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Dos días después de la fuga del teniente coronel Julián Corres de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, resolvió el lunes instruir a las fuerzas de seguridad a su cargo para que dejen de alojar represores imputados por delitos de lesa humanidad. Hoy la ministra de Defensa, Nilda Garré, reiterará su resolución de 2006 en la cual solicitaba a los jueces federales de todo el país que reconsideraran la decisión de enviar secuestradores, torturadores y asesinos a los cuarteles. El miércoles, antes de conocer la resolución de Fernández, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un pedido de informes para que el ministro explique la responsabilidad de la Policía Federal en el caso Corres, la del Servicio Penitenciario Federal en el traslado que no fue y las medidas ordenadas para evitar nuevas fugas, suicidios y muertes dudosas.
Según registros del CELS hay 83 represores imputados y/o procesados en causas por terrorismo de Estado alojados en unidades de Fuerzas Armadas o de seguridad. Más de treinta pasan sus días en dependencias de policías provinciales para las que prestaron servicios. Nueve miembros de la patota del D2 de inteligencia de la policía de Córdoba se alojan en la Guardia de Infantería, pleno centro de la ciudad, donde comparten instalaciones con compañeros de tareas que la Justicia aún no procesó. Otros nueve ex agentes chaqueños están detenidos en la alcaldía de Resistencia.
Según registros del Ministerio de Defensa, además de los 34 militares alojados en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, que desde enero custodia el SPF, hay otros 22 en cuarteles militares. Sólo en el cuartel La Unión de Córdoba, ubicado en la base de apoyo logístico del Cuerpo III, hay once represores servidos por camaradas. Los ocho represores que el Tribunal Oral Federal condenó el jueves pasado, cinco a prisión perpetua, nunca habían pisado una cárcel.
Fernández instruye a Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que no reciban nuevos detenidos por crímenes de lesa humanidad sin su autorización. Advierte que lo contrario será sancionado y exige un “informe diario y pormenorizado” sobre cada caso. También le ordena al director del SPF, Alejandro Marambio, que cumpla con los traslados requeridos por la Justicia. El de Corres había sido solicitado el 25 de junio, un mes antes de su fuga.
El ministro admite en los fundamentos de la resolución su “profunda consternación” por el caso Corres. Luego explica que los calabozos de las fuerzas a su cargo están concebidos “para albergar en forma transitoria a personas detenidas por infracciones al régimen contravencional”, pero carecen de personal capacitado, infraestructura, equipos y medidas de seguridad para alojar “internos que presenten conductas conflictivas y de alta peligrosidad”. El ministro apunta que “ha requerido” a los jueces el traslado a cárceles comunes y como respuesta obtuvo “resultados dispares”. Admite que la Justicia ordenó trasladar a Corres a Campo de Mayo, pero deja en la nebulosa las razones por las cuales no se concretó.
El CELS destaca “las graves limitaciones del Estado para garantizar la comparecencia a juicio” de los represores. Recuerda que la cifra de prófugos “aumentó a 47” y agrega “muertes dudosas como la del prefecto Héctor Febres y suicidios durante arrestos domiciliarios sobre los cuales el Estado no acusa ningún tipo de responsabilidad, como el del coronel retirado César Anadón, pese a que no controló que el procesado tuviera acceso a armas de fuego”. El organismo también pregunta por qué dos meses después de la promulgación de la ley 26.375 que creó la Unidad especial de búsqueda de criminales de lesa humanidad prófugos aún ni siquiera se reglamentó su funcionamiento.
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