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El juez de Familia Nº 1 de Mendoza, Germán Ferrer, convocó ayer al Comité de Bioética del Hospital Pediátrico Humberto Notti, de Guaymallén, y a la defensora oficial Mónica Runno a una reunión para analizar el pedido de aborto no punible de la niña de 12 años que fue violada y que permanece hace varios días internada en ese centro de salud. El encuentro, para evaluar el caso, se concretaría antes del fin de semana, según estimaron fuentes del tribunal. Días atrás hubo otro muy similar en Mendoza, en el que se le negó el acceso a la interrupción del embarazo a una niña de 13 años, de cuyo abuso está acusado su padre biológico (ver aparte).
La nena de 12 años permanece en el Hospital Notti. Tal como reveló ayer PáginaI12, su mamá presentó el viernes en el Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza, a cargo del juez Ferrer, el pedido de interrupción de la gestación de su hija, con el fundamento de que encuadra en los supuestos de no punibilidad previstos en el artículo 86 del Código Penal. En el escrito, presentado por su defensora pública, se argumenta que el caso cumple con los requisitos del inciso 1º, que se refiere al aborto terapéutico, porque de continuar el embarazo se pondría en riesgo la salud psíquica de la niña, y también del inciso 2º, porque se trata de un embarazo que proviene de una violación. La madre, de condición humilde, denunció que la niña fue violada a la salida de la escuela por un desconocido que la llevó a un baldío, en la localidad de Maipú, donde vive la familia. Pero que recién supo del hecho y del embarazo tiempo después.
Los investigadores no descartan que el agresor haya sido alguien del entorno familiar. La gestación ya llevaría más de un mes, por lo que se requiere celeridad en la decisión judicial que habilite la práctica médica.
En la causa penal interviene el fiscal de Luján-Maipú, Santiago Garay. Por la violación todavía no hay detenidos.
No es el primer caso de aborto no punible sobre el que tendrá que expedirse el Comité de Bioética del Notti, según informó a este diario su presidenta, Marca Fracapani, también titular de la Maestría de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. “Nos han tocado otros casos de aborto no punible y se han resuelto de manera distinta de acuerdo con las particularidades de cada situación”, señaló la médica pediatra y bioeticista, sin adelantar posición sobre el que tienen ahora.
El órgano, creado en 1986, está integrado por tres médicos, un enfermero, un filósofo, un representante de la comunidad, un abogado y un cura que a su vez es teólogo. “Es una institución pública y pluralista. Si la religión del paciente no es católica, llamamos a un pastor del culto al que pertenezca”, aseguró Fracapani. Al ser consultada por este diario, Fracapani no aclaró si la opinión de la niña será tomada en cuenta para resolver sobre el pedido de aborto no punible presentado por su madre (ver aparte).
En realidad, el Código Penal no exige autorización judicial para que se practique un aborto no punible. Pero es muy frecuente que los médicos la requieran y que sin ella se opongan a realizar la intervención. Diversos fallos de cortes provinciales han señalado que no es pertinente esa exigencia.
En ese sentido, el Observatorio Argentino de Bioética de Flacso advirtió, al analizar el aborto por motivos terapéuticos en un documento publicado en 2006, que “la judicialización innecesaria pone una barrera inconstitucional al derecho a la vida y al acceso a la salud integral de las mujeres y a menudo la demora en la interrupción del embarazo causada por la intervención judicial torna abstracto el pedido de autorización para la mencionada práctica médica”.
El juez Ferrer ya tuvo que intervenir en un caso de aborto no punible y se pronunció a favor: fue en 2006, frente al embarazo de una joven de 25 años con discapacidad mental, que había sido violada. Su pedido llegó a la Corte de Justicia de Mendoza, que también lo avaló. La joven fue atendida en el Hospital Lagomaggiore, de la capital provincial.
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