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La ministra de Defensa, Nilda Garré, solicitó ayer a todos los jueces federales del país que instruyen causas por crímenes de lesa humanidad que se abstengan de ordenar detenciones en cuarteles militares y revisen el criterio aplicado con quienes permanecen allí detenidos. Garré explicó que las Fuerzas Armadas “no tienen competencia legal ni funcional para asegurar las detenciones”, lamentó que la decisión de los jueces implique “lidiar permanentemente con sospechas de que persiste apoyo por parte de las fuerzas a los procesados” y afirmó que las unidades militares “no son ni siquiera cárceles ‘especiales’”. También destacó que según la Ley de Personal Militar los retirados mantienen “una relación jerárquica con respecto al personal en actividad encargado de su custodia”. Como consecuencia, los encargados de la controlar a los represores presos “se enfrentan con la contradicción” de tener que custodiar y vigilar a personas con las cuales “mantienen subordinación jerárquica”.
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