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El gobierno de Mauricio Macri despidió ayer a 60 trabajadores de distintos departamentos de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de controlar el lavado de activos, y se adelantó que llegarán a ser 100 para esa dependencia, la mitad de su personal. Los despidos completan el círculo de desmantelamiento de áreas y dependencias estratégicas en la supervisión y control del sistema financiero. El primer desguace había sido en el Banco Central, donde se desintegraron y se descabezaron los sectores de supervisión y seguimiento de la banca. Junto a los cambios realizados en las últimas semanas en sus funciones y la reducción de la planta de técnicos, el Gobierno le quitó a la UIF el lugar de órgano central en las políticas de prevención y persecución de delitos financieros.
La metodología para comunicar a los trabajadores de los despidos fue la misma que la utilizada con otras dependencias: se impidió el acceso al organismo, se publicaron listas con nombre y foto de los cesanteados en la puerta y se argumentó la necesidad de prescindir de sus servicios sin mayores explicaciones. Algunos ex empleados fueron seguidos y filmados o fotografiados durante varias cuadras después de que abandonaban la sede de la entidad. Página/12 se comunicó con Alexia Sagemuller, coordinadora de la UIF, quien luego de agradecer el llamado de este medio para conocer la posición oficial de la entidad, sólo se limitó a decir que por la naturaleza de la información, el organismo no hará comentarios.
La devastación de la UIF se inició luego de que el ex titular de la entidad, José Sbattella, fuera obligado a renunciar al cargo. Desde entonces se inició el desguace que culminó ayer con más de medio centenar de despedidos. En su reemplazo, el gobierno de Macri postuló y luego designó por decreto a Mariano Federico y a María Eugenia Talerico como presidente y vicepresidenta del organismo. Federico proviene de la Fundación de Félix Marteau. Este último tiene también un estudio que patrocina varias defensas por causas de lavado iniciadas por la UIF, entre las que se encuentran las de HSBC y Masventas. Por su parte, Talerico era abogada del HSBC en al menos tres causas ante la Corte Suprema iniciadas por la UIF.
El segundo paso fue el traspaso, mediante un decreto del 12 de enero último, de la coordinación del organismo ante los distintos organismos internacionales, como el GAFI, Gafilat y Lavex-Cicad-OEA al Ministerio de Justicia. Esto implica que el ministerio tiene representación frente a estos organismos internacionales. En el traspaso volvieron a dividirse las facultades. El esquema de representación dividida va a en detrimento de la coordinación internacional, según las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La centralidad le daba a la UIF facultades esenciales para la generación de información valiosa para las investigaciones. La última modificación antes de los despidos, fue hace quince días cuando la UIF dejó de ser la autoridad coordinadora a nivel nacional, provincial y municipal de operativos de supervisión y control financiero.
El resultado de estos cambios es una UIF debilitada cuyo único propósito quedó reducido a informar al Ministerio de Justicia denuncias vinculadas con el terrorismo y el narcotráfico, mientras que queda en una zona gris el control de los delitos financieros. Las nuevas autoridades habían manifestado su intención de enfocarse en la investigación del financiamiento del terrorismo y del lavado del dinero proveniente del narcotráfico. La anterior gestión había logrado que se trataran los casos de lavado de manera autónoma respecto a delitos precedentes, lo que permitía luchar contra el accionar ilícito de los propios bancos. Con estos cambios, sumados a los efectuados en el Central y la Comisión Nacional de Valores, el Gobierno deja al sistema financiero con escasa supervisión.
Los trabajadores fueron anoticiados en la puerta. Al llegar el primer turno de técnicos –los ingresos son en tres franjas horarias: a las 8, 10 y 12– se encontraron que en la puerta habían publicado un listado con los nombres y la foto de quienes habían sido desvinculados de la UIF. Una metodología técnicamente reprochable si lo que se busca, según palabras de la coordinadora consultada, es mantener a resguardo la información sobre los movimientos del personal. Estos técnicos en muchos casos fueron blanco de amenazas en su tarea diaria de supervisión del sistema financiero. Pero en el listado aparecieron 60 nombres que se sumaban a los 5 que habían sido echados el viernes último y a los 40 que seguirían en esa lista, según se adelantó verbalmente en la sede de Cerrito al 200. Personal de Seguridad impedía el acceso y uno por uno fueron pasando para una reunión con el director de Administración o de Jurídicos, dependiendo quién tocara en suerte, ya que se habían dividido el trabajo para poder dar celeridad a este “trámite”.
La argumentación fue la prescindencia de sus servicios. Entre los despidos se destaca el de María Celeste Schiaffino, directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, quien se desempeñaba hace más de doce años en el organismo creado en 2001. La abogada no tenía padrinos políticos, pero igual fue desplazada de la Unidad. En su entorno apuntan a que es parte del objetivo de desandar todo lo avanzado en materia de prevención. La firma de Schiaffino se encontraba en dictámenes de causas vinculadas contra el banco HSBC y Clarín.
Otro caso fue el de Nicolás Gómez, técnico del área de sistema y logística de la UIF desde hace cinco años y medio. Luego de ser confirmado su desplazamiento, se lo obligó a retirarse de las instalaciones sin permitirle recoger sus pertenencias privadas de su escritorio, como se hizo con cada uno de los despedidos. Al retirarse del lugar, Gómez fue seguido por un hombre de traje sin corbata durante varias cuadras. Consultada por este diario, Sagemuller contestó: “Por razones de seguridad y por la naturaleza de la información que aquí se maneja, en general, no podemos hablar ni comentar nada sobre éste ni sobre otros temas”.
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