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Nadie debería sorprenderse del entusiasmo de Mauricio Macri por armar sociedades offshore para impulsar sus negocios. Apenas llegó a la Jefatura de Gobierno de la ciudad intentó transformar a Buenos Aires en un paraíso para ese tipo de empresas. Nadie debería sorprenderse tampoco de su obsesión por desplazar a Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación. Fue ella, desde su lugar de fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, la que durante ocho años consiguió impedirlo. En estos días algunos recordaron que fue mediante la utilización de una sociedad de ese tipo como su empresa Sevel realizó las maniobras de contrabando que llevaron a su procesamiento en febrero de 2001, pero pocos tomaron nota que favorecer el uso de las sociedades offshore estuvo en el centro de sus preocupaciones durante sus dos mandatos como Jefe de Gobierno primero, y en sus escasos meses como Presidente después.
Aunque desde que los Panama Papers dejaron al descubierto sus sociedades en paraísos fiscales Macri trató de tomar distancia del tema culpando a su padre, a poco de asumir como Jefe de Gobierno el ahora presidente impulsó y logró la sanción de una ley para crear una Inspección General de Justicia porteña, destinada a evitar los controles reforzados que bajo la dirección de Ricardo Nissen había impuesto la IGJ nacional. El objetivo de Macri era claro: transformar a la ciudad de Buenos Aires en el refugio de las sociedades offshore que veían dificultado su accionar desde la resistida reforma de Nissen.
La entonces fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial Alejandra Gils Carbó, la actual Procuradora, planteó entonces la inconstitucionalidad de la ley porteña y consiguió impedir su puesta en marcha con una medida cautelar. Durante ocho años, en los que los Kirchner se sucedieron en la presidencia, el expediente recorrió sin éxito más de un cajón de tribunales. Casualmente, hace apenas un mes y medio, cuando Macri y su perro Balcarce ya se turnaban en el sillón presidencial, la jueza subrogante Macarena Marra Giménez rechazó las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, y dejó expedito el camino para que ahora sí, cuando el PRO controla tanto los resortes porteños como los nacionales, las sociedades offshore puedan de una vez enseñorearse en la ciudad. Les queda pendiente solo un obstáculo: conseguir que sea ignorada la apelación presentada por la ahora fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda. Confiados en la influencia que Macri ha demostrado tener sobre extensos segmentos del Poder Judicial en los cortos meses que lleva en la Rosada, en el Gobierno de la Ciudad ya empezaron a diseñar los mecanismos para armar la IGJ local.
La Inspección General de Justicia no se limita a la automática inscripción de sociedades sino que juega un papel central en el control de esos entes. Durante los ‘90 proliferaron las sociedades offshore provenientes de los más variados paraísos fiscales. En 2004, la tragedia de Cromañón en el barrio de Once, donde murieron 194 personas, derivó en la fijación de normas estrictas para actuar en la ciudad. La propiedad del local figuraba a nombre de una sociedad uruguaya offshore llamada Nueva Zarelux S.A. La investigación de la IGJ develó que había sido fundada por Henry Luis Vivas, un jubilado, changarín. “Fui, firmé y me retiré”, le dijo Vivas en el 2005 a Página/12. Junto con otra socia aparecía como presidente de otras tantas sociedades uruguayas. Un estudio de abogados les pagaba unos pesos por figurar como socios en compañías constituidas en Uruguay. La IGJ concluyó que aún cuando Rafael Levy no figuraba en ningún documento otorgado por la sociedad había evidencia de que era el controlante de la misma. Sin embargo, durante años el entramado societario ficticio lo mantuvo a cubierto de las consecuencias patrimoniales y penales del estrago del 30 de diciembre de 2004. Ninguna offshore se crea como mecanismo de transparencia.
Nissen recordó que en ese momento, cuando él encabezaba la IGJ, se empezaron a poner condiciones para desalentar la operación de las offshore que permiten diluir las responsabilidades de los verdaderos dueños. Se establecieron mecanismos para regularizar esas sociedades fijando un capital social adecuado, la nominalidad de las acciones, y se obligó a que pagaran dividendos. “En la Ciudad de Buenos Aires había 17 mil propiedades offshore, todas radicadas en Belgrano, Palermo Chico, Barrio Parque”, señaló el ex funcionario. En las torres Le Parc de Figueroa Alcorta, por ejemplo, casi todos los pisos eran propiedades offshore. Sólo ricos y famosos acceden a esa “contabilidad creativa” que les permite ocultar bienes, evadir impuestos y desentenderse de las consecuencias de actos ilegales.
“En las dos últimas décadas, el progresivo abuso de formas societarias offshore con fines de fraude a la ley ha generado un mundo jurídico paralelo, donde la eficacia de las leyes imperativas decae en beneficio de un sector privilegiado provocando un grave daño al resto de la sociedad. Cualquier estudio jurídico-contable que asesore en cuestiones que atañen a la evasión de impuestos y de responsabilidad ante terceros tiene un departamento dedicado a la creación de ‘sociedades offshore o pantalla’ a disposición de sus clientes”, explicó Gils Carbó en su presentación ante la Justicia en noviembre de 2008. Ante la develación del affaire de los Panama Papers, la descripción fiscal cobra vigencia: “a la par que se pregona la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, se mantiene un sistema que permite a las elites sustraerse del ordenamiento legal”. “La oferta de opacidad en que se basa el negocio de las plazas offshore se completa con la imposibilidad de realizar cualquier investigación y obtener alguna prueba en los ‘paraísos de la impunidad’”, advertía hace ocho años Gils Carbó.
Apenas se develó la participación de Macri en las offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, desde el Gobierno aguzaron su ingenio y dijeron que había sido “director ocasional”. Ante la escalada de la repercusión internacional que lo ponía entre los 12 líderes políticos del mundo que no habían informado sobre sus negocios en paraísos fiscales, el Presidente dijo “está todo perfecto. No hay nada extraño en esa operación declarada frente a la DGI Argentina por mi padre (Franco)”. Una denuncia judicial lo transformó en imputado y tendrá que demostrar por qué para ser transparente hay que armar empresas offshore en paraísos fiscales. Otros miembros del entorno de Macri como Néstor Grindetti (ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús) y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos aparecieron en los Panama Papers o denuncias paralelas.
La obsesión del PRO por estas sociedades pantalla es una constante desde que llegaron al poder político. Macri asumió en diciembre de 2007 como jefe de Gobierno porteño. El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura “la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Nissen ironiza: “No se trató de un mediático clamor popular reclamando un registro porteño por casos de corrupción o denuncias contra IGJ lo que motivó esa ley”.
La formación de un registro “mellizo” del Nacional que se anunciaba con trámites más ágiles y rápidos en una jurisdicción que por la ley de autonomía de la comuna –conocida como ley Cafiero– mantiene en la Nación las atribuciones de la IGJ fundamentaron el planteo de inconstitucionalidad de la fiscal el 2 de febrero de 2009. “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”, sostuvo la fiscal y abundó: “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de offshore (...) La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”.
La presentación se realizó ante el fuero Comercial, el derrotero judicial llevó la causa al fuero Contencioso Administrativo y, ocho años más tarde, la jueza subrogante Marra Giménez desconoce las atribuciones de la fiscalía como demandante.
Durante el kirchnerismo, Gils Carbó ascendió a la Procuración General de la Nación con acuerdo mayoritario del Senado. Ya en campaña electoral Mauricio Macri la había elegido como una de las funcionarias a eyectar de su cargo a pesar de la estabilidad que le garantiza la ley. Entre los motivos de su antipatía hacia la funcionaria se encuentra la medida cautelar con la que logró suspender la IGJ porteña. Esta semana, la frontalidad del embate mutó a cuatro proyectos de ley para recortar sus atribuciones que el Gobierno acaba de enviar al Congreso. El acotamiento de su permanencia a cuatro años, que el ministro de Justicia Germán Garavano pretende aplicar en forma retroactiva, y la fragmentación de la Procuración para subordinarla políticamente son los ejes de la reforma de Cambiemos.
Gabriela Boquin, la nueva fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial y el fiscal en lo Contencioso Administrativo Fabián Canda apelaron el fallo de Marra Giménez y cada uno fundamentará antes de fin de mes su decisión. Boquin consideró ante Página/12 que “el fallo de por sí es nulo porque le niega legitimidad procesal al Ministerio Público fiscal cuando la Constitución establece que su función es velar por el interés general y el debido proceso” y destacó que este fallo que después de ocho años no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley “quiere silenciar al ministerio público que es un extrapoder garantizado por la Constitución”. Boquin señaló como un agravante la actitud de la Inspección General de Justicia que también era demandante en esta causa y del Ministerio de Justicia, de quien depende la IGJ, que no apelaron el fallo a pesar que desconoce la función del Ministerio Público Fiscal.
El macrismo ahora tiene el terreno allanado para rediseñar los mecanismos de inscripción y control de las sociedades nacionales y extranjeras: gobierna en la Nación y en la Ciudad y la Justicia, en este caso, parece haberse despertado al ritmo de los nuevos actores políticos. La fiscal Boquin machacó en que la apelación del fallo de Marra Giménez “tiene efecto suspensivo”. En buen romance, la Ciudad no puede avanzar en la creación de su IGJ. En la comuna, sin embargo, piensan distinto: ya empezaron a activar los resortes para organizar esa nueva estructura.
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