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La hipótesis más lógica es que se buscó un gran impacto en la opinión pública en medio de un proceso electoral, el de 1987. En ese momento gobernaba Raúl Alfonsín y parecía cantado que el justicialismo iba a ganar las elecciones legislativas de ese año. En las semanas o meses previos a comicios anteriores ya se habían producido hechos llamativos: bombas en colegios y en cines, por ejemplo. Desde ese punto de vista, la lógica del robo de las manos de Perón consistía en causar una gran conmoción y, sobre todo, mostrar al peronismo como un partido brutal en el que, por internas, se producen hechos tan condenables como la profanación de tumbas y el robo de las manos del gran referente histórico del PJ. En esta línea, la operación habría sido diseñada por alguna usina radical y la mano de obra fueron agentes de Inteligencia que tenían contacto con esa usina. Por supuesto que el radicalismo siempre rechazó esta hipótesis y adujo que fue víctima de la operación. Que el objetivo fue crear conmoción, pero para desestabilizar al gobierno de Raúl Alfonsín.
En su libro La profanación, Claudio Negrete y Juan Carlos Iglesias afirman que la motivación fue decididamente política y sugieren que hubo algún tipo de apoyo estatal porque, de acuerdo a las pericias, los profanadores pudieron haber entrado por una claraboya, pero está claro que tenían las llaves, por cuanto el corte sólo se pudo hacer sacando el cuerpo de la tumba. Además, Negrete e Iglesias aseguran que el primer juez, Jaime Far Suau, quien perdió la vida en un supuesto accidente de auto, en realidad fue asesinado, ya que el accidente fue un atentado.
Una investigación, que recientemente se volvió a publicar, por los periodistas David Cox y Damián Nabot sostiene que la orden de robar las manos de Perón salió de Licio Gelli, el hombre de la logia masónica-fascista Propaganda Due. En el libro que publicó la editorial Planeta, Cox y Nabot afirman que de la tumba de Perón los profanadores se llevaron, entre otras cosas, una carta que le escribió Isabel Martínez. El papel fue dividido en tres y se le envió a tres legisladores peronistas, a quienes se les pidió un rescate de ocho millones de dólares. Además de la carta de Isabel, que servía como una especie de prueba de que tenían las manos de Perón, los profanadores mandaron un anónimo con una frase: “Hermes Iai y los 13”. Un estudio que Cox y Nabot hicieron sobre la biblioteca y los archivos de Licio Gelli los llevó a la conclusión de que el texto tenía que ver con creencias egipcias y esotéricas, que eran sostenidas por Gelli. El fascista habría recurrido a hombres de los servicios de Inteligencia que actuaron durante la dictadura y que estaban interesados también en concretar la operación para conmocionar al país y demostrar que no sería fácil encarar los juicios contra los militares por violaciones a los derechos humanos.
Hubo una novela sobre el hecho, Las manos de Perón, de Adrián Busto. Su hipótesis es que todo fue un intento de cobrar un rescate, el que efectivamente se les pidió a los diputados. Los demás investigadores descreen de esa versión de los hechos, ya que –para ellos– no hubo un real pedido de rescate por las manos, sino que fue más bien una maniobra para desviar el carácter político o ritual de la profanación. Hasta ahora el juez Alberto Baños no se pronunció en este terreno: su trabajo se concentra en determinar quiénes actuaron como mano de obra de la operación.
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