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Complicado ante la posibilidad de su primera derrota parlamentaria, el oficialismo se vio obligado a postergar ayer el análisis de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El principal conflicto se produjo en torno del decreto que anuló la restitución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias, algo que, al menos por el momento, el massismo se niega a acompañar. Desde el Frente Renovador adelantaron que hay negociaciones entre Sergio Massa y el Gobierno para destrabar este tema (ver nota aparte), ya que sin su apoyo el macrismo podría sufrir la derogación del decreto. Luego de varias horas de discusiones y chicanas cruzadas entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, se acordó que los diputados y senadores volverán a reunirse para tratar ese y el resto de los decretos mañana a las 18.
La disputa por las autoridades que dejó congelada la comisión durante todo enero y la primera reunión en donde se cruzaron macristas y kirchneristas fueron un anticipo del encuentro de ayer, que fue el más picante hasta ahora. La intensidad de la disputa se explica en buena medida por la compleja relación de fuerzas al interior de la bicameral: Cambiemos tiene 6 integrantes sobre 16 (dos diputados del PRO, dos de la UCR y dos senadores más de la UCR), el Frente para la Victoria-PJ cuenta con 8 (tres diputados y cinco senadores) y los dos miembros restantes se reparten entre el senador del peronismo federal Adolfo Rodríguez Saá y el diputado massista Raúl Pérez. Sin el apoyo de estos últimos integrantes, Cambiemos no podría empatar al kirchnerismo, por lo que quedaría con un dictamen de minoría. En caso de empate, el dictamen de mayoría es aquel que lleva la firma de su presidente. Durante este año será el senador radical Luis Naidenoff.
Con esa fórmula Cambiemos logró resolver la semana pasada la situación de seis decretos dictados por el presidente Macri, entre los que se encontraba la transferencia de las escuchas telefónicas a la órbita de la Corte Suprema, la postergación de la aplicación del Código Procesal Penal y la reforma de la ley de ministerios.
Los DNU más conflictivos, especialmente el de coparticipación, se habían postergado para esta semana con la expectativa de Cambiemos de lograr un acuerdo con el massismo. “Tal cual está es imposible acompañar”, aseguró ayer el diputado Pérez, en diálogo con la prensa al terminar la reunión de comisión. Sin embargo, el representante del Frente Renovador reveló que su jefe venía negociando con el oficialismo para encontrar una salida al problema de los fondos provinciales y que podría haber una en los próximos días una “propuesta superadora”.
En ese contexto, Pérez planteó que se postergue el tratamiento. Trabados y ante la posibilidad de que surja un dictamen de rechazo, el titular del bloque de Diputados macristas, Nicolás Massot, propuso que todo el temario de la comisión se pasara para el 1º de marzo a las 16, luego de que el presidente Mauricio Macri encabece la Asamblea Legislativa para dar inicio a las sesiones ordinarias. El kirchnerismo, en la voz del diputado Marcos Cleri, rechazó esa propuesta y pidió que hoy mismo se vuelvan a reunir a las 19. Mario Negri, de la UCR, explicó que a esa hora todos los legisladores radicales se encontrarían en Luján analizando su agenda parlamentaria para el 2016. “Venimos desde diciembre enfrentando el intento de postergar al discusión de fondo y esperamos que finalmente el jueves podamos dar el debate que hasta ahora se viene dilatando”, concluyó ayer el senador del FpV-PJ Juan Manuel Abal Medina.
Finalmente el reencuentro será mañana a las 18, pero antes de llegar a ese acuerdo hubo varios contrapuntos. El coordinador del bloque radical, Mario Negri, adelantó que “se está trabajando en una medida para ir a la restitución del 15 por ciento” pero aclaró que esa situación “es consecuencia de la inconstitucionalidad del DNU de Cristina Fernández”.
Al cruce salió la diputada kirchnerista Diana Conti, quien recordó que la ex presidenta emitió ese decreto luego de que la Corte Suprema fallara a fin del año pasado a favor del reclamo en ese sentido de Córdoba, Santa Fe y San Luis. En total, se estima que devolver a todos los distritos el 15 por ciento de coparticipación le significaría al Estado nacional el desembolso de 80 mil millones de pesos. Por ese motivo, desde el oficialismo argumentaron que aplicar el DNU de CFK significaría “sitiar fiscalmente” al Ejecutivo.
Otro de los temas que debían tratarse ayer es la creación de la Enacom, que eliminó a la Afsca y la Aftic y derogó parcialmente la ley de medios audiovisuales. A su turno, Cleri aseguró que “la libertad de expresión es puesta al servicio de una empresa”, en referencia al Grupo Clarín, beneficiada por el fin de las regulaciones en el mercado audiovisual. El diputado de La Cámpora aseguró que Macri es un “títere” del grupo encabezado por Héctor Magnetto. El senador Angel Rozas, que había sido interrumpido por Cleri, le contestó con una chicana: que los legisladores del FpV son “empleados de Cristóbal López y Lázaro Báez”.
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