Página/12 :: El país :: La primera prueba

Los operadores judiciales del nuevo gobierno, Daniel Angelici y Martín Ocampo, proponen la remoción por decreto de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, mientras el designado ministro de Justicia, Germán Garavano, se ofrece como amable componedor. El decreto preparado por los dos entusiastas también modificaría la forma de designación y remoción de los fiscales y defensores, que saldría del Ministerio Público para pasar al Consejo de la Magistratura. Elisa Carrió, siempre original, impulsa el juicio político a la Procuradora y el alejamiento de cualquier operación judicial del empresario del juego que hoy intentará ser reelecto como presidente de Boca Juniors, ya que no todo en Cambiemos son multinacionales o grandes grupos. Cuando se reponga de los festejos, la ex diputada radical advertirá que el gobierno entrante ni se acerca a los votos necesarios para promover el juicio político y que, de no ser Angelici, la relación con Comodoro Py la manejará el intermediario de la trata de personas de pantalones cortos Gustavo Arribas. Hace diez años varios jugadores de Boca denunciaron que la comisión directiva les pedía porcentajes de hasta 15 por ciento de sus contratos o transferencias, y el ex vicepresidente del Club Roberto Digón dijo que Macrì “tiene una cuenta en las Islas Vírgenes a nombre de sus testaferros, Fernando Hidalgo y Gustavo Arribas” (“Pedirles plata y sacarles el 15% no es novedad”, La Nación, 24 de julio de 2005).

En agosto de 1989, Menem solicitó y obtuvo la renuncia del Procurador Andrés D’Alessio bajo amenaza de remoción, y lo reemplazó por su antiguo profesor Oscar Roger. En octubre firmó los primeros indultos y Roger envió a través de la red policial una circular a todos los fiscales ordenándoles facilitar su aplicación. Los fiscales Aníbal Ibarra y Hugo Cañón lo desobedecieron y pidieron que se declarara inconstitucional el indulto. Roger ordenó que los sumariara la Procuración del Tesoro, es decir el cuerpo de abogados del Poder Ejecutivo. Esta dependencia política y administrativa del gobierno es lo que quiso remediar Alfonsín con la reforma constitucional de 1994. La ley declaratoria de su necesidad mencionó al Ministerio Público como un órgano extrapoder. Los proyectos del justicialismo (Mariano Cavagna Martínez y Héctor Masnatta), de la UCR (Jorge de la Rúa) y del Frepaso (Carlos Alvarez, Aníbal Ibarra, Juan Pablo Cafiero, Guillermo Estévez Boero y Alicia Oliveira) coincidieron en que el Procurador sería designado y removido por el mismo sistema que los ministros de la Corte Suprema, y así lo aprobó el dictamen de la comisión de sistemas de control. Sólo el MODIN de Aldo Rico se opuso. Pero al llegar a la Comisión de Redacción, los dos cancerberos del Poder Ejecutivo, Rodolfo Barra y Carlos Corach, impidieron el paso del artículo, porque Menem quería manejar al Procurador y los fiscales, como ahora pretende Macrì. A las cinco de la tarde del 17 de agosto, cuando vencía el plazo para que se pronunciara la comisión redactora, no había dictamen. El Ministerio Público era el penúltimo orejón del tarro constitucional, sólo por delante de los pueblos originarios. Alfonsín le indicó a Jorge De la Rúa que aceptara la versión acotada que proponían Corach y Barra, como último recurso para asegurar que el Ministerio Público ingresara a la Constitución, en una sección propia, separada de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca”, decía.

Una delegación de fiscales consiguió que la comisión agregara que “sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”. Así llegó al recinto el actual artículo 120. Durante el debate del 19 de agosto, Jorge De la Rúa argumentó que “con esta Constitución ni siquiera la ley podrá decir que lo nombra y remueve el Poder Ejecutivo”. En efecto, la ley reglamentaria estableció en 1998 el requisito de los dos tercios del Senado para el nombramiento y remoción. Por cierto, una ley puede ser modificada por otra posterior, si dieran los números. Hacerlo por decreto de necesidad y urgencia, especulando con que sólo una de las dos cámaras lo derogara, sería una guarangada que ni siquiera los aliados de Macrì en Cambiemos podrían aceptar. Además, al cabo de 17 años de vigencia y luego de que el presidente electo solicitara públicamente la renuncia de Gils Carbó, se trataría de una ley o un decreto ad feminam que no pasaría el filtro constitucional. Ya le ocurrió a Néstor Kirchner, cuando la Corte Suprema le ordenó reponer al Procurador de Santa Cruz, Eduardo Emilio Sosa. Como el gobierno se negó a cumplir esa orden, reiterada en varias ocasiones, Sosa recurrió al sistema interamericano de Derechos Humanos, con el patrocinio del CELS. La causa no llegó a su conclusión, porque antes el ex Procurador, harto del litigio, aceptó la indemnización que le ofreció Santa Cruz. Entre quienes han defendido la estabilidad del cargo está incluso uno de los candidatos a ocuparlo, el fiscal general Ricardo Sáenz, aunque el favorito es Raúl Plee, un hombre de la embajada cuya hija trabaja con el ya designado experto en lucha contra el lavado de dinero Juan Felix Marteau. En su blog, Sáenz encomió la teoría del “órgano extrapoder” y la ley orgánica que reglamentó la designación. Añadió que no contar con la confianza presidencial, como le ocurrió a Esteban Righi, no es “un fundamento válido para dejar el cargo, como si se tratara de un ministro del Poder Ejecutivo”. (http://www.ricardosaenz.com.ar/index.php/editoriales/47-veinte-anos-de-la-reforma-constitucional). Saénz concluye deseando “el retorno a las fuentes de la legalidad, el profesionalismo, y el respeto a la carrera judicial, que no son otros que los principios que el Constituyente y el legislador tuvieron en mira al reformar la Constitución Nacional y al sancionar la Ley Orgánica del Ministerio Público”. Sáenz es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados y organizador de la marcha de febrero por el fiscal Alberto Nisman. Para seguir con las paradojas: Nisman fue quien investigó y acusó a Macrì por el espionaje telefónico.