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A nueve años del asesinato de Carlos Fuentealba, los docentes estatales y privados de todo el país realizan hoy un paro de 24 horas, para reclamar contra el cierre de la causa judicial. “No se puede pretender una sociedad democrática si no hay justicia frente al asesinato de un maestro”, advirtió la titular de Ctera, Sonia Alesso. La huelga también apunta a que continúan abiertos conflictos docentes en varias provincias –por lo que los gremios piden a la Nación que intervenga– y a rechazar los despidos en programas socioeducativos como el plan Conectar Igualdad, las orquestas juveniles y el plan Fines, de terminalidad de la escuela primaria y secundaria.
Será el primer paro docente nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo realizan la Ctera, la Unión de Docentes Argentinos, el Sadop –escuelas privadas– y los universitarios de la Conadu Histórica.
Los sindicatos denuncian la falta de cumplimiento de lo acordado en las paritarias, tanto por parte de los gobiernos provinciales como del nacional, y por no solucionar los conflictos todavía abiertos en los distritos de Mendoza, Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba y Santiago del Estero.
“El acuerdo paritario no se ha cumplido; se ha pagado el incentivo docente, pero las jurisdicciones no han abonado un solo peso de lo que les correspondía, por lo que pedimos que respeten las paritarias y los acuerdos firmados”, señaló a Página/12 María Lazzaro, del Sadop.
En la Ciudad de Buenos Aires el paro será acompañado de una marcha. Los docentes concentrarán al mediodía frente a la casa de Mendoza, ubicada en Callao y Corrientes, dado que en esa provincia se está dando un intento de cerrar la paritaria por decreto, instalando además el “ítem aula” como un nuevo presentismo. Desde allí habrá una movilización al Palacio Sarmiento.
Otra medida del Gobierno que agravó la tensión con los gremios docentes son los despidos resueltos en el Plan Conectar Igualdad y el desmantelamiento de sus oficinas. Dentro de la actividad docente hay una franja que no tiene estabilidad en el empleo: los contratados de programas como el Fines (de terminalidad de la escuela primaria y secundaria), los programas CAI y CAJ (Centros de Actividades Infantiles y Juveniles) y las Orquestas y Coros juveniles. Son planes destinados a retener dentro de las escuelas y dar apoyo a niños y adolescentes, que no tienen garantizada su continuidad. En la paritaria nacional, los gremios acordaron con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, crear una comisión para resolver el tema, pero hasta ahora esto no se realizó. El temor es que miles de contratados queden sin trabajo, siguiendo a la ola de despidos masivos en el Estado.
Durante la jornada habrá fuertes planteos contra la criminalización de la protesta, inscritos tanto en los últimos hechos de represión a las manifestaciones gremiales contra los despidos como en la impunidad para el crimen de Fuentealba, asesinado en 2007 cuando la policía reprimió una protesta gremial en Neuquén.
El 24 de febrero pasado, la jueza Carina Alvarez declaró extinguida la causa Fuentealba II, en la que se investigan las responsabilidades políticas y policiales por el crimen del docente, y sobreseyó a los 15 imputados. Así, el único condenado por el asesinato es el policía Darío Poblete, responsable del disparo del cartucho de gas que impactó en la cabeza de Fuentealba. El cierre de la causa se dio en momentos en que el gobierno de Cambiemos impulsa un combo de despidos, bajos salarios y represión de la protesta social. En este sentido, Alesso recordó que “con el protocolo de seguridad redactado por la ministra (Patricia) Bullrich para perseguir a los que luchan”, se agrava el riesgo de que la historia se repita. Y criticó que Eugenio Burzaco, “que fue asesor de seguridad de (el gobernador neuquino, Jorge) Sobisch cuando asesinaron a Fuentealba, sea actualmente secretario de Seguridad de la Nación”.
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