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Después de la represión policial contra una comunidad aborigen de la provincia de Formosa, el Inadi presentó una acción de hábeas corpus y un amparo judicial para impedir nuevos actos de violencia y el desalojo de las más de 4600 personas que habitan en la colonia La Primavera. El viernes pasado, y luego de evaluar la situación de extrema pobreza en la que habita la población qom, el titular del organismo antidiscriminación, Claudio Morgado, realizó las presentaciones ante la Justicia formoseña y nombró al cacique de la comunidad integrante de la delegación local del Inadi para que su sueldo tenga un uso comunitario. “La ley 26.160 (de emergencia territorial) establece que tenemos como gobierno que resguardar el derecho a la libertad ambulatoria y a la propiedad de las tierras indígenas y hasta que no se resuelva el conflicto no se puede trasladar a los tobas a ningún otro lugar”, afirmó Morgado a Página/12.
El conflicto en Formosa es por tierras ancestrales y data de hace años. La colonia La Primavera está ubicada entre Laguna Blanca y Laguna Nainek, a unos 50 kilómetros de Clorinda, en Formosa. Las familias qom son originarias del lugar, pero como sucede con la mayoría de los pueblos aborígenes en Argentina, no tienen título de propiedad.
El Congreso Nacional, en diciembre de 2009, prorrogó por otros tres años (hasta 2013) la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. El objetivo de la ley 26.160 es que en ese plazo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realice un relevamiento técnico y jurídico catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas por los pueblos originarios. Según la norma, durante la emergencia quedan suspendidos las sentencias o los actos procesales y administrativos tendientes al desalojo o la desocupación de las tierras.
De todas maneras, la colonia La Primavera recibió infinidad de intimaciones para que le devolvieran sus tierras a una familia criolla que dice ser la dueña del lugar. La última fue el 10 de enero pasado: “La policía llegó a las 16 y preguntó si teníamos título de propiedad, pero nadie contestó nada –relató el cacique qom, Félix Díaz, en el blog que tiene la comunidad–. Vinieron con intención de pegarles a los aborígenes y nos expulsaron de nuestras tierras”.
Pese a que el territorio es reclamado por una familia, el conflicto es entre la comunidad toba y la Universidad Nacional de Formosa. “Supuestamente, los Celina le dieron esos terrenos al gobierno de la provincia y éste se los cedió a la Universidad para que pudieran realizar un proyecto”, explicó Morgado. Las tierras más fértiles fueron destinadas a la ampliación del Parque Nacional Río Pilcomayo, rentadas por pools de siembra sojeros y, más recientemente, por la Universidad, que está construyendo una sede en el lugar. Sin embargo, el titular del Inadi aclaró que “muchas veces las fuerzas de control comienzan a actuar en forma autónoma, en defensa de intereses privados que van en contra incluso de las políticas gubernamentales”.
El violento desalojo policial del 10 de enero se hizo sin orden judicial alguna. Varias familias fueron echadas por el comisario de Laguna Blanca y el “dueño” de las tierras aborígenes. Además, según los dichos del cacique Díaz, “por la tarde pasaron por mi casa criollos con armas de calibre grueso”.
Unos días después, ante la denuncia de la comunidad qom, Morgado y varios funcionarios del Inadi se trasladaron hasta La Primavera. “La situación de violencia que está viviendo la comunidad se da no sólo por el acoso policial sino también por la falta de alimentación, de asistencia sanitaria y de autonomía, entre otros derechos no respetados”.
Informe: Mariana Seghezzo.
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