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La cantidad de prófugos imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura –44 según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales– es la más estable de las situaciones procesales entre los represores autóctonos. Desde marzo del año pasado, cuando Página/12 publicó que una de cada siete órdenes de captura no se habían concretado, pocos jueces acusaron recibo.
El 1º de abril Interpol detuvo en Virginia, Estados Unidos, a Ernesto Barreiro, alias Nabo, jefe de torturadores de La Perla, en Córdoba. El 10 de mayo otra vez Interpol capturó a Enrique José Del Pino, alias Miguel, jefe de un grupo de tareas de El Banco y El Olimpo. El 18 de septiembre, tras cuatro años huyendo de la Justicia, Gendarmería detuvo al sargento ayudante Alfredo Omar Feito, alias Cacho o Speziale, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601 de Ejército. El 26 de septiembre la división antiterrorismo de la Policía Federal apresó al capitán Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía de San Luis imputado por el homicidio de Graciela Fiochetti. También durante 2007 fueron detenidos el uruguayo Ernesto Soca, alias Drácula, investigado por su papel en Automotores Orletti, y el policía salteño Jorge Héctor Zanetto, imputado por el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone.
Como contracara de esas capturas, se incorporaron a la lista de prófugos Herminio Jesús Antón, alias Perro, ex miembro de la temible D2 de inteligencia de la policía de Córdoba investigado en la causa del Comando Libertadores de América; Juan Máximo Cocteleza, miembro del grupo de tareas Swat investigado por su actuación en el Hospital Posadas; los oficiales Jorge Antonio Olivera y Eduardo Vic, imputados por las torturas a las que fue sometida la actual jueza sanjuanina Margarita Camus en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, más los dos prófugos auxiliados por la Justicia federal de Bahía Blanca. Encontrarlos es imprescindible para garantizar la seguridad de testigos, querellantes y magistrados.
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