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Con el apoyo de los bloques opoficialistas de Sergio Tomás Massa, Diego Bossio y Margarita Stolbizer, el gobierno nacional confía en obtener la media sanción de la Cámara de Diputados para cumplir con el ultimátum del juez de Wall Street Thomas Griesa. El dictamen de mayoría firmado la semana pasada incluye la derogación de la ley cerrojo (por la cual el Estado no podía mejorar a los fondos buitre la oferta hecha al 93 por ciento de los acreedores que en los canjes de 2005 y 2010 aceptaron reestructurar sus deudas) y la de pago soberano (que en lugar del Bank of New York designó a Nación Fideicomisos como agente fiduciario para esos pagos).
Una parte significativa de los debates en las comisiones del Congreso giró sobre la posibilidad de que pudieran abrirse nuevos juicios por parte de quienes recibieron un trato menos favorable en los canjes voluntarios. El Frente para la Victoria afirmó que ese riesgo era alto e incluso intentó cuantificarlo. El gobierno minimizó esa hipótesis, y explicó que desde el primer día de 2015, cuando venció la cláusula RUFO, no existen restricciones para mejorar la oferta previa. Pero ni siquiera el ministro Alfonso de Prat Gay se animó a garantizar que no hubiera nuevas demandas. Lo llamativo es que el oficialismo haya ignorado una tercera ley, por añadidura más reciente, promulgada hace apenas cuatro meses, que provee de argumentos a los bonistas reestructurados para exigir igual trato que los buitres.
El 10 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 136 votos a favor contra seis en contra (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá e Israel) y 41 abstenciones los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana. Incluyen el derecho discrecional de todo Estado a reestructurar su deuda sin sufrir el obstáculo de medidas abusivas; la buena fe y la transparencia en las negociaciones; la igualdad entre los acreedores; la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución ante los tribunales extranjeros; el respeto a los requisitos de inclusión y el estado de derecho. También debe contemplarse “el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales”, y “respetando los derechos humanos”. Los acuerdos de reestructuración “no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”. El 4 de noviembre el Congreso sancionó la ley 27207/15, que el Poder Ejecutivo promulgó el 9 de noviembre. Su único artículo dispositivo declara “de orden público” esos Principios Básicos, que acompaña en anexo, “los que forman parte del ordenamiento jurídico de la República Argentina”. Para el lego, la declaración de orden público puede resultar opaca o incluso incomprensible. Pero en el derecho internacional privado, que dirime los conflictos de jurisdicción internacionales, regula la incompatibilidad de una ley extranjera con los principios y valores fundamentales del ordenamiento interno, como es el caso del arbitrario fallo del juez Griesa. Si en noviembre la ley argentina subordinó el cumplimiento de aquella decisión a los principios de las Naciones Unidas, es de alta probabilidad que quienes participaron de buena fe en negociaciones transparentes y formaron una mayoría del 93 por ciento de los acreedores para un acuerdo que, además del interés de los acreedores, permitió un crecimiento económico sostenido e inclusivo, con respeto por los derechos humanos de la población, se sientan perjudicados por el trato que ahora se intenta ofrecer a una minoría no representativa de apenas el 7 por ciento de los acreedores, y busquen que otro juez declare la igualdad entre todos los acreedores y potencie el problema que el gobierno desea clausurar.
En la larga audiencia conjunta de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados, del lunes 7, casi todas las exposiciones favorables al proyecto oficial insistieron en que por caro que fuese cualquier arreglo con los buitres resultaría conveniente en comparación con los beneficios que obtendría el país con un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Pero ninguno analizó el anteproyecto de ley sometido a discusión ni los borradores de acuerdo con cada acreedor, traducidos del inglés. Ante las insistentes preguntas del diputado Axel Kicillof varios admitieron no haberlos leído. El economista radical Nicolás Dujovne fue presentado como un experto, sin referencia a su histórica relación con el Banco Galicia, que tuvo doble representación, ya que también expuso su presidente, Sergio Grinenco, en representación de la asociación de los banqueros locales, ADEBA. Como un artículo de fe y sin mostrar los datos de su cálculo, Dujovne dijo que el costo del arreglo con los buitres sería inferior al de las reestructuraciones de la década pasada. Grinenco se presentó en compañía del director ejecutivo de ADEBA, Norberto Peruzzotti. Allí se cruzó con el economista Jorge Gaggero, uno de los críticos más incisivos del proyecto oficial. En un artículo publicado en 2009 en la revista Movimiento, Gaggero recordó que cuando la dictadura militar convocó a distintas fuerzas políticas y económicas a una consulta sobre la continuidad del régimen, Peruzotti presentó en nombre de ADEBA una propuesta de reforma institucional que establecía el “voto calificado”. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín integró un denominado Club de la Constitución, cuyo texto inaugural pidió una amnistía para la pacificación nacional.
Peruzzotti ya era director ejecutivo de ADEBA en 1975, el año del fallido intento de imposición de un programa neoliberal por el fugaz ministro de Economía Celestino Rodríguez, y su vice, Ricardo Zinn, quien fue director del Banco de Italia y el Río de la Plata junto con Franco Macrì, padre del actual presidente. Entonces, Gaggero formaba parte de un grupo de reflexión política y económica que asesoraba al secretario de prensa de la CGT, Adalberto Wimer. Como tal, participó en la redacción de la solicitada en apoyo de la movilización que precipitó el alejamiento de José López Rega, en la que la CGT alabó el plan económico de José Gelbard y la CGE, durante la última presidencia de Perón, lo cual remite a un alineamiento afín al actual. Otro tanto puede decirse del estallido inflacionario que sucedió a la salida de Gelbard, a quien la ortodoxia intentó responsabilizar por la disparada de los precios, pasando por alto la devaluación y los aumentos tarifarios dispuestos por Rodrigo. Los planes de vivienda fueron un componente importante del Pacto Social de aquel gobierno. Quien los manejaba era López Rega, de cuyo Ministerio de Bienestar Social dependían la Secretaría de Vivienda y el Banco Hipotecario, ambos a cargo de su colaborador Juan Carlos Basile. Uno de los principales contratistas fue SIDECO, la empresa de los constructores italianos Franco y Antonio Macrì, en la que trabajó Gaggero.
En octubre de 1975, el secretario general de la CGT, Casildo Herrera, le pidió a Wimer que sus asesores recibieran a una persona que tenía una propuesta muy interesante para hacer. Era el banquero Julio Gómez, quien expuso el plan económico que a partir del muy próximo golpe de 1976 ejecutaría José Alfredo Martínez de Hoz. Ante las objeciones de sus interlocutores, les dio un consejo: “Muchachos, no hay otra cosa. Para evitar males mayores, acepten esto. Es lo único viable, lo único factible. Es bueno que lo hagan suyo”, el mismo argumento que hoy se esgrime para justificar el acuerdo con Griesa. Entre marzo y junio de 1981, Gómez fue presidente del Banco Central con el dictador Roberto Viola.
Más allá de los matices que en distintos momentos expresaron los bancos locales y las filiales de los extranjeros, hoy vuelven a coincidir a favor de lo que Gaggero llamó “el tercer ciclo largo del endeudamiento argentino”. El primero, de nada menos que 124 años, arrancó con el banco de los hermanos Baring en 1823 y terminó en 1947 con la cancelación final de toda la deuda. El segundo ciclo, “comenzó con la dictadura cívico-militar en 1976, que nosotros creíamos cerrado en lo sustancial con las reestructuraciones de Kirchner de 2005 y 2010”, agregó. Ahora “temo que vamos a un tercer ciclo largo de endeudamiento”. En la historia argentina con pocas excepciones “los endeudadores han sido los gobiernos autoritarios, de facto, reaccionarios, y los pagadores los gobiernos democráticos populares”. Para el economista, la racionalidad con que se convocó al Congreso es la de la futura deuda a tomar por la Argentina. Los diputados deberían preguntarse para qué. Un juez de un país extranjero puede decidir sobre esa deuda pero es inadmisible que ponga como condición que el Congreso soberano argentino derogue dos leyes y en un plazo perentorio. En esas condiciones “están burlándose de la soberanía argentina, y en particular de las responsabilidades del Congreso”.
En la exposición más sustancial escuchada, Gaggero advirtió contra el riesgo de que se repita lo sucedido en el ciclo de 1976 a 2001, cuando las curvas del endeudamiento externo y de fuga y acumulación de dinero negro fuera del país fueron paralelas. La única manera de evitarlo es evaluar los proyectos de inversión, incluirlos en el presupuesto y recién entonces tomar deuda para financiarlos. El gobierno debería presentar las obras importantes con un horizonte trienal, como mínimo. En cambio se están eliminando controles incluso a los capitales de corto plazo e “inventando en el aire programas de inversión, por ejemplo, el programa Belgrano”. Si el Congreso no lo controla, la nueva deuda no va a tener aplicación eficaz, “será de corto plazo financiero, alimentará la bicicleta y, lo que es peor, estimulará la fuga estructural del dinero ilegal que nuestro país sufre. Estimó que el stock de plata negra argentina en el exterior ya supera los 400 mil millones de dólares. En 2012 fue de 30 mil millones de dólares, la mitad como fuga financiera por parte de argentinos, y la mitad mediante otros mecanismos que utilizan las multinacionales: precios de transferencia, préstamos que en realidad son equities, que dan lugar a la remisión de utilidades que no son tales. Objetó que el proyecto no estableciera el monto definitivo de la deuda que vaya a acordarse con el total de los holdouts y que le hubieran enviado un proyecto sin un mensaje de exposición de motivos. Cuando lo reclamó, le permitieron leer de apuro una recopilación minuciosa de antecedentes legales, pero nada sustancial, sobre el pasado, sobre el presente, y menos una perspectiva sobre el futuro. Aclaró que como economista bien formado no se oponía a la deuda, sino a las condiciones en que se la plantea, para que el Congreso otorgue facultades sustanciales cuando no se conoce el monto definitivo y ni siquiera los protagonistas, de modo que algunos que no entren en este acuerdo podrán seguir litigando y “llevándonos en el futuro a encerronas como esta”, pero peor aún: los mismos holdouts con los que ahora se acordaría, pueden tener deudas que no entran en este paquete y no hay ninguna restricción que limite esa posibilidad. Con lo cual lejos de una solución se estaría agravando el problema. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que el viernes suspendió la aplicación del fallo de Griesa para que otros acreedores puedan continuar negociando con la Argentina, muestra que esta advertencia tiene sólidos fundamentos.
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