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“La negligencia gubernamental resultó en violaciones a los derechos humanos.” Es una de las afirmaciones del informe “Abra Pampa. Pueblo contaminado, pueblo olvidado”, realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que investigó la situación de la localidad jujeña contaminada desde hace dos décadas por la actividad minera, y al que tuvo acceso Página/12. La universidad estadounidense alerta sobre fallas en los organismos de control, denuncia que la remediación continúa siendo ineficiente y advierte sobre los peligros de la oleada minera: “La Argentina tiene riesgo de padecer 400 Abra Pampa”. Recomienda implementar un plan sanitario integral, remediar la contaminación, juzgar a los responsables (privados y estatales) y resarcir económicamente a las familias perjudicadas. Entre otros males, el plomo produce retraso en la pubertad, alteraciones de la visión, problemas de aprendizaje y daños a la función motora.
Abra Pampa es una localidad de 13 mil habitantes, en el Norte provincial, a 3500 metros sobre el nivel del mar. Allí funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi, que cerró en la década del ‘80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano 15 mil toneladas de residuos, un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar. Las organizaciones sociales y comunidades indígenas de la zona siempre denunciaron la contaminación, pero nunca tuvieron respuesta.
En 2007, el Grupo de Investigación de Química Aplica (INQA) de la Universidad de Jujuy demostró que el 81 por ciento de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud. A fines del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy admitió que al menos el 10 por ciento de la población adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre.
“La única medida tomada para ‘contener’ a los residuos tóxicos fue la instalación de cercas alambradas para mantener a los residentes alejados”, denuncia el informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Texas. El trabajo, realizado entre 2008 y abril de 2009, fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Panamericana de la Salud. El próximo miércoles será entregado a relatores especiales de Naciones Unidas. “Tanto funcionarios locales como nacionales han minimizado sistemáticamente la gravedad de la situación sanitaria y ambiental”, denuncia.
El director de la Clínica de Derechos Humanos, Ariel Dulitzky, aseguró que “el gobierno argentino ha sido lento en reconocer los problemas en Abra Pampa. Y cuando finalmente lo hizo (en los últimos meses retiró gran parte de la montaña de plomo), respondió de forma inadecuada, con prácticas de saneamiento ambiental pobres, asignando recursos insuficientes para supervisar y resolver los problemas de salud”.
Advierte que los funcionarios aún no han proporcionado “tratamiento médico adecuado”, se violó reiteradamente legislación nacional e internacional sobre salud y medio ambiente, y también fue violada la legislación sobre derechos indígenas (que exige consulta y acuerdo con las comunidades).
En el apartado de recomendaciones, que se dirige tanto a la Nación como la provincia, la Clínica de Derechos Humanos insta a implementar un plan de salud integral, que se indemnice a los afectados y que se realice la remediación completa. Y aborda un aspecto poco común en este tipo de investigaciones. “Ni a los individuos ni a las empresas privadas ni a las instituciones del Estado se les ha declarado responsables de manera civil, administrativa o criminal por la contaminación de gran parte de la población”, sentencia y pide a los fiscales que actúen contra los responsables de la contaminación en Abra Pampa.
A lo largo de sus 56 carillas el informe también aborda la acción global de las actividades contaminantes. “Las relaciones problemáticas entre las industrias extractivas y las comunidades pobres han sido documentadas y discutidas desde hace mucho tiempo, contando innumerables relatos de exclusión social, violencia y daños ambientales”, explica el trabajo.
El plomo es considerado por la comunidad científica y ambiental como uno de los metales más contaminantes y altamente tóxico. Estados Unidos prohibió, en 1978, el uso de plomo en las pinturas y, en 1996, su empleo como aditivo para combustibles. Y existe una creciente presión para evitar su uso: la Unión Europea prohibió la venta de naftas con plomo a partir de enero de 2000 y en España se vedó el uso de plomo en los accesorios de los autos a partir de 2005. A pesar de todas las políticas para evitar el uso de plomo, en la Argentina se impulsa un gigantesco yacimiento (Proyecto Navidad) en la meseta de Chubut para extraer el perjudicial metal. En junio de 2008, un numeroso colectivo de organizaciones de la Patagonia difundió una carta pública donde alertó sobre el rol negativo del plomo. “Nos preguntamos por qué, mientras la comunidad internacional multiplica los esfuerzos para restringir su utilización y circulación, en Chubut se propone como un éxito empresarial la extracción de millones de kilos de plomo”, denunciaron los Autoconvocados de Esquel, la Asamblea Coordinadora Patagónica y Endepa, entre otras.
Dulitzky, director de la investigación y ex secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, afirma que lo sucedido en Jujuy es “una muestra de la industria minera en general, que une la irresponsabilidad empresarial y la falta de control estatal”. Precisa que en la Argentina existen 400 proyectos mineros (entre los planeados y ya puesto en marcha) y advierte: “En los próximos años, la Argentina podrá contar con 400 comunidades como Abra Pampa, abandonadas por la minería y envenenadas”.
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