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La aceptación por parte del Vaticano de la renuncia del obispo de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, así como la designación de su sucesor, disparó duras expresiones hacia el Gobierno por parte del vocero del Arzobispado de Buenos Aires, Guillermo Marcó, quien advirtió “que si un presidente fomenta ciertas divisiones, termina siendo peligroso para todos” y que los problemas deben solucionarse “no mirando hacia el pasado, sino hacia el futuro, evitando seguir alentando odios y levantando el dedo acusador en busca de venganza”. Al mismo tiempo produjo una polémica sobre las intenciones del papa Benedicto XVI al aceptar la renuncia del obispo antes de las constituyentes misioneras del 29 de octubre. El Gobierno no ocultó su satisfacción y el mismo Piña expresó su alivio, porque esta decisión le deja las manos libres para encabezar la lista de candidatos del Frente Unidos por la Dignidad, que se opone al intento del gobernador Carlos Rovira de incorporar a la Constitución provincial la reelección por tiempo indefinido. En el Episcopado el malestar era evidente, ya que no esperaban la designación del presbítero Marcelo Martorell, ex vicario general del arzobispo Raúl Primatesta y amigo del empresario Alfredo Yabrán, en reemplazo de Piña. En la diócesis misionera, la reacción de los sacerdotes también fue contraria a ese nombramiento (ver aparte).
Las fuertes expresiones de Marcó estuvieron relacionadas con la polémica que abrió el presidente Néstor Kirchner cuando llevó su apoyo a Rovira en Misiones y cuestionó la actuación de la Iglesia durante la dictadura. Marcó señaló a los periodistas que “decir que la Iglesia no hizo nada es injusto, porque la Iglesia somos todos, lamentablemente había miembros en los dos bandos”. Y agregó que “los problemas deben solucionarse no mirando al pasado sino al futuro, con la instancia superadora del amor y evitando seguir alentando odios y levantando el dedo acusador en busca de venganza”. Cuando se le preguntó si pensaba que Kirchner alentaba esos sentimientos de odio, respondió: “No digo que sea su intención, creo que debe estar lejos de eso, pero debe ser consciente de que es presidente de todos los argentinos y que tiene una responsabilidad mayor. Un presidente que fomenta cierta división termina siendo peligroso para todos”.
Esta última frase fue tomada más tarde por Mauricio Macri, atribuyéndolas al cardenal Jorge Bergoglio, para criticar a Kirchner. A su vez, el vocero hizo esas declaraciones cuando se esperaba el arribo de una delegación de senadores radicales que debían reunirse con el arzobispo Jorge Bergoglio. Marcó no solo se refirió a la política de derechos humanos del Gobierno, sino que también se introdujo en el camino abierto por Juan Carlos Blumberg. “Cuando uno camina por la calle tiene una sensación de inseguridad –aseguró– porque sabe que algún conocido, un vecino, escuchó tronar un arma o le secuestraron a un familiar” y aseguró que es necesario “restablecer la fraternidad social”. Sobre las posibles causas estimó que “son muchas, como la pérdida de valores, la droga y el clima enrarecido que vive la política”. “Sin duda que tiene que ver con muchas de las cosas que están pasando”, puntualizó Marcó cuando se le preguntó por la responsabilidad de Kirchner sobre ese “enrarecimiento”.
“La Iglesia tiene una larga tradición de miembros constituyentes, desde la Constitución de 1853”, señaló al referirse a la situación en Misiones y concluyó en que el hecho de que Kirchner “lea la candidatura de Piña como que la Iglesia forma un partido opositor, me parece que no corresponde”. “La realidad es que la Iglesia no tiene una mala relación con el Gobierno” –relativizó–, y destacó el vínculo con los ministros de Educación, Daniel Filmus, y de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, calificó de “terribles” las afirmaciones de Marcó. “El vocero del Episcopado no puede decir que el presidente elegido por el pueblo argentino alienta los odios, porque no es así” y agregó que “lo que no hará el Presidente será responder a los designios de ninguna corporación”.
En medios vinculados a la Iglesia se señalaba ayer que la aceptación de la renuncia del obispo Piña podía tener dos lecturas. La primera era que de esta manera se favorecía al obispo, quien la había solicitado el 25 de mayo del 2005, al cumplir los 75 años, como lo establece el Derecho Canónico y porque además le dejaba las manos libres para su incursión en la constituyente. En breves declaraciones, Piña expresó que la decisión papal “me dará más libertad de acción para luchar contra los corruptos que intentan avasallar la democracia y convertir a la provincia en un feudo” (ver aparte). Esta visión quedó opacada, porque al mismo tiempo el Vaticano dispuso una suerte de “intervención eclesiástica” al designar al arzobispo de Corrientes, Domingo Castagna, como administrador de la diócesis hasta que asuma Martorell en noviembre. Lo normal hubiera sido que el obispo quedara a cargo hasta que asumiera su reemplazante.
La aceptación de la renuncia y la designación de Martorell reavivó el malestar del Episcopado argentino por los últimos nombramientos del Vaticano y en los medios eclesiásticos se estimaba que podía ser la última jugada del recientemente retirado canciller vaticano, cardenal Angelo Sodano, quien ha sido permeable a los consejos de Esteban Caselli, operador menemista en la curia romana. Aunque Martorell no fue propuesto por Bergoglio, tampoco se alinea en el sector más conservador referenciado por el obispo de La Plata Héctor Aguer, que ha sido el favorecido por los nombramientos del Vaticano. Muchos especulaban con que el nombre de Martorell fue acercado a Caselli por el ex director de Migraciones durante el menemismo, Hugo Franco, que fue también un hombre muy cercano a Primatesta.
También circularon versiones de que la aceptación de la renuncia de Piña obedeció a gestiones del oficialismo. Para los conocedores, esta línea de análisis no tiene consistencia porque la relación del Gobierno con el Vaticano no ha mostrado ese nivel de efectividad. De todos modos, el Gobierno no oculta su satisfacción por la decisión de Roma, pocos días después de que Piña tuviera un encontronazo con Kirchner.
Pero la designación de Martorell resultó polémica por su vínculo con Alfredo Yabrán. El nuevo obispo, que hasta ahora ejercía como párroco de la iglesia cordobesa Corazón Eucarístico de Jesús, fue vicario general y apoderado general y ecónomo del Arzobispado de Córdoba cuando Yabrán les donó un estacionamiento céntrico y se denunciaron presiones de la Iglesia para favorecer a la empresa OCA –de Yabrán– en una licitación. “Con Yabrán tuve una amistad que nunca negaré –declaró al periodismo–, los hombres de bien no negamos la amistad ni en las buenas ni en las malas.” Pese a que Martorell expresó su admiración por la obra de Piña, no forma parte, como éste, del sector progresista de la Iglesia. Su formación junto a Primatesta, un obispo de buenas relaciones con el dictador Luciano Menéndez, demostraría lo contrario.
Como corolario de este efecto cascada y en el marco de un país donde se multiplican las amenazas contra jueces, fiscales y testigos en los juicios contra represores de la dictadura, Mauricio Macri, que encabezó un acto en el café Tortoni, declaró: “Nos sumamos a las palabras del cardenal Bergoglio, quien habló a través de su vocero, Guillermo Marcó: Argentina necesita la pacificación interna, la conciliación”. Y agregó que “la agresión se transforma en violencia cuando se está perdiendo el respeto y vuelven los fantasmas del pasado que no terminamos de agitar, hay que dejar de alentar odios y levantar el dedo acusador”.
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