que a la oposición kirchnerista.
Según cuentan en Balcarce 50, Macri tomó la decisión luego de revisar más de 20 propuestas y se la informó ayer por la tarde a su ministro de Justicia. Sus allegados sostienen que los eligió por los antecedentes, aunque es ineludible el dato de que Rosatti fue el único ministro que renunció tras una pelea con Kirchner. En la Rosada, también indicaron que Macri habló con ellos por primera vez ayer. También remarcaron que no hubo una negociación con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para elegir a los nuevos jueces.
De hecho, un emisario de Macri se acercó recién ayer a informarle los nombres de los elegidos. Una versión proveniente del Gobierno indicaba que anunciar estas candidaturas ayer, luego del paquete económico que Macri buscaba colocar en las tapas de los diarios, no era parte del plan. Y sugerían que Lorenzetti había sido el primero en filtrar la información. Intrigas de Palacio, entre dos poderes que se están midiendo: pese a la buena onda que se prodigaron el día de la asunción, el Presidente desconfía tras fallos como el que le quitó a la Anses el manejo de los fondos coparticipables. Según señalaban los nuevos habitantes de la Casa de Gobierno, los jueces por los que optó Macri podrían implicar un contrapeso para Lorenzetti.
Uno de los elegidos es Carlos Rosenkrantz, de 57 años. Egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, magister y doctor en Derecho en Yale, Rosenkrantz no viene del manejo de los tribunales sino de la docencia: fue profesor en Estados Unidos en la Universidad de Nueva York, en la Richmond School of Law, en la Universidad de Denver y en España, en la Universitat Pompeu Fabra. Trabajó para el Banco Mundial en el “Programa para la Justicia”. Desde 1998, dirige la Universidad de San Andrés. Es especialista en derecho constitucional y fue asesor de la Convención Constituyente en 1994. En una entrevista con el diario La Nación, dio algunas pistas sobre cómo piensa: “La Argentina es un país muy divisivo, donde a la gente le cuesta pensar que haya lugares en el debate que no son necesariamente partidarios. Hay lugares que no presuponen ninguna facción en pugna. Es por eso que miramos mucho más para atrás que para adelante y, cuando uno mira más para atrás, establece culpas y empieza a hacer divisiones. En países más optimistas, que miran más para adelante, las divisiones se morigeran; en la Argentina, se potencian”.
En tanto, Rosatti es santafesino y tiene 59 años. Es abogado y escribano, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, con un máster en la Universidad Católica de Santa Fe en evaluación de impacto y gestión ambiental. Dio clases en esa universidad, de la que fue decano de derecho. También dio clases en la Universidad Austral, vinculada al Opus Dei.
Entre 1995 y 1999 fue intendente de Santa Fe y en 1994 fue convencional constituyente. Fue procurador del Tesoro de la Nación y luego ministro de Justicia de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005. Le tocó defender al país ante el Ciadi. Finalmente, tuvo una salida estrepitosa del Gobierno. Se fue con una carta en la que le decía al entonces presidente que había normalizado la relación con el Poder Judicial en el “respeto a la independencia de los jueces”. El motivo real de su salida fue que le dijo que no a Kirchner cuando el presidente le pidió que se pusiera al frente de la lista de Diputados de Santa Fe. Este año, en un reportaje, defendió a los fiscales que convocaron a una marcha por la muerte de Alberto Nisman, entre otras declaraciones que marcan su perfil:
“En algunos temas, digamos medios de comunicación y Justicia, este gobierno va a ser recordado no por lo que construyó sino por lo que hizo tambalear”.
“Yo fui, como conjuez de la Corte, una de las dos personas que votaron que los jueces tienen que pagar el impuesto a las ganancias, en una votación que salió 7 a 2”.
“Algunos jueces, a medida que se acerca el final de un gobierno o de un ciclo político, comienzan a ver cosas que debieron ver antes o sobreactúan en lo que están viendo”.
Sobre el traspaso de las escuchas a la procuración, dijo: “Conceptualmente eso es correcto. Son los fiscales quienes llevan adelante la investigación”.
El Presidente optó por no dialogar ni negociar con el peronismo, por el momento. No convocó a sesiones extraordinarias ni esperó a que el Senado volviera a sesionar en marzo de 2016 para pasar por el proceso de designación de los jueces de la Corte. Eligió, en cambio, designar a los jueces en comisión, lo que quiere decir que asumen ya. Para eso utilizó una interpretación del artículo 99, inciso 19, de la Constitución nacional que dice textualmente que el presidente puede “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Eso implica que terminan su cargo cuando concluyan las sesiones del año próximo (si no son ratificados antes, claro). Si no consiguen que los voten dos tercios de los senadores, cesarán a fines de noviembre del año próximo.
¿Por qué eligió este mecanismo? “Es el mecanismo que prevé la Constitución exactamente para este supuesto”, indicó a Página/12 el ministro de Justicia. “Vamos a iniciar el procedimiento previsto en el decreto 222, como nos instruyó Macri. Existen antecedentes del gobierno de Alfonsín de nombramientos en comisión de jueces federales y de primera instancia. Fue en un receso”, señaló Garavano.
No hay antecedentes del uso de este mecanismo en gobiernos democráticos (ver aparte). Ayer se mencionaba la Corte creada por Bartolomé Mitre en 1852, pero en ese caso no entraron en funciones hasta tener acuerdo del Congreso. Si se bucea en los libros de historia, todos casos en comisión son los de Dámaso Palacios en 1905 y el de Julián Pera en el gobierno de facto de José Félix Uriburu en 1930. Este último fue luego confirmado por el Senado. En 1962, el presidente José María Guido nombró en comisión al juez José Federico Bidau, quien no fue confirmado por el Senado en 1963 y cesó en su cargo.
La decisión de Macri comenzó a tener sus primeras repercusiones: el jefe del bloque del FpV en el Senado, Miguel Pichetto, se pronunció en contra de la decisión de Macri: “Las eventuales sentencias que dicte la Corte después de esto podrían estar claramente al borde de la nulidad”.
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