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La sentencia del juicio a Videla repara no sólo a las víctimas y sus familiares. El Estado asume sus culpas y consagra la voz de los sobrevivientes. Ese relato oral que perduró en el tiempo para dar testimonio de la atrocidad encuentra su reivindicación en un fallo que otorga valor a sus voces.
A días de aquella jornada, distintos actores de este proceso analizan el desarrollo del juicio y las conclusiones del tribunal. La sensación de tarea cumplida se entremezcla con los nuevos horizontes y lo que falta. Las complicidades reflotadas a lo largo del debate marcan el rumbo para seguir profundizando el camino de justicia. La Iglesia Católica y la Justicia federal quedaron muy comprometidas. La causa “de los magistrados”, abierta en contra de los funcionarios judiciales de entonces, acusados de no investigar los crímenes denunciados por los presos políticos, ya pide pista.
Con 34 años de espera en los hombros, Fermín Rivera, autor de la denuncia que dio origen a esta causa, se siente “satisfecho de que hayan sido condenados algunos de los máximos responsables, pero también de que se pueda conocer la verdad tras décadas de querer ocultarla”. Fermín Rivera es un ex preso de la UP 1 que denunció, mientras estaba preso en Rawson, los fusilamientos de los presos políticos. Los detenidos políticos tenían el compromiso de denunciar lo que vivían en la cárcel, y él intentó hacerlo ante los jueces Eudoro Vázquez Cuestas y Adolfo Zamboni Ledesma, que le tomaron declaración maniatado y apuntado por fusiles militares que lo custodiaban. Durante el juicio, Rivera denunció la actuación de los capellanes del penal Eduardo McKinnon y Sabas Gallardo, quienes justificaban que “hasta tres días de tortura no son pecado si sirven para salvar vidas”. “Pero también consideró que fueron juzgados sólo algunos de los ejecutores de los crímenes. Faltan los hombres cómplices de la Justicia, de la Iglesia y los que se beneficiaron económicamente. Ninguno de los crímenes se podría haber cometido sin las complicidades. Este puede también ser un primer paso”, concluye Rivera.
“Ahora que los policías que me torturaron están presos, pienso en volver a vivir a la Argentina, porque siento que el país es otro muy distinto al de antes”, adelantó el ex policía Luis Urquiza, abrazado a sus dos hijas, nacidas en Dinamarca. Urquiza es ex policía y el único querellante de la causa “Gontero”, donde se investigó la participación de la policía de Córdoba en la estructura represiva que comandó Luciano Benjamín Menéndez. En los ‘90 decidió volver del exilio, pero en 1997 tuvo que escapar nuevamente tras recibir amenazas de Carlos Yanicelli, uno de sus torturadores, que fue director de Inteligencia de la policía durante los gobiernos de Eduardo César Angeloz y Ramón Bautista Mestre. Urquiza denunció durante el juicio que el por entonces ministro de Asuntos Institucionales de la provincia, Oscar Aguad, apadrinó a más de cien represores del D2 en la policía, entre ellos a Carlos Yanicelli, un hombre de su confianza. “Aguad hoy es diputado nacional del radicalismo y ocupa el Concejo de la Magistratura. Moralmente debería apartarse de ese lugar”, afirma Urquiza.
“Esto que empezó hace 34 años, costó mucho dolor. Ahora puedo volver con mis hijas. Ellas también son víctimas porque nos tuvimos que ir del país, incluso en democracia, por falta de voluntad política del gobierno radical de entonces”, concluye.
Héctor Fransicetti vivió desde adentro de la UP 1 el período represivo que terminó con los fusilamientos. Desde su lugar de víctima y testigo afirmó que para ellos este juicio fue un resarcimiento. “Estamos conformes en un porcentaje importante porque la mayoría de los asesinos de los compañeros están ahora condenados”, dijo emocionado en la puerta de los tribunales, a minutos de haber escuchado la sentencia.
Rosario Rodríguez fue la compañera de vida de Pablo Alberto Balustra, delegado sindical de Obras Sanitarias y militante montonero que fue asesinado el 11 de octubre de 1976. Como familiar de una víctima, dio ante el tribunal uno de los testimonios más sentidos, que sirvió para comprender la magnitud de los crímenes. “Me siento muy feliz de haber vivido este momento. Fueron muchos años de sufrimiento para nosotros, los familiares. Las colas frente a la cárcel, y las giras por los hospitales para saber dónde estaban los cuerpos de nuestros muertos, son recuerdos muy duros y ahora podemos decir que, aunque no nos devuelve a los familiares, el juicio trajo algo de paz”, dirá Rosario horas después, ya en los festejos.
“Yo no lo tengo a mi hermano y era vital en la vida de la familia”, dijo Miriam Funes, hermana de José Cristian, “El Diablito”, fusilado el 30 de junio de 1976. Sus palabras expresaron el vacío que lleva adentro hace tres décadas. Si bien valoró la llegada de este juicio, también dejó claro que “nunca ningún juicio ni ninguna sentencia me van a conformar”.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llegó hasta Córdoba para seguir las últimas dos audiencias del juicio. Luego de escuchar el veredicto, dijo que hace décadas esperó por este día. “Hace casi treinta años nos presentamos como querellantes junto con María Elba Martínez, pero después vinieron las leyes de la impunidad. Recién con este gobierno se pudo comenzar a juzgarlos y por eso es tan importante que podamos estar en este día histórico.” También valoró el derecho a defensa que se le respetó a cada uno de los imputados. Al respecto, dijo que “esto habla de la dignidad de un pueblo y una Justicia. Estoy seguro de que sobre la impunidad no se puede construir una democracia”.
Carolina Scotto, rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo presente, como en cada una de las sentencias que se dieron en Córdoba. Desde su punto de vista, estos juicios constituyen un paso adelante a favor de las generaciones de argentinos y argentinas que van a cuidar estas conquistas, como algo de lo que no se puede retroceder. “Estos juicios nos obligan a que los ciudadanos y las instituciones completemos la revisión y hagamos la recuperación de la memoria, con la valentía que hace falta para asumir el rol que nos cupo para que no volvamos a cometer viejos errores. El proceso que acaba de terminar desnudó esas responsabilidades institucionales, incluso las de omisión, que no son sanas a la verdad.”
El querellante Martín Fresneda fue de los más optimistas. Se mostró conforme con la sentencia y dijo que “sin lugar a dudas tiene una dimensión política porque interpela parte de la historia”. El abogado de H.I.J.O.S. opinó que se trata antes que nada de “un proceso penal y no un juicio político”. “Visto así –agregó–, las absoluciones hablan bien del proceso porque significa que hubo una defensa, que no se está condenando sin pruebas que certifiquen con la certeza necesaria. Por otro lado, lo valorable, más allá de las penas, es haber juzgado a los responsables.”
Para el fiscal Carlos Gonella, este juicio puede generar un quiebre en la Justicia federal. Allí radica su expectativa. Afirmó que el juicio ventiló las complicidades civiles que tuvo el genocidio político. Dijo además que espera que “pueda haber una autocrítica urgente del rol que cumplieron nuestros pares de la Justicia, de los que yo me avergüenzo. Espero que esas complicidades sean analizadas en los fundamentos de la sentencia y que permitan agilizar las investigaciones a funcionarios de la Justicia durante la dictadura cívico-militar”.
Marcelo Yornet es militante de H.I.J.O.S. y su conclusión del fallo apuntó más hacia adelante. Dijo que fue todo un aprendizaje colectivo haber luchado en paz para condenar estos crímenes y ahora queda el trabajo de afianzar los verdaderos logros que dejan estos juicios, la incorporación de los derechos humanos en la vida diaria de la gente.
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