Imprimir|Regresar a la nota
El reconocimiento de que se preparan nuevos despidos de trabajadores estatales, encubierto como búsqueda de una dotación óptima; la negativa a la reapertura de paritarias aunque la inflación duplica los pronósticos oficiales y la ausencia de cualquier ofrecimiento del Ministerio de Trabajo ante los reclamos de la CGT y las CTA; la importación, inclusive puerta a puerta, de productos que se fabrican en el país, lo cual está destruyendo industrias y puestos de trabajo; el incremento de la desocupación que alcanzó el 10,5 por ciento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Dirección General de Estadística y Censos nunca fue vandalizada por Guillermo Moreno; el proyecto de ley de precarización laboral que con el pretexto del empleo joven crea una subespecie de trabajadores inferiores, con menor remuneración y derechos; la continuidad de la detención arbitraria de Milagro Sala y otros diez militantes de la Organización Tupac Amaru y la instalación de un equipo de trabajo en el Ministerio de Defensa que busca habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior forman parte del proyecto oficial de disciplinar a los trabajadores para que consientan la pérdida del valor adquisitivo de su salario, que ya llega al 12 por ciento desde la asunción del presidente Maurizio Macrì.
La pérdida de empleos y de valor de los salarios es la contracara buscada de la transferencia de ingresos dispuesta por los decretos oficiales que redujeron o eliminaron retenciones a las ventas externas de productos mineros y agropecuarios y reanudaron el ciclo del endeudamiento externo, que no financia la inversión productiva sino la fuga de capitales, el consumo suntuario y gastos corrientes de los gobiernos de la Nación y de las provincias. El ministro de Trabajo Jorge Triaca recibió en audiencias sucesivas a la conducción tripartita de la CGT y al liderazgo bifronte de la CTA. Esta política de puertas abiertas se agota en agua y masas secas pero no ofrece respuestas. Hace una semana, Triaca dijo que la imponente Marcha Federal era política, un discurso que evoca los de Juan Carlos Onganía. Al dejar el despacho ministerial tanto cegetistas como ceteistas anunciaron medidas de fuerza a corto plazo. Este viernes marcharán sobre la Usina del Arte al comenzar la audiencia pública por las tarifas del gas y el viernes siguiente el Congreso Central Confederal de la CGT dispondrá la fecha y modalidad de la respuesta. Las CTA instalaron la propuesta de paro general pero como dijo Hugo Yasky sólo lo harán en coordinación con la CGT para que no permita interpretaciones capciosas por parte del gobierno sobre el porcentaje de adherentes. Con el mismo propósito la CGT dispuso una serie de reuniones con distintos sectores, comenzando por los movimientos sociales de influencia eclesiástica que protagonizaron la marcha de San Cayetano y sus aliados chinoistas. También las CTA analizaron con los mismos movimientos sociales la convergencia de la convocatoria. La CGT también se verá con el ministro político de la Iglesia Católica, Jorge Lozano, y no se descarta que participe su segundo, Alcides Jorge Pedro Casaretto. Ambos han sido los operadores del Papa Francisco para instalar la cuestión del narcotráfico como el eje de la problemática argentina, a lo que adhirió primero el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti (quien esta semana volvió a Roma para otro encuentro con Jorge Bergoglio), y luego con creciente entusiasmo el presidente Macrì, con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos. El vicepresidente Joe Biden planteó esta semana que los puntos centrales del acercamiento de su país con la Argentina son energía y seguridad. El asesor de la Conferencia Episcopal en la materia que designó Bergoglio es el vicealmirante (R) Horacio Florencio Néstor Reyser, ex agregado naval en Washington, cuyo enfoque sobre las drogas es el que predica el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, donde tomó cursos, es decir una cuestión de seguridad. Su hijo Horacio Reyser Travers es el secretario de relaciones económicas internacionales de Macrì. Con zalamerías y millones de dólares pagados en cancelación de deudas a las obras sociales, el gobierno consiguió retrasar la respuesta sindical a sus decisiones, que ya parecía inminente en abril, pero el caldeado clima social no deja demasiado espacio para vacilaciones, si la nueva dirigencia no quiere poner a prueba uno de los más famosos apotegmas juanperonistas sobre la ubicación de sus cabezas durante la marcha. Luego de la reunificación se ha ido fortaleciendo un eje interno constituido por Juan Carlos Schmid y Héctor Daer, que han alcanzado un apreciable entendimiento. Además, los dos hijos de Hugo Moyano asistieron al cierre de la Marcha Federal y el que conduce el sindicato de camioneros, Pablo, quien también es secretario gremial de la CGT, anunció que propondrá el paro para octubre, si bien dejó abierta la posibilidad de que sea una movilización sobre la Plaza de Mayo. Pero su hermano Fcuendo dijo que la CGT no se dejaría arrastrar por la CTA, a la que envió al rincón del maldito kirchnerismo. Las centrales sindicales son sensibles a un malestar social que también inquieta a los intendentes y gobernadores, temerosos de que sus interminables roscas políticas por alianzas, bloques y candidaturas sean interrumpidas por los resplandores y el estrépito de lo que ocurre afuera, una experiencia que varios vivieron y nadie olvida. La crisis de los partidos y los liderazgos, que no dan respuesta a esa problemática, abre el camino para el desplazamiento de la política por la teología, una ensoñación medieval sin destino duradero.
En su afán por naturalizar el desplazamiento de las necesarias políticas de seguridad por la obsesión con el narcotráfico y el terrorismo, el oficialismo no perdona bloopers. La ministra federal Patricia Bullrich, quien disputa su espacio a brazo partido y golpes bajos con el suspendido aduanero castrense Juan José Gómez Centurión, anunció la detención en la Triple Frontera de un narcoterrorista libanés con pasaporte falso, que resultó ser apenas un consumidor libio experto en cheques sin fondos y con un documento auténtico. Su segundo, Gerardo Milman, y el ministro bonaerense Cristian Ritondo informaron la detención de una banda internacional de narcotraficantes de la Mara Salvatrucha de El Salvador. Esto fue desmentido por el periodista Carlos Martínez, de la prestigiosa revista salvadoreña El Faro, quien explicó que no se conoce caso alguno de vinculación de ninguna mara con ese delito, que a lo sumo sus miembros reclutados en los sectores marginales de la sociedad son consumidores que revenden al menudeo. Estas hipérboles no son casuales, sino parte del plan oficial por tornar creíble el paradigma de las Nuevas Amenazas diseñado por el Comando Sur que, por supuesto, ofrece toda la colaboración que el gobierno acepte, porque esa política permite a Estados Unidos supervisar a los países de la región y al gobierno argentino controlar a los sectores sociales y políticos golpeados por sus decisiones. No es algo original: en la edición de abril de este año, la revista Harper’s publicó una entrevista que el periodista Dan Baum realizó con quien fue el principal asesor de Richard Nixon cuando instalaron la nefasta “guerra contra las drogas”. Richard Haldeman fue condenado por Watergate y luego desapareció. Baum lo encontró en 1994 en una empresa de ingeniería en Atlanta. Sin vueltas Haldeman le dijo que los enemigos de Nixon eran “la izquierda que se oponía a la guerra [en Vietnam] y los negros [que luchaban por sus derechos civiles]. Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o el ser negro, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego las criminalizáramos con dureza. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, interrumpir sus reuniones y vilipendiarlos día tras día en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que lo sabíamos”. El primero que recitó aquí el discurso de las nuevas amenazas fue Ricardo López Murphy en 2000: ellas serían la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales. Esto ha “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles”, dijo en cuanto De la Rúa le encomendó el ministerio de Defensa.
Las reiteradas referencias de Macrì a las Fuerzas Armadas y su rol en relación con esos mitos son parte de una programación diseñada con cuidado para vencer resistencias y anular las disposiciones de la ley de Defensa Nacional, de 1988, promulgada por Raúl Alfonsín, su decreto reglamentario de 2006, de Néstor Kirchner, y las leyes de Seguridad Interior, sancionada en 1991 bajo el gobierno de Carlos Menem, y de Inteligencia Nacional, que Fernando De la Rúa promulgó en 2001. Si pasaron 18 años antes de que se reglamentara la ley de Defensa, ello se debió a que Horacio Jaunarena, quien fue ministro de Alfonsín, De la Rúa y el senador Eduardo Duhalde durante su interinato, no estaba de acuerdo con la tajante separación que establece entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior. Así lo confesó el propio Jaunarena durante una conferencia que dictó en 2002 en la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina que creó Roberto Dromi. Acompañado por el jefe del Ejército Roberto Brinzoni, ambos plantearon la intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas y vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes. Identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven 10 millones de pobres. Jaunarena consideró anacrónica la distinción entre defensa y seguridad. “Pedirle a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad interior si las fuerzas policiales y de seguridad son desbordadas, pero no permitirles que se entrenen y capaciten para ello es como decirle a un cirujano que debe operar pero sin dejarle que se ejercite”. En realidad, este punto forma parte de la ley de seguridad interior, en la que las Fuerzas Armadas sólo pueden actuar:
- dentro de la propia “jurisdicción militar” en caso de una agresión armada;
- prestando apoyo logístico, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa.
- con unidades de combate, y previa declaración por el Congreso del estado de sitio, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior policial. Aun así, este empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”.
Es decir, no se trata del médico que debe operar, sino de los bomberos que vienen a rescatar a médico y paciente si se incendia el hospital.
Ahora que el radicalismo ha vuelto a formar parte del gobierno, Jaunarena ha conseguido que se forme en el ministerio de Defensa una comisión que debe proponer modificaciones no a la ley, dado que la Alianza Cambiemos no tiene fuerza política para tanto, sino al decreto reglamentario de 2006, en el que Kirchner y su entonces Ministra Nilda Garré incluyeron la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según la cual por agresión externa sólo puede entenderse un ataque armado por fuerzas regulares de un país extranjero. Nadie piensa en eso en el gobierno, donde cada conflicto social es atribuido a lo que ahora llaman el kircherismo extremo (sic), al que se le atribuyen propósitos desestabilizadores para mejor disciplinar al conjunto de una sociedad que debe despertar de un placentero espejismo y resignarse a la amarga realidad.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.