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San Jorge está ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial y se la conoce como la “capital de la industria alimenticia”, por su pasado con gran variedad de cultivos. El barrio Urquiza está en las afueras de la ciudad, de casas aún sin terminar y frente a campos de monocultivo. “La incapacidad práctica del Estado para evitar que los plaguicidas lleguen hasta las personas sólo puede morigerarse con la fijación de prohibiciones totales de todo tipo de agroquímicos en zonas urbanas y periurbanas”, afirmó en su presentación la abogada Gabriela Ferrer, patrocinadora de la denuncia inicial en marzo de 2009. “Estamos felices. Los nenes ya no se enferman. No hay más problemas respiratorios, sólo un poco de moco cuando los nenes toman frío”, explicó Viviana Peralta, la impulsora de la demanda que acabar de quedar firme.
A inicios de 2009 Ailén tenía sólo dos años pero ya conocía los efectos de las fumigaciones sojeras. Cuando tenía cinco días de vida sufrió su primera intoxicación con agroquímicos. Desde ese momento, cada fumigación era un camino directo al hospital, y todos los días recibía un cóctel de medicamentos para poder respirar. Su casa estaba a diez metros de campos de soja. Fue entonces cuando el juez Tristán Martínez prohibió las fumigaciones con glifosato, en marzo de 2009, en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el Municipio se hicieran eco de la Ley 11.273 y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agrotóxicos. La medida privilegiaba la salud por sobre la actividad económica, y cargaba las responsabilidades sobre los productores, a la Municipalidad de San Jorge y el Ministerio de Producción provincial.
La Ley 11.273 regula el uso de agroquímicos, pero no fija límites para las fumigaciones. Otorga esa facultad a los intendentes y presidentes comunales. Aunque la ley fue sancionada en 1995, la gran mayoría de los municipios aún no establecieron las áreas fumigables.
La presión de los pobladores afectados, y el avance de la frontera agropecuaria, impuso que la legislatura provincial modificara la norma, y fijara límites claros. La Comisión de Medio Ambiente determinó un piso de 300 metros, pero –cuando ya estaba vigente el fallo de primera instancia, en octubre pasado– la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados provincial votó un dictamen en el que se habilitan fumigaciones terrestres con glifosato a sólo 100 metros de las viviendas. El dictamen se encuentra en Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo tiene mayoría.
“Diputados provinciales en contra de la salud de la población”, fue el título del comunicado de la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), que denunció que en la Cámara de Diputados “se comprueba la incidencia notable de los grupos empresariales asociados a los pooles de siembra. Las decisiones gubermantales se rigen con un criterio exclusivamente productivista por sobre la salud y el ambiente de los santafesinos”.
Con la sentencia ya firme, las organizaciones sociales piden la adecuación de la ley a lo dictado por la Justicia.
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