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“No hay dudas de que es un atentado contra los derechos humanos de la población. Pero al ser el Estado el que atentó violentamente, de manera sistemática, con un objetivo claro y contra el conjunto de la población civil, los hechos se convierten en delitos de lesa humanidad.” Así calificó el fiscal general de Esquel, Martín Zacchino, los hechos sucedidos en marzo en Corcovado, un pueblo fronterizo de Chubut, y por los que investiga el accionar que efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la provincia llevaron a cabo durante 20 días bajo la excusa de la búsqueda de un prófugo que habitaba ese pueblo, en un dictamen que presentó a la jueza a cargo de la causa, Carina Estefanía. En ese documento, Zacchino se definió “incompetente” para continuar con la investigación, la que “por implicar delitos de lesa humanidad debe ingresar a la órbita de la Justicia federal. Es el Estado nacional el garante a nivel internacional de los derechos humanos de todos los argentinos”, recalcó. La última palabra será la de la jueza, en la audiencia que tendrá lugar el 14 de diciembre.
Fueron alrededor de 20 los testimonios que llamaron la atención de Zacchino acerca de la gravedad de lo ocurrido en Corcovado entre el 8 y el 27 de marzo, cuando efectivos del GEOP declararon un “estado de sitio virtual” en el pueblo y allanaron viviendas con la excusa de la detención de Cristian Bustos, un joven de 27 años condenado por la muerte de su hijo, un bebé de pocos meses, y que permanecía prófugo desde 2007. El 8 de marzo, la policía provincial y Bustos habían pautado su recaptura en la casa de sus padres, en ese pequeño pueblo chubutense. La enorme cantidad de efectivos que rodearon la casa asustó al joven, que huyó corriendo. Sus hermanos lo siguieron. La persecución culminó con uno de ellos muerto, otro herido y uno más detenido. También murió un efectivo de la policía, mientras que el prófugo sigue en esa condición. Su detención desencadenó el accionar de la GEOP en Corcovado.
Tras investigar los hechos, Zacchino sostuvo que “el abuso de autoridad y las vejaciones” por parte de miembros de ese cuerpo de seguridad estatal constituyen delitos de lesa humanidad porque “fueron cometidos por el Estado de manera sistemática con el objetivo de quebrar la voluntad de quien pudiera estar encubriendo al prófugo Bustos, afectando no sólo a las personas que se animaron a radicar las denuncias, sino a toda la comunidad. Son los tres pilares claves con los que el Código Penal establece a esa clase de delitos”, explicó el fiscal a Página/12. Los mismos argumentos utilizó para elaborar el dictamen que presentó ante la jueza a cargo del caso. De ser declarados de lesa humanidad, la causa no prescribiría nunca.
Pero el documento hoy en manos de la jueza Estefanía no propone sólo un cambio en su calificación. Además, sostiene la necesidad del traslado de la causa a la órbita judicial federal, ya que “es el Estado nacional el garante a nivel internacional de los derechos humanos de los argentinos”, remarcó el fiscal, aunque dejó en claro que ambos cambios –de calificación de delito y de órbita judicial– no implicarán una vuelta a fojas cero en la causa: “Lo investigado hasta acá es plenamente válido, incluso algunas cosas son irreproducibles. La decisión es relativa sólo a quien va a continuar el camino”, concluyó. Según su opinión, “es claro que debe ser la Justicia federal; la presencia y el trabajo realizado por miembros del Programa nacional de la Lucha contra la Impunidad en el pueblo demuestra el interés del estado en hacerse cargo del asunto”.
El informe elaborado por representantes de ese programa, que funciona en el área de la Secretaría nacional de Derechos Humanos, es uno de los pilares del dictamen de Zacchino, además de los testimonios y otras pruebas obtenidas en la investigación judicial. Ese documento fue el resultado de la visita al pueblo que los funcionarios nacionales realizaron en mayo. “Todos los pobladores de Corcovado entrevistados afirmaron lo mismo: allanamientos violentos, empujones, patadas, ruptura intencional de puertas y muebles, golpes con empuñadura de armas largas sobre las personas, imposición de terror”, resumió a este diario Leandro Jarsún, coordinador del programa y encargado de dirigir las audiencias públicas en las que participaron, además de los vecinos, su defensor oficial, Omar López, Zacchino y el ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, Máximo Pérez Catán.
Los funcionarios nacionales llegaron al lugar luego de que algunos de los pobladores –familia de Bustos incluida– viajaran a Buenos Aires para reclamar la intervención de autoridades nacionales en el asunto. El entonces ministro de Justicia nacional, Aníbal Fernández, se comprometió con esa intervención luego de que la representante de pueblos originarios y acompañante de los vecinos de Corcovado en territorio porteño, Moira Millán, se encadenara al edificio ministerial para exigir una respuesta.
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