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Mientras solicitaba a la Corte Suprema de Justicia que convalidara los desmesurados incrementos de las tarifas de los servicios públicos esenciales, contra los cuales el jueves se produjo una rotunda protesta en todo el país, el gobierno nacional dispuso una dádiva para los cinco miembros del tribunal que deben resolver su pedido. El 9 de julio el Gerente de Aeropuertos de Aerolíneas Argentinas, Ricardo Lehmacher, envió por correo electrónico una circular a todos los jefes de Escala de la compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido. Su texto, que se publica en facsímil aquí dice que los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, y Fernando (sic) Rosenkrantz “tendrán derecho a upgrade a clase ejecutiva sujeto a espacio en los vuelos de nuestra empresa”. Rosenkrantz, quien aún no asumió su cargo, no se llama Fernando sino Carlos. Esto significa que los cinco jueces podrán comprar pasajes en clase turista y en cualquier lugar del mundo pasar a la clase ejecutiva sin abonar la diferencia, siempre que en ese vuelo haya asientos desocupados. Como la resolución no especifica la razón por la que se concede el beneficio ni el carácter de los viajes cubiertos, se aplicará no sólo a los de carácter oficial sino también a aquellos que forman parte de la vida privada de los jueces, es decir un fuero personal prohibido en forma explícita por el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Lorenzetti es un apasionado viajero de clase mundial, que pasa varios meses por año fuera del país, participando en encuentros de colegas, recibiendo doctorados honoríficos, dictando conferencias o paseando con su novia, a la que desposó el viernes. Según la oficina CIJ, que atiende la imagen personal de Lorenzetti, desde noviembre de 2015 viajó a Porto Alegre (diferencia entre clase turista y ejecutiva a precios de hoy, 5.614 pesos), Salamanca (51.585 pesos de diferencia hasta y desde Madrid), Washington (139.000 pesos de diferencia), Asunción (4.772 pesos más), Roma (otros 32.000 pesos en clase ejecutiva) y Tucumán (3.833 pesos más). En total, un bonito sobresueldo de 236.804 pesos en poco más de seis meses. Según la revista Noticias, desde 2011 Lorenzetti viajó con su novia a Río de Janeiro (seis veces), Punta del Este (tres veces), Miami (dos veces), Madrid (dos veces), Italia, Dubai, Qatar e India. AA no tiene vuelos a Dubai, Qatar e India, aunque sí llega a Roma, como escala previa. Cotejando los precios en clase turista y ejecutiva, si volviera a realizar esos viajes aprovechando la merced de Aerolíneas Argentinas el ahorro para el presidente de la Corte sería de 732.000 pesos, que rondarían el millón y medio de pesos si incluyera como es de presumir a su compañera de viaje, salvo que él aceptara la poltrona doble y dejara a su consorte en la clase turista.
Mientras espera el fallo de la Corte Suprema sobre el tarifazo, el gobierno prodiga una graciosa cortesía a sus miembros.El martes, el presidente de la Corte visitó en la Casa Rosada al presidente Maurizio Macrì, en un encuentro del que ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema informaron. Se comprende, ya que habiendo un caso en el que el gobierno nacional es parte, esa reunión viola el reglamento de la Corte, por el cual los jueces no pueden verse a solas con una parte del litigio y en ausencia de la otra. La razonable prevención de no reunirse nunca con una sola parte del litigio fue adoptada durante la presidencia de Enrique Petracchi luego de la crisis de fin de siglo, con el propósito de transparentar las actividades del tribunal y recuperar el prestigio perdido en los años de la mayoría automática. Era una de las recomendaciones formuladas en el verano de 2002 por seis organizaciones de la sociedad civil en el documento “Una Corte para la democracia”, que inspiró las reformas adoptadas en los años siguientes por los tres poderes del Estado. Horas antes de la visita furtiva a la Casa Rosada, Lorenzetti y los demás ministros de la Corte firmaron un decreto en un expediente sobre el aumento de tarifas de gas, recabando informes a varios juzgados y al Estado Nacional sobre el nuevo cuadro tarifario y las causas en que fue impugnado, con lo cual la prohibición reglamentaria era de aplicación obligatoria. Distinto sería si se tratara de un encuentro protocolar, como la asunción de Macrì, la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y los festejos del Bicentenario en Tucumán, o programado para analizar cuestiones de interés institucional concernientes a ambos poderes del Estado. Pero la revista Noticias sostiene que el motivo de la reunión de Lorenzetti con Macrì en la Casa Rosada “fue la judicialización del tarifazo” y “la embestida de Elisa Carrió. La diputada prepara un juicio político para la segunda mitad del año y entre los documentos que analiza están los gastos del juez y sus viajes por el mundo”, que de ahora en adelante serán menos onerosos.
La notificación de Lehmacher no informa si el regalo de bodas fue una iniciativa del Poder Ejecutivo o de las autoridades de la empresa de bandera, lo cual no hace una diferencia, ya que AA es una compañía estatal y sus autoridades son designadas en forma discrecional por el gobierno, que en cuanto asumió dispuso el reemplazo de Mariano Recalde por la ex directiva de General Motors, Isela Costantini. Durante la campaña electoral el PRO había prometido terminar con los upgrades gratis y la nueva conducción lo oficializó, como recordaron empleados de la compañía en marzo, cuando el pase de cabina benefició a la esposa y el hijo del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en un vuelo a Barcelona. Dietrich explicó que ese upgrade sería pagado por Air France, que canceló el vuelo que habían comprado sus familiares. En el caso de los jueces de la Corte, por el contrario, la resolución no habla de compensación económica alguna, sino del ejercicio de un derecho, cuyo origen no fundamenta. Al cierre de esta edición Lehmacher no había respondido a un pedido de información para esta nota sobre “las actuaciones administrativas labradas para la toma de esa trascendente decisión y quiénes intervinieron antes de usted, dentro y fuera de la compañía”. Pero es inimaginable que la responsabilidad resida en una instancia intermedia como el gerente de aeropuertos.
Las dádivas están contempladas en el Título XI del Código Penal sobre delitos contra la administración pública y se consideran una forma de cohecho. El artículo 257 amenaza con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua, al juez que las aceptara “para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia” y el 259 prevé prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, para “el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo”. Por supuesto, antes sería necesario que los jueces fueran destituidos en juicio político, ocurrencia de alta improbabilidad en el actual contexto político.
Pese al cortejo oficial, la Corte Suprema presentó al gobierno un cuestionario que vaticina dificultades. Como “medidas para mejor proveer”, el tribunal quiso enterarse si se tuvieron en cuenta los “principios de gradualidad y progresividad” para determinar los aumentos (su desconocimiento fue citado en 2009 por el ahora Procurador del Tesoro Carlos Balbín para impugnar los aumentos de hasta el 30 por ciento dispuestos por el anterior gobierno). La Corte también pidió informes sobre la tarifa social, su número de beneficiarios y su incidencia sobre el monto final a pagar por cada usuario; acerca de los criterios con que se concede o se niega la tarifa social a entidades de bien público, sin fines de lucro, y pequeñas y medianas empresas, en particular en las economías regionales; si al calcular las tarifas se tomaron en cuenta y con qué fundamentos técnicos, la distancia de los centros de producción, transporte y distribución y si se han considerado los ingresos del usuario y su grupo familiar. Al Poder Ejecutivo le será muy difícil responder estas sencillas preguntas, porque sin mayores estudios sólo pensó en mejorar los ingresos de las empresas, mientras la Corte considera el punto de vista de los usuarios que el gobierno desdeña.
Con el olímpico desdén por la legalidad que lo caracteriza, el gobierno nacional desoyó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspendió el tarifazo porque no se realizó la audiencia pública previa obligatoria y dictó una nueva resolución, que pone un tope del 500 por ciento a los aumentos. La Cámara Federal debió recordarle que mientras no se realice la audiencia la suspensión sigue vigente. Por eso, el Poder Ejecutivo no puede aumentar las tarifas ni el 1000 ni el 500 ni el 10 por ciento. Al presentar el recurso extraordinario ante esa Cámara para llegar a la Corte Suprema, Aranguren cuestionó la constitucionalidad del requisito de la audiencia previa. Pero la columna vertebral de su recurso es el debate con el voto del juez Leopoldo Schiffrin, el único de la sala que no se limitó a las cuestiones formales. Este magistrado, de una cultura general y jurídica que excede la de cualquier juez de la Corte Suprema, de la que fue secretario penal, escribió que el “supuesto nuevo cuadro tarifario” es en realidad un cargo encubierto para que el Estado Nacional financie “los acuerdos de precios a los que llegó con las compañías de producción y transporte de gas”, lo cual carece de base legal. En su respuesta Aranguren sostiene que un servicio público esencial está en una situación de extrema gravedad por diversas razones (escasez del recurso, falta de inversiones en exploración y producción de gas y en obras de infraestructura para la expansión y el mantenimiento de las redes de transporte y distribución), lo cual pone en riesgo el abastecimiento de gas. Pero el ministro excluye de la definición de servicio público la fijación del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), es decir en boca de pozo, por lo cual no habría obligación de llamar a una audiencia pública previa a la Resolución ministerial 28/16. Aranguren niega que los aumentos sean para financiar los gastos del Estado, pero admite que “son sumas que perciben las licenciatarias para comprar el gas que deben distribuir”, es decir recomponer la tasa de ganancia de las petroleras que lo extraen y comercializan. El ministro también especifica que transporte y distribución sólo explican el 30 por ciento del monto de la factura. El 70 por ciento restante es el valor del gas en boca de pozo, lo cual pone de relieve la absoluta irracionalidad económica y política de excluir nada menos que esta cuestión del análisis. Una pregunta obvia es por qué deberían ser “justas y razonables” las tarifas y no el precio que las petroleras cobran por el gas. Si se admitiera ese razonamiento, las audiencias públicas (tanto la que deberá convocar la autoridad administrativa, como aquella que acaso cite la Corte Suprema antes de pronunciarse) girarían sólo sobre temas menores. El diputado camporista Rodolfo Tailhade recordó que el precio en boca de pozo “es el negocio que el ministro le garantizó a Shell”, de la que es accionista. En su defensa, Macrì explicó que las acciones de Aranguren son una parte minúscula del capital de la transnacional anglo-holandesa, un argumento falaz que no sostendría en una reunión de negocios, ya que es obvio que una decisión que aumente la rentabilidad de la empresa no beneficia sólo a los accionistas principales sino a todos. Esos 16 millones de pesos en acciones podrán ser pocos para Shell, pero son muchos para cualquier argentino.
El costo de extracción es el agujero negro, que las petroleras ocultan y el gobierno nacional soslaya, sin que las provincias petroleras reclamen, porque cuanto mayor es el precio en boca de pozo, más se valoriza el 12 por ciento de regalías que perciben. La mayor perjudicada es la provincia de Buenos Aires, que no produce energía pero consume más del 40 por ciento del total nacional, pero la disciplina política amordaza al Hada Buena, que no dice esta boca es mía. En un artículo publicado en El Economista el ex subsecretario de Economía en el último gobierno de Perón, Carlos Leyba, sostiene que tanto “la política del secretismo y la sorpresa, característica del kirchnerismo” como la denominada “sabiduría del mercado en cuestiones estratégicas propias del menemismo”, han operado “contra el bien común”. A su juicio, “si el precio del gas en boca de pozo llegara a quedar fuera de las audiencias públicas, por la presión de la corporación de concesionarios petroleros, las mismas serán una farsa. El precio del gas es la cuestión principal”. Desde la privatización de hace un cuarto de siglo, el Estado no audita el verdadero costo de la extracción, ni las reservas y la producción. Todos esos datos que el Estado da por buenos proceden de las declaraciones juradas de las petroleras. Por eso, “seguramente las reservas están subestimadas y los costos están sobreestimados. Si fuera así, la ausencia del Estado en la generación de información, tendería a aumentar el estado de colapso y deja al Estado y a la sociedad indefensos frente a la presión de las petroleras”. Su conclusión es que “no podrá haber política energética ni política de precios y tarifas sostenible si no se pone en blanco y negro el precio del gas en boca de pozo. Sin esa información no podremos entender por qué con 7,50 dólares el MMBTU no aumenta la producción ni la exploración y por qué el precio promedio en boca de pozo que ha desatado la rebelión es mucho mayor al Henri Hub o al procedente de África aún en las últimas licitaciones que han aumentado casi el 40 por ciento por sobre las anteriores. Hay en juego 4 mil millones de dólares y un problema político de enorme gravedad”.
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