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Con todo el caso Nisman concentrado en el fuero federal, esta será una semana de definiciones. Todo apunta a que la Sala I de la Cámara Federal resolverá entre martes y jueves si se puede reabrir, como pidió la DAIA, el expediente basado en la denuncia del fiscal fallecido contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de los iraníes involucrados en el atentado a la AMIA. Por otro carril, la investigación sobre la muerte propiamente dicha, ya quedó definitivamente en manos del juez federal Julián Ercolini y delegada en el fiscal Eduardo Taiano, quien tomará las primeras medidas, completará las que faltan y mandará a rehacer otras. En su fiscalía dicen que seguirá las tres líneas de investigación con sus tres hipótesis que deslizó la Corte Suprema al decir que la causa debe tramitar en Comodoro Py: que se quitó la vida, que fue un homicidio o que fue instigado, inducido o coercionado.
El hecho de que todo lo relacionado con la investigación de la muerte de Alberto Nisman y el atentado a la AMIA haya quedado afincado en los tribunales federales, es un factor que agudiza la utilización política del tema y colabora con las campañas de descrédito al gobierno anterior. Las viejas declaraciones de Antonio Horacio Stiuso que en estos días reflotó Clarín van en esa línea y buscan condicionar a los camaristas que deben resolver sobre la denuncia de Nisman y al fiscal Taiano. Lo que pretenden parte de la corporación judicial, el macrismo y fuerzas aliadas es instalar a idea de que el gobierno de CFK tuvo que ver con la falta de esclarecimiento del ataque terrorista (ocurrido en 1994) y luego con la muerte del fiscal. La ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, hizo un intensa campaña, incluso con apariciones mediáticas recurrentes, para lograr sacar el expediente sobre la muerte del fuero de instrucción, donde la tuvieron durante más de un año la fiscal Vivian Fein, recientemente jubilada, y la jueza Fabiana Palmaghini. Finalmente consiguió que lo hiciera la Corte el martes último con un argumento brevísimo: que por el sólo hecho de que el fiscal murió cuando estaba en funciones y mientras exista por mínima que sea una posibilidad de que lo hayan matado, tiene que investigar la justicia federal.
La denuncia que hizo Nisman cuatro días antes de su muerte, en la que acusaba a la ex presidenta, a Timerman y otras personas de encubrimiento, fue cerrada hace más de un año y medio por decisión del juez Daniel Rafecas, confirmada por la Sala I de la Cámara Federal y de la Sala I de la Cámara de Casación Penal. Nisman había buscado hacer foco en la idea de que el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado el 27 de enero de 2013, era parte de una estrategia para desvincular a los iraníes que tenían pedido de captura y no, como decía el pacto, una vía que permitiría que fueran indagados. Lo cierto es que el acuerdo nunca entró en vigencia, el congreso iraní no lo confirmó, ni funcionó por ende su Comisión por la Verdad que supervisaría todo. Tampoco es que hayan caído las alertas rojas para lograr la captura de los iraníes, ni antes ni durante ni después de la firma del acuerdo.
La DAIA decidió volver a la carga aprovechando el aumento de la hostilidad judicial de Comodoro Py contra CFK. Llevó al juzgado de Rafecas supuestas pruebas nuevas y pidió ser querellante. La entidad entregó una conversación telefónica de 2012 (cuando aún se negociaba el pacto con Irán) entre el ex presidente de la AMIA, Guillermo Borger, y el ex canciller Timerman. Es una conversación privada que alguien (ninguno de ellos) grabó en forma subrepticia, donde Timerman hacía referencia en algún tramo a la responsabilidad de Irán en el atentado. El otro argumento es que quedó firme la inconstitucionalidad del Memorándum. El fiscal Gerardo Pollicita respaldó la presentación. Pero Rafecas la rechazó: un de las razones es que la postura argentina, oficialmente inclusive, siempre fue la de acusar a Irán, y de hecho por eso el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió las capturas. La inconstitucionalidad del Memorandum, dijo, ya había sido tenida en cuenta. Pasó por varios tribunales y el Congreso, pero no hubo nadie que denunciara en todo el tratamiento que su firma se basaba en un delito. Rafecas volvió a explicar en su resolución la inexistencia de delito. Y rechazó la DAIA como querellante, por esa razón.
La apelación llevó nuevamente la discusión a la Sala I, la misma que ya rechazó abrir la investigación la primera vez con los votos de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. Ellos son los que deben decidir ahora. Es lo que explica, en buena medida, la publicación hace dos semanas de una solicitada que pedía la destitución de Rafecas, impulsada por el ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, ahora diputado del PRO, junto con el titular del directorio de La Nación, Julio Saguier, con firmas de empresarios, políticos y hasta periodistas. El mensaje no era sólo para el juez sino un aviso a los camaristas que, precisamente, sobre el final de la semana trataban de limar algunas diferencias para resolver en los próximos días. Freiler y Ballestero son los que deben decidir. Si discrepan en la solución, tendrán que llamar a otro camarista para desempatar.
Pero la lógica es que seguirán la línea de razonamiento que ya utilizaron alguna vez y rechazarán la reapertura. Habrá que ver cómo enfoca cada uno el pedido de la DAIA para querellar, también. Si llega a tener que intervenir después la Casación, ahora integran la sala correspondiente Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Quienes vieron al fiscal Taiano el viernes, lo notaron agobiado, después de recibir los 70 cuerpos que tiene la investigación sobre la muerte de Nisman. Para colmo, la fiscal con la que iba a trabajar en equipo, Laura Beloqui, desistió porque su fiscalía correccional desborda de trabajo. Taiano ya había tenido un tiempo la investigación, cuando la Cámara del Crimen se la sacó a Palmaghini y afirmó que había sospechas de homicidio, aunque no especificó ninguna prueba. Después la Cámara de Casación porteña revirtió esa decisión, que calificó como prematura, y dijo que –al contrario– no había nada para suponer un asesinato, tras analizar todo el expediente y las pruebas. Las querellas de Arroyo Salgado y la madre de Nisman, Sara Garfunkel, insistieron con llevar el caso al fuero federal y la Corte Suprema les concedió el deseo, con un fallo que suma leña al fuego que se gesta en el fuero federal contra el gobierno anterior.
La decisión de la Corte es simple y esquemática. Si es un fiscal federal, está en funciones y muere, aunque no haya ninguna evidencia de que alguien lo mató, debe investigar el fuero de excepción, los jueces federales. Durante la instrucción de Fein y Palmaghini, las pericias tanto médica como criminalística fueron categóricas en decir que no había ningún elemento que permitiera suponer la participación de terceros en la muerte del fiscal de AMIA. Los únicos peritos que pensaban otra cosa eran los de la querella. Pero todavía está pendiente una junta médica interdisciplinaria. Taiano, en plan de revisar todo, repasará las pericias balísticas, que no encontraron rastros de pólvora (lo que no descarta suicidio) y la autopsia psicológica, que no pudo cumplir con las pautas.
La pericia tecnológica, sobre el celular y la computadora de Nisman, nunca fue terminante. Lo que Página/12 pudo constatar en su servidor, es que desde la notebook del fiscal hubo una conexión con la web del diario pasadas las 7 de la mañana del domingo 18 de enero de 2015. El peritaje había encontrado actividad en la máquina a esa hora también, pero algunos de los especialistas que hicieron el análisis, como los de la Policía Metropolitana, insistieron en señalar otras anomalías en la computadora y sembrar dudas sobre un acceso remoto. Ese dato de la conexión de la mañana contradecía a la querella, que planteó las sospechas de que había fallecido antes y apuntó al informático Diego Lagomarsino, dueño del arma de la que salió el disparo mortal, y quien había estado en el departamento de Nisman el sábado. Taiano podría ordenar completar los informes informáticos, o mandarlos a hacer otra vez.
El viernes empezó a analizar pruebas que faltan, y por ejemplo, advirtió que no declararon vecinos de Nisman de Le Parc ni parte del personal que trabajaba con él en la Unidad AMIA.
Pero además va a retomar las últimas medidas pedidas, entre ellas la que dispuso la jueza Palmaghini de pedir de repente los números de teléfono de la ex presidenta Cristina Kirchner para después analizar si habló con personas que podrían estar vinculadas al expediente. También solicitó los números de otros miembros del anterior gobierno: Timerman, Aníbal Fernández, el ex jefe del Ejército César Milani, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli. Es posible que se hagan cotejos con el informe policial que reveló un flujo de llamados infrecuente el día de la muerte de Nisman, que incluyó a los ex Side Antonio Horacio Stiuso, Alberto Mazzino, y Fernando Pocino, con números que usaban funcionarios, entre ellos Juan Martín Mena, número dos de la AFI, y Milani.
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