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Jorge Rafael Videla, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros, Antonio Domingo Bussi y otros diez represores serán juzgados por su participación en la coordinación represiva con las otras dictaduras de la región durante la década del ’70. El juez federal Sergio Torres dispuso ayer que la causa sea elevada a juicio oral. “El Plan Cóndor resultó ser una vasta organización criminal que actuó en el Cono Sur, dirigida al secuestro ilegal de personas, su desaparición, muerte y/o tormento, sin importar los límites territoriales o nacionales de las víctimas”, señaló el magistrado en su resolución.
La investigación que Torres dio por concluida ayer se inició en 1999 y abarca los secuestros de 107 personas de diferentes nacionalidades. Los acusados, además, están procesados por “asociación ilícita”. La mayoría esperará el juicio en libertad, ya que los represores fueron excarcelados. Videla no pidió salir y Bussi, Nicolaides y Riveros, entre otros, están presos en otras causas. Los que por el momento irán a juicio son todos argentinos, aunque se había pedido la extradición de siete represores uruguayos que aún está pendiente.
Este expediente pasó por varios jueces y llegó a Torres recientemente, luego de que el juez federal Guillermo Montenegro renunciara para integrar el gabinete de Mauricio Macri. Ahora, el caso pasará a un tribunal oral, que deberá poner fecha al proceso oral y público.
En la resolución de ayer se señala que está acreditada “la existencia de un pan criminal denominado ‘Operativo Cóndor’ celebrado y ejecutado por quienes ocuparon los gobiernos de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina cuyo objetivo central resulto ser la lucha contra los opositores mediante la sistematización de la desaparición forzada de personas, entre otros injustos”.
Según se detalla en el fallo, “dada la ilegalidad de los procedimientos” no es posible determinar con exactitud la extensión temporal del Plan Cóndor, pero “puede sostenerse que comenzó a desarrollarse luego de la instalación en Chile de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973 y que se extendió a lo largo del tiempo que duraron los gobiernos de facto en América Latina”.
Una de las pruebas de la coordinación internacional de la represión es un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El papel fue enviado por el agente especial del FBI Robert Scherrer desde la embajada de su país en Buenos Aires y el 28 de septiembre de 1976: “Operación Cóndor es el nombre clave para la recopilación y el intercambio sobre los llamados ‘izquierdistas’comunistas o marxistas. Fue recientemente establecida entre los servicios secretos de América del Sud. (...) Una tercera etapa y más secreta implica la formación de equipos especiales de los países miembros, los cuales pueden viajar a cualquier parte del mundo con el cometido de castigar a los terroristas y a quienes los apoyan y hasta asesinarlos”.
El juzgado estableció tres “fases o etapas” de la organización criminal: el intercambio de información de inteligencia, la ubicación del blanco (“el subversivo”) y la ejecución o traslado del sujeto a otro país. La asociación ilícita entre las cúpulas militares se materializaba cada vez que desaparecía una persona como consecuencia de esta acción coordinada.
Graciela Rutilo Artes y su hija Carla, de nueve meses, fueron secuestradas el 2 de abril de 1976 en Oruro, Bolivia. De allí, fueron llevadas a La Paz, donde Graciela fue torturada por una comisión de la Policía Federal Argentina. El 29 de agosto, ambas fueron entregadas en la frontera Villazón-La Quiaca a las autoridades argentinas, hecho que fue comunicado oficialmente por el gobierno de Hugo Banzer a la Cruz Roja Internacional. En Argentina, Carla fue apropiada por el represor Eduardo Ruffo. Su abuela la recuperó en 1985. A Graciela la vieron en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que regenteaba la SIDE y era la sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Sigue desaparecida.
María Claudia García Iruretagoyena y su esposo, Marcelo Ariel Gelman, fueron secuestrados el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires y llevados a Orletti. Marcelo fue asesinado. A María Claudia, que tenía 19 años y estaba embarazada de ocho meses, la trasladaron a Montevideo, donde nació su hija, que fue apropiada por un policía uruguayo. La niña recuperó su identidad, su madre sigue desaparecida.
Edgardo Enríquez Espinosa se fue de Chile en marzo de 1976 para escapar de la persecución de la DINA (policía secreta de Augusto Pinochet). Pero fue detenido en Buenos Aires el 10 de abril. Fue visto en Campo de Mayo. Luego, habría sido trasladado a Chile.
Alejandro José Logoluso fue secuestrado el 18 de marzo de 1977 en Asunción, Paraguay. El 26 de mayo el gobierno de Alfredo Stroessner lo entregó al servicio de inteligencia del Ejército argentino. Lo trajeron a Buenos Aires en un avión birreactor de la Armada Argentina, con matrícula 5/T/30 0653, piloteado por el Capitán de Corbeta José Abdala. La precisión surge de un documento del Archivo del terror de Paraguay.
Videla, “en su carácter de Presidente de la Nación Argentina, durante el período comprendido desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 29 de marzo de 1981”, deberá responder como máximo responsable de más de cien casos como estos. Lo acompañarán otros diecidéis represores.
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