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Cada vez que recibió una notificación para presentarse a declarar voluntariamente, el teniente coronel Jorge Aníbal Masson respondió con certificados médicos que daban cuenta de sus problemas cardíacos. Recién cuando el militar agotó la posibilidad de pedir nuevas prórrogas, el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale ordenó su detención. Pero ya era tarde. En el 7º D de Luis María Campos 1245 sólo quedaba un sillón, para que descansaran los visitantes. No es el único represor que burla a la Justicia con el visto bueno de Su Señoría. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, popular vecino de Belgrano condecorado en 1977 por su actuación “en combate”, se esfumó de su piso en 3 de Febrero 1747 después de recibir la citación del juez bahiense.
Hasta la sanción de las leyes de impunidad, la Cámara Federal de Bahía Blanca sobresalió por su eficiencia en investigar los crímenes cometidos en La Escuelita, el centro clandestino del Cuerpo V. Desde la reapertura de la causa en diciembre de 2005, cuando Alvarez Canale declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes, la Justicia bahiense se destacó en el mejor de los casos por su lentitud. Pese a los reiterados pedidos de detención y denuncias por retardo de justicia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, H.I.J.O.S. Capital y los fiscales Antonio Castaño y Hugo Cañón, en los dos años transcurridos la cifra de prófugos y muertos impunes ya supera a la de imputados por Alvarez Canale.
El primer procesado, en noviembre de 2006, fue el suboficial Santiago Cruciani. Pese a la abundancia de pruebas –los sobrevivientes recordaban al “Tío” como interrogador en la mesa de torturas y sus familiares porque los recibía en el Destacamento de Inteligencia 181, donde se hacía llamar “Mario Mancini”–, el juez no elevó su caso a juicio oral. Cruciani murió en julio, sin condena. Seis meses antes había fallecido, impune y libre, el teniente coronel Emilio Jorge Ibarra, jefe del “equipo de combate contra la subversión”, como llamó en el Juicio por la Verdad a las patotas de secuestradores del Ejército.
En junio, Alvarez Canale procesó y detuvo en el Instituto Penal de Campo de Mayo a tres miembros del Estado Mayor del Cuerpo V: el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Al cuarto nunca lo encontró. El coronel Aldo Mario Alvarez, jefe de Inteligencia, se convirtió entonces en el segundo prófugo de la causa, junto con el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, torturador de La Escuelita que dependía, según admitió en el Juicio por la Verdad, del propio Alvarez.
En ese contexto, en lugar de ordenar las detenciones como se lo había solicitado el fiscal, Alvarez Canale decidió citar a indagatoria, como si fueran infractores de tránsito, a cuatro ex miembros de los grupos operativos del célebre “Loco” Ibarra. El coronel Mario Alberto Casela y el teniente coronel Mario Carlos Méndez se presentaron, declararon y quedaron detenidos. Masson presentó certificados médicos para ganar tiempo y organizar la mudanza en paz. García Moreno –ex legislador porteño y ex director del Registro Nacional de las Personas durante la presidencia interina del senador Eduardo Duhalde– encomendó a su abogado Eduardo San Emeterio el explicarle al juez que era un católico honorable, militante antiabortista e hincha de Atlanta, pero por las dudas no volvió a pisar su bonito piso de Belgrano.
Dos meses atrás familiares de detenidos-desaparecidos le reclamaron a Alvarez Canale por deficiencias en la instrucción y le solicitaron que detuviera al menos a los militares que merodeaban impunes por la puerta de su juzgado, como el coronel Jorge Enrique Mansueto Swendsen, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181. El juez tampoco citó aún –como se lo solicitaron los fiscales– a su ex colega Guillermo Federico Madueño, que tiró la toga cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a impulsar su juicio político. Mucho menos a los directivos del diario La Nueva Provincia, pese a que eran los únicos enemigos de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.
“La actitud de ciertos jueces y fiscales ante delitos de lesa humanidad denota cuanto menos cierto temor a actuar con la frontalidad que aplican en causas comunes. Si ante imputados de gran habilidad, que han gozado de impunidad por décadas y tienen recursos para eludir a la Justicia, no se actúa con habilidad y diligencia, la posibilidad de un juzgamiento adecuado puede frustrarse”, reflexionó el fiscal Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. “En Bahía Blanca se ha dado el caso de militares con órdenes de detención que seguían cobrando como retirados, lo cual es una burla a la inteligencia”, agregó.
“Con la prueba reunida varios imputados debieran estar condenados”, considera el secretario de la APDH bahiense, Eduardo Hidalgo. “Pero con resoluciones insulsas y noveladas, más una evasión reiterada de los requerimientos de querellantes y fiscales, la Justicia bahiense aplica un indudable criterio de promoción y afianzamiento de la impunidad”, lamenta.
Otro reclamo de los organismos a Alvarez Canale es por impedir que participen de las indagatorias los abogados de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, creada por la Procuración General de la Nación justamente para auxiliar a la Justicia. La medida genera absurdos que para fortuna del juez la sociedad ignora: el teniente Casela, por ejemplo, dijo haber participado de un operativo posterior al período en el que admitió haber prestado servicios sin que Alvarez Canale ni el fiscal Castaño se percataran. Cuando el fiscal le reiteró la importancia de ser secundado por sus colaboradores en virtud de “la complejidad de la causa”, el magistrado respondió, sincero: “Me cago en la complejidad”.
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