Benjamín Gabriel Romero es dueño de la Empresa Metalúrgica Patricias Argentinas (Emepa), una de las dos compañías del consorcio Hidrovía. Su departamento de Barrio Norte fue sede para las negociaciones del Pacto de Olivos, que posibilitó la reelección de Carlos Menem. El contacto con Raúl Alfonsín desde que compró la planta de Emepa en Chascomús le facilitó la entrada a los despachos de funcionarios radicales y hasta contrató a algunos de ellos: le prestó su jet privado a Fernando de la Rúa para campañas políticas y tuvo entre sus subordinados al propio yerno de De la Rúa, Juan Petracchi (sobrino del juez supremo Enrique Petracchi). También tejió una excelente relación con Eduardo Bauzá y Esteban Caselli, sospechados de ser los “operadores del gobierno” de Menem en favor de Hidrovía.
“Si hubiera habido un arreglo como dicen, las licitaciones habrían sido impugnadas. Competimos con empresas extranjeras y, que yo sepa, nadie se quejó. Ganamos porque fuimos los mejores”, le dijo a la revista Veintiuno, en una de las escasas entrevistas que concedió porque no quiere ser “un nuevo Yabrán”. Pero Romero no desconocía la causa judicial contra Hidrovía: sus abogados intentaron sin suerte torcer la resolución de la Cámara Federal porteña que lo vuelve a colocar bajo la lupa judicial.
Romero, que empezó como chatarrero y ahora es socio de Techint, ya pasó por Tribunales defendiendo otras cuestionadas adjudicaciones: los almuerzos para los comedores escolares y la recolección de residuos domiciliarios de una de las zonas de la Capital Federal durante la gestión de De la Rúa y la reparación de material ferroviario en la presidencia de Alfonsín. Otro contrato por reparación de vagones está siendo investigado por la Justicia e involucra al actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, con quien compartió viajes de negocios a China y Rusia. Pero Romero insiste en que su éxito empresario es muy simple: “Yo compro pliegos y gano licitaciones. Ese es mi negocio”.
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