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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Germán Garavano decidió eliminar de la web a su cargo más de diez mil investigaciones periodísticas y notas de prensa publicadas por Infojus Noticias, portal que en los últimos tres años dedicó amplias coberturas a temas como violencia institucional, violencia de género, lavado de dinero o civiles imputados en delitos de lesa humanidad. Entre los contenidos que la gestión Cambiemos decidió invisibilizar a los lectores aparecen temas sensibles para el presidente Mauricio Macri como su imputación por espionaje ilegal como jefe de Gobierno porteño, la represión en el Hospital Borda, el incendio del depósito de documentos de la empresa Iron Mountain en el que murieron diez personas o la relación de la familia de la primera dama con talleres de costura clandestinos. Los trabajadores de Infojus expresaron su “preocupación por la desaparición de miles de notas”, advirtieron que la decisión se tomó “en un contexto de vaciamiento de la agencia” –que ya despidió a 12 de sus 44 trabajadores– y que consultaron pero no obtuvieron ninguna explicación de las actuales autoridades. La nueva directora del portal, Sabrina Santopinto, se negó anoche a responder preguntas de Página/12 y derivó la consulta a una empleada que nunca atendió el teléfono.
La noticia sobre las notas desaparecidas comenzó a circular el miércoles a la noche, a medida que lo advertían redactores, editores y lectores de Infojus Noticias, portal que en base a un trabajo riguroso se convirtió en sitio “de consulta permanente en el ámbito periodístico y judicial”, como recordó ayer el comunicado de la asamblea. Sobre un total de 15 mil artículos publicados desde 2013 y relevados en diciembre por los trabajadores, ayer se podía acceder sólo a “un diez por ciento”, calcularon. “No sólo nos preocupa la pérdida de nuestro trabajo de tres años sino que muchas de las notas tenían un fuerte valor testimonial, documental e histórico. Descubrimos que se ‘borraron’ coberturas enteras sobre temas de violencia institucional, violencia de género, femicidios, lesa humanidad, talleres textiles clandestinos, delitos económicos y lavado de dinero, narcotráfico, y muchas otras áreas en las que Infojus Noticias era referente”, informaron.
El criterio para las desapariciones, que el Gobierno hasta el momento no explicitó, tampoco es del todo claro para los trabajadores de prensa. “En temas como lesa humanidad parecen ser cuidadosos porque saben que es sensible”, sugirieron. En el sitio sobreviven notas sobre la ESMA o el Plan Cóndor pero llamativamente borraron algunas con datos sobre la aparición de Ignacio Guido Carlotto, el nieto recuperado de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, o sobre los abogados que luchan a favor de la impunidad de represores, informaron.
Entre las desaparecidas había notas sobre el despido de delegados de Shell y fallos judiciales que intimaban al entonces presidente de la empresa Juan José Aranguren, ahora titular del Ministerio de Energía y Minería. “El presidente de Shell tiene 24 horas para reincorporar a una delegada despedida”, era uno de los títulos que ya no están. También fue borrada una serie de artículos (salvo el último) sobre una maniobra para cobrar ilegalmente bonos de la dictadura y estafar al Estado nacional que denunció la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y en la que está imputado el escribano Nicanor Moreno Crotto, a quien Macri designó coordinador de Asuntos Legales de la Jefatura de Gabinete, tal como informó Página/12. Entre los títulos que ayer a la tarde habían sido bajados figuran “Cómo hacía el HSBC para ocultar la ruta del dinero”, “El HSBC, un banco en la mira de la Justicia por lavado de dinero”, “A un año de la represión en el Borda: 10 imágenes para no olvidar”, “Escuchas ilegales: rechazan el pedido de sobreseimiento de Mauricio Macri”, “Clarín lidera la lista de empresas argentinas en el HSBC de Suiza” y varias notas sobre los bomberos muertos en Iron Mountain o las pruebas de que el incendio fue intencional.
El vaciamiento de Infojus y la reducción del trabajo de los periodistas habían comenzado diciembre con el pedido de renuncia al periodista Cristian Alarcón, creador y director del portal. Las caras visibles del gobierno de Macri fueron Santopinto (vocera de Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Capital y ex concejero de la magistratura), Pablo Altclass (ex asesor del empresario de medios Daniel Hadad) y Soledad Lladó, quienes prometieron ante los trabajadores que no habría despidos. El 30 de diciembre, sin embargo, echaron a la subdirectora y al jefe de redacción, y la semana pasada a otros diez redactores, editores, fotógrafos y editores de video, a quienes bloquearon los usuarios de sus computadoras a modo de notificación.
Los despidos fueron justificados y publicitados ampliamente desde el diario Clarín, que presentó a Infojus Noticias como “una agencia de difusión K con más de 200 empleados” y planteó una insólita comparación con los “20 empleados” del Centro de Información Judicial (CIJ), el portal de propaganda del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que se limita a cargar fallos y resoluciones judiciales. La Comisión Gremial Interna y la asamblea de trabajadores de Clarín tomaron distancia de la operación al sacarse una foto en la redacción, solidarizándose con los despedidos de Infojus.
“Lo que persiguen es el desmantelamiento de un proyecto periodístico, de un medio que no puede hacer periodismo con las noticias que el Estado produce. No puede informar sobre la ilegalidad con que el nuevo gobierno procede al tomar grandes decisiones con el instrumento preferido del presidente”, advirtió entonces Alarcón al solidarizarse con sus ex compañeros que se declaraban en estado de asamblea y exigían la reincorporación de los despedidos. El periodista apuntó que desde el 10 de diciembre era evidente el vaciamiento de contenidos y la conversión en un portal para dar comunicados oficiales de Garavano, agregó que en su gestión “Infojus Noticias se negó a ser una agencia oficial, un portal K, un órgano de propaganda”, y destacó con dolor que las visitas de lectores se habían reducido de 322 mil en noviembre a poco más de 120 mil en enero.
Santopinto se negó a explicar ayer por qué y con qué criterio decidieron desaparecer notas de prensa. Tampoco quiso hablar sobre su promesa incumplida de que no habría despidos y ni siquiera sobre su valoración del portal. Sugirió hablar con Lladó, que nunca respondió. “Exigimos a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que investiguen qué pasó y vuelvan a poner online todo ese material”, plantearon ayer los trabajadores (sobrevivientes) de Infojus Noticias.
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