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La Corte Suprema, por unanimidad, decidió ayer que la causa por la muerte de Alberto Nisman sea instruida por la justicia federal, más precisamente por el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. Los supremos sostienen que, aunque no se puede determinar si Nisman se quitó la vida o fue víctima de un homicidio, la muerte del fiscal ocurrió cuando estaba en funciones, pese a que se encontraba trabajando en su casa. Y que, además, la sola existencia de una hipótesis de homicidio obliga a que el expediente se tramite en la justicia federal. Dijeron que el hecho tiene “incidencia en el normal funcionamiento de investigaciones” y que las “presuntas motivaciones no parecen ser extrañas a la función desempeñada por el fiscal”. Por eso, señalaron se impone “que sea el fuero de excepción (el federal) el que continúe conociendo en el sumario”. El fallo está en línea con lo que llaman el partido judicial, o sea la estrategia de orientar todas las causas contra el gobierno anterior. No hay en el expediente ni una sola evidencia que indique que a Nisman lo mataron, pero se introduce la idea de que hubo una especie de comando que entró al edificio de Le Parc, llevó al baño al fiscal y le pegó un único balazo, a un centímetro de distancia, sin que medie ninguna pelea ni ningún desorden, utilizando una pistola vieja, registrada oficialmente a nombre de un técnico informático a quien Nisman le pidió el arma prestada. La hipótesis que se deja entrever –a la medida de la derecha norteamericana– es que el comando era “iraní-venezolano-kirchnerista”.
La resolución del máximo tribunal salió a la medida de lo que venía reclamando la ex pareja de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, así como la madre del fiscal, Sara Garfunkel, y gran parte de la corporación judicial que pretende utilizar este expediente y el de la denuncia que hizo Nisman antes de morir como arietes contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los abogados de Arroyo Salgado –Juan Pablo Vigliero, Federico Casal y Manuel Romero Victorica– y el de Sara Garfunkel –Pablo Lanusse–, así como el fiscal Ricardo Sáenz venían bregando por el pase a la justicia federal argumentando que Nisman murió producto de un homicidio. La Corte les dio la razón respecto del fuero y, como era lógico, se abstuvo de dar una definición respecto de la muerte del fiscal. Ni siquiera lo mencionó como la hipótesis más probable o “la hipótesis plausible”, como habían señalado dos integrantes de la Cámara del Crimen. Los cinco supremos se limitaron a decir –como había hecho el camarista Mario Filosof– que en cualquier hipótesis lo que se investiga es la muerte de un fiscal federal, que no se puede descartar ni que Nisman “se haya quitado la vida libremente” ni que hubiera homicidio, por lo tanto eso basta para que el expediente quede en manos del fuero federal que investiga “lo que pueda entorpecer el buen servicio de los empleados de la Nación”.
Los ministros citan el caso de un incendio en la vivienda de un miembro de la Corte y señalan que también eso fue instruido por la justicia federal.
Pese a esos argumentos, la Cámara Nacional de Casación había señalado que no existía ningún elemento que indicara que Nisman murió producto de un homicidio, por lo que correspondía seguir avanzando en el expediente, definir qué pasó o la hipótesis más probable, y recién después resolver si correspondía enviar la causa al fuero federal. Es que si el fiscal se quitó la vida, no hay delito y menos todavía razones para la mudanza del expediente a Comodoro Py.
Desde el mismo 18 de enero de 2015, día de la muerte del fiscal, se utilizó la causa como herramienta política. La fiscal de instrucción Viviana Fein trabajó el caso con honestidad, más allá de las críticas que se hicieron a la investigación que encabezó. Y hubo todo tipo de presiones para que se volcara a la hipótesis del homicidio. Arroyo Salgado hasta acompañó a Mauricio Macri al debate presidencial en la Facultad de Derecho, marcando aún de forma más clara la utilización política del caso. Ajena a esas presiones, Fein ordenó una serie de medidas que contradijeron la aspiración de Arroyo Salgado, de Garfunkel y de la oposición al kirchnerismo:
- Una junta de médicos forenses fue categórica al señalar que no había elementos compatibles con un homicidio. Los profesionales afirmaron que Nisman murió el domingo 18 a la mañana y no el sábado 17 al atardecer como pretendía Arroyo Salgado. Este último horario encajaba con su pretensión de echarle la culpa al informático Diego Lagomarsino que, según su relato, le llevó el arma prestada antes del anochecer del sábado.
- Los criminalistas fueron aún más categóricos. Dijeron que no había ninguna otra persona en el baño en el momento en que se produjo el disparo, es decir que Nisman se quitó la vida.
- La pericia sobre la mano del fiscal fue también rotunda, pese a lo que se quiso instalar en la opinión pública. El estudio, hecho en Salta, indicó que en la mano del fiscal había rastros compatibles con los restos de fulminante de un disparo.
- No hay un solo testigo que haya dicho que vio entrar a alguien extraño en el edificio. No hay indicios de forzamiento de cerraduras o ingreso violento. En el departamento sólo hay rastros genéticos del propio Nisman. No hay pisadas de otra persona en el baño.
- El fiscal le pidió el arma prestada a tres personas, entre ellas a Lagomarsino. Y no tiene sentido que un hipotético comando, sofisticado, termine matando con un arma a nombre de uno de los integrantes del supuesto supercomando.
- El fiscal revisó los diarios por internet ese domingo a la mañana. Entre los sitios a los que ingresó hubo uno referido al regreso de la muerte, posteado por Claudio María Domínguez.
Pese a esta cantidad de elementos, Arroyo Salgado y Garfunkel, junto a sus abogados, insisten en que a Nisman lo mataron. Se basan en que las cámaras no filmaban, en que se alteró la escena, en que el fiscal estaba de buen ánimo, en que la custodia no fue eficiente, que hubo llamadas raras y argumentos similares. Pero no hay prueba alguna. En el fondo se busca imponer una lógica: como Nisman denunció a CFK por el Memorándum de Entendimiento con Irán, no puede haber ocurrido otra cosa que un asesinato perpetrado por Irán, su aliado Venezuela y el gobierno de la ex presidenta.
En el marco de la batalla política desatada con la muerte del fiscal, casi pasará desapercibida la maniobra ocurrida con el sorteo de la causa en el fuero federal. En su momento se anunció que el bolillero informático adjudicó el expediente al juez federal Sebastián Casanello. Sin embargo, minutos más tarde, se notificó que se había caído el sistema y un rato después se informó que el expediente terminó en el juzgado de Ercolini. El propio Ercolini hizo la denuncia y la jueza María Romilda Servini de Cubría determinó, en primera instancia, que había irregularidades en los sorteos. Aún así, nada se modificó y todo indica que la causa será instruida nomás por Ercolini.
A partir de ahora, seguramente se confirmarán medidas que se habían puesto en marcha pero no se concretaron, entre ellas la reconstrucción de lo ocurrido en el baño. La jueza Palmaghini convocó como asesor pericial al FBI, mientras que la defensa de Lagomarsino, encabezada por Gabriel Palmeiro y Martín Chasco, argumentó que no hay evidencia alguna de que los peritos, forenses y criminalistas argentinos sean de menor nivel que los norteamericanos. Pero sobre todo pusieron el acento en que el FBI no es imparcial: durante años mantuvo una estrecha vinculación con el ex espía Jaime Stiuso y no es descabellado presumir que está alineado con la derecha norteamericana que quiere adjudicarle la muerte de Nisman al dibujado comando iraní, venezolano, kirchnerista. La hipótesis es tan descabellada que, como sucedió en este año y medio, no se encontrará ninguna evidencia real. No hay duda que, igual, el partido judicial trabajará para sacar conejos de la galera.
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