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Ojos irritados. Dolor de cabeza y estómago. Vómitos. Piel –de manos, cara y piernas– en carne viva. Es la historia clínica de Maira Castillo, de sólo 4 años, que tuvo su primera intoxicación aguda con agrotóxicos, con posterior internación y terapia intensiva. La familia Castillo vive en Quimilí, integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), trabaja esa chacra desde hace cinco décadas y no duda en la causa de sus males: miran al campo vecino, millares de hectáreas con soja, y señalan una avioneta bimotor que fumiga con veneno. Miles de casos, y cientos de denuncias, se repiten desde hace diez años en decenas de provincias, pero siempre chocaron con la misma barrera legal, la falta de estudios que avalen el padecimiento campesino. Aquí, una serie de investigaciones que confirman el efecto tóxico y contaminante del glifosato, el herbicida más utilizado en la industria sojera. Todas las acusaciones apuntan al producto comercial Roundup –de la compañía estadounidense Monsanto, la empresa de agronegocios más grande del mundo–, acusado de provocar alergias, intoxicaciones, malformaciones, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Campesinos, pueblos originarios, médicos rurales, bioquímicos e investigadores coinciden en las denuncias y responsabilizan al actual modelo agropecuario, de monocultivo, semillas transgénicas y químicos.
La soja sembrada en el país ocupa 16,6 millones de hectáreas de diez provincias y tiene nombre y apellido: “Soja RR”, de la empresa Monsanto. Se llama así porque es “Resistente al Roundup”, nombre comercial del glifosato. El químico se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorio.
Jesús María, Las Peñas, Sebastián Elcano, Villa del Totoral. Todos pueblos y ciudades del noreste cordobés donde las poblaciones rurales ancestrales sufrieron intentos de desalojos por parte de empresarios y productores sojeros. Quienes resistieron, organizados en el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), este año sufre un nuevo embate: aviones fumigadores pasan sobres sus casas, arruinan los sembradíos, mueren los animales y la salud comienza a resentirse. “Ya hubo intoxicaciones. Después de cada fumigación tienen que ir al hospital. Lo que no pudieron hacer con las topadoras lo quieren lograr con el veneno para la soja”, afirmaron desde el MCC, integrante a nivel nacional del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Comunidades ancestrales acusan a la industria de los agronegocios de contaminar aire, agua, alimentos y suelo. Estudios médicos puntualizan en efectos agudos. “Los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, cambios de coloración de piel, quemaduras, diarrea, falla cardíaca, electrocardiogramas anormales y daño renal”, asegura una recopilación de estudios realizada por el médico de la UBA Jorge Kaczewer, especializado en ecotoxicología.
Las empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. Los campos argentinos fueron rociados el último año con 165 millones de litros del cuestionado herbicida. Un volumen similar al contenido en 330 mil tanques de agua hogareños.
San Cristóbal es un poblado de quince mil habitantes en el norte de Santa Fe. En agosto de 2005, el intendente Edgardo Martino denunció que en el primer semestre del año se habían producido once nacimientos con malformaciones congénitas, y tres habían fallecido a los pocos días. También advirtió la existencia de otros tres casos en localidades vecinas. No aventuraba causas posibles, pero reconocía que todas las acusaciones apuntaban a las plantaciones de soja –y los agrotóxicos utilizados–, que habían crecido de forma exponencial en la última década.
En el mismo fenómeno habían fijado su interés un equipo multidisciplinario de profesionales. A partir de un estudio científico, realizado durante dos años y encabezado por el Hospital Italiano de Rosario, vincularon malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con exposiciones a contaminantes ambientales, entre ellos el glifosato y sus agregados. El estudio, a cargo del médico e investigador Alejandro Oliva, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y encontró “relaciones causales de casos de cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a factores de contaminación ambiental, como los agroquímicos”.
El relevamiento confirmó que las funciones reproductivas, tanto femeninas como masculinas, son altamente sensitivas a diferentes agentes químicos de la actividad agrícola. También destaca que el efecto tóxico puede producirse mediante dos mecanismos: el contacto directo con la sustancia, o bien que los padres la hayan absorbido y transmitido a través de sus espermatozoides y óvulos a los hijos. Remarca que los factores ambientales, como la exposición a pesticidas y solventes, contribuyen a la infertilidad.
“Momento de parto. El bebé no llora. La madre desespera. El niño está muerto”, relata en su libro La soja, la salud y la gente el médico rural de Entre Ríos Gabriel Gianfellice que, aturdido por las muertes prenatales, los embarazos que no llegaban a término, los casos de cáncer y los arroyos sembrados de peces muertos –todo citado en su escrito–, comenzó a investigar qué sucedía en Cerrito –al noroeste provincial–, lugar donde vive desde hace 28 años. “Empezaron a aparecer dos patologías, la muerte de bebés durante el parto y muerte fetal precoz (situación donde se produce el embarazo, la bolsa, la placenta, pero no se produce el bebé), que aumentó en forma extraordinaria en toda la zona desde 1999”, asegura.
El bioquímico Eric Seralini, de la Universidad de Caen (Francia), descubrió que el glifosato mata una gran proporción de células de la placenta, aun en concentraciones menores a las utilizadas en agricultura. “Esto podría explicar la gran incidencia de partos prematuros y abortos espontáneos”, señaló. El médico e investigador Jorge Kaczewer remarcó que el estudio francés “confirmó que el Roundup siempre es más tóxico que su ingrediente activo, el glifosato”, y también confirmó que el herbicida provoca malformación congénita, muerte neonatal y aborto espontáneo.
El Grupo de Reflexión Rural (GRR) censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación con Roundup. El caso testigo fue el barrio Ituzaingó, en las afueras de Córdoba. Allí viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. El barrio, humilde, de casas bajas, está rodeado de monocultivo. Al este, norte y sur hay campos con soja, sólo separados por la calle. “En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, integrante de las Madres de Ituzaingó (organización nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban), que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años convive con dos plaguicidas en la sangre, intoxicación confirmada por estudios oficiales.
El relevamiento del GRR confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas. En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o garganta”, relató Sofía, con veinte años en el lugar, y se larga con una lista de otras consecuencias: bebés sin dedos, con órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay una sola familia sin enfermos”, lamenta, y reconoce que todos quisieran dejar el barrio.
Otro de los pueblos censados fue Monte Cristo, Córdoba, donde sobre una población de 5000 personas, entre 2003 y 2004 se registraron 37 casos oncológicos, 29 malformaciones congénitas e innumerables fumigaciones. En Las Petacas, Santa Fe, 200 kilómetros al sudoeste de Rosario, viven 800 habitantes y en los últimos diez años hubo 42 casos de cáncer y 400 personas con alergias. Sólo en octubre de 2005 murieron cinco personas de cáncer y dos de leucemia. Todos acusan a las fumigaciones. Se repiten las historias en San Francisco (Córdoba) y San Lorenzo, San Justo, Piamonte, Alcorta y Máximo Paz (Santa Fe). “El cáncer se ha convertido en una epidemia masiva en miles de localidades y el responsables es sin duda el modelo rural. Es una catástrofe sanitaria impulsada por las grandes corporaciones”, denuncia el GRR.
Por D. A.
Monsanto es la empresa de agronegocios más grande del mundo, con ventas en 2006 por 4476 millones de dólares, controla el 20 por ciento del mercado de semillas. La empresa, que rechazó hablar con este diario, publicitaba que el Roundup era “biodegradable” y resaltaba el carácter “ambientalmente positivo” del químico. La Fiscalía General de Nueva York reclamó durante cinco años por publicidad engañosa. Recién en 1997, Monsanto eliminó esas palabras en sus envases. Tuvo que pagar 50 mil dólares de multa. “Es la última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra Monsanto, incluyendo los 108 millones de dólares por responsabilidad en la muerte por leucemia de un empleado texano en 1986; una indemnización de 648 mil dólares por no comunicar a la EPA datos sanitarios requeridos en 1990; una multa de un millón impuesta por el fiscal general del estado de Massachusetts en 1991 por el vertido de 750 mil litros de agua residual ácida; y otra indemnización de 39 millones en Houston (Texas), por depositar productos peligrosos en pozos sin aislamiento”, acusa el investigador. En Argentina, Monsanto cuenta desde 1956 con una fábrica en Zárate (Buenos Aires), donde radica su planta de producción de glifosato, la más importante de América latina. Publicidad corporativa asegura que controla el 95 por ciento del mercado de la soja sembrada en el país y, sobre el Roundup, festeja: “Es líder mundial en su especialidad y ha creado una verdadera revolución en la actividad agropecuaria de cientos de países”.
Alexis, de un año y medio. Rocío y Cristian, ambos de 8 años. “Los primos Portillo”, como los conocían en el paraje rural Rosario del Tala, poblado de Gilbert, departamento entrerriano de Gualeguaychú. En siete años, de mayo de 2000 a enero de 2007, los tres fallecieron. Otra prima, Ludmila, de 18 meses, fue internada con un grave cuadro de intoxicación. Norma Portillo, mamá de Cristian, denunció la contaminación del agua y apuntó contra el uso de agroquímicos en las plantaciones de soja que rodean la vivienda familiar. Luego de cada fumigación, los chicos sufrían mareos, vómitos y dolores de cabeza. El 15 de enero de 2007, dos días antes de la muerte de Cristian, las avionetas habían fumigado durante todo el día.
La familia Portillo ya no se refresca en el arroyo cercano, ya no usa el agua de pozo para cocinar y beber y ya no habita donde siempre había vivido. Abandonaron su histórica vivienda hace un año y se trasladaron al pueblo. “Cuando fumigaban, nos encerrábamos en la pieza. Por días nos dolía la cabeza, picaba la garganta y ojos. Y si llovía, el arroyo bajaba con peces muertos. En el campo hay palomas, perdices y liebres muertas, nada deja el veneno”, explica Norma.
Por lo bajo, en la Dirección de Maternidad e Infancia de Entre Ríos ya hablan del “efecto sojero”. Las versiones oficiales, del hospital local y la Coordinación de Salud de Gualeguaychú, primero hablaron de consanguinidad de los padres (un matrimonio está conformado por primos hermanos), luego echaron culpas a “una bacteria desconocida” y más tarde al supuesto estado de desnutrición de los niños. “Es mentira. Somos pobres, pero la comida no les faltaba”, lamenta Norma, llora y se indigna: “Los sojeros nos envenenan, matan a nuestros hijos y resulta que la culpa es nuestra”.
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