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Una porción del territorio que pertenece a la comunidad mapuche Paichil Antriao, instalada la mayor parte en el cerro Belvedere, en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, se encuentra con presencia policial y, el último lunes, volvió a ser centro de un violento operativo de represión, esta vez en uno de sus lugares sagrados. El pasado 2 de diciembre, los habitantes de la comunidad sufrieron un violento desalojo, tal como lo informó Página/12. Desde ese momento, la presencia de la policía en tierra mapuche y sus intimidaciones se hicieron una constante. No obstante, hace unos diez días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó involucrarse en el asunto y pidió un informe al Estado argentino en el que se detalle la situación territorial y los actos de agresión denunciados. El Gobierno tenía plazo hasta el viernes para presentar la documentación, afirmó el abogado de la comunidad.
Las 625 hectáreas originarias de la comunidad Paichil Antriao, otorgadas a sus primeros pobladores a principios del siglo XX por el Gobierno nacional, fueron reducidas hasta llegar a 222. Sin embargo, hoy la comunidad mapuche pelea por conservar esa porción de tierra, ubicada la mayor parte en el cerro Belverede. El crecimiento de Villa La Angostura, especialmente el centro de su casco urbano, se hizo a expensas del territorio propiedad de los Paichil Antriao.
Una parte de esas 222 hectáreas mapuches que les pertenecen por escritura gubernamental, sin embargo, fue destinada por la Justicia al norteamericano William Fisher, “en un juicio en el que no se permitió la participación de la comunidad mapuche”, explicó a Página/12 su abogado, Juan Manuel Salgado. Desde ese momento, y ante el incumplimiento de la ley nacional 26.160 –que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas– y de los tratados internacionales, el Lof y la Confederación Mapuche de Neuquén efectuaron las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión se expidió el 12 de enero pasado, otorgando 10 días al gobierno nacional para que enviara un informe que especifique, según la notificación, “las medidas que se han tomado respecto de los actos de agresión denunciados (...)”. Otro punto es si se ha cumplido o no con la ley nacional 26.160. Y por último, se solicita “el estado de la revisión territorial para formalizar la titulación de la Comunidad (...)”. Sin embargo, “el relevamiento del territorio que corresponde a los indígenas –a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– debería haberse terminado a fines de 2009, pero aún no se empezó”, aseguró Salgado. “Esto sucede porque el gobierno provincial pone todos los obstáculos legales y políticos”, ya que el relevamiento “implicaría hacer una historia de cómo se fueron entregando las tierras”, aseguró.
Tal como lo publicó este diario, alrededor de 70 efectivos policiales, el 2 de diciembre, se hicieron presentes en el cerro Belvedere para hacer cumplir la orden de desalojo, dictada por el juez Jorge Videla, del Juzgado Multifueros. Este episodio –y más que el episodio, los propios mapuches– quedó marcado por la violencia policial, que arrasó con viviendas y mapuches. Desde ese momento, la comunidad convive con una presencia policial constante en el lugar, que desató “dos ataques más”, según informó Amandina Gutiérrez, una de las integrantes de la comunidad.
El cuarto y último episodio sucedió el pasado lunes, cuando la comunidad fue a defender uno de sus lugares sagrados, el Rewe, donde los antiguos pobladores hacían sus ceremonias. Cuando se enteraron de que Fisher había instalado en él maquinarias para la remoción del suelo y la apertura de caminos, los pobladores decidieron protegerlo. Presentaron un hábeas corpus en el Juzgado Multifuero, que posteriormente fue rechazado. “Luego –explicó Gutiérrez–, nos dirigimos al lugar para dialogar y explicarles la importancia de ese espacio, que no debe ser tocado de ninguna forma.” Pero “nos dieron cinco minutos para dejar el lugar y después fuimos sacados por la policía local y efectivos de Grupos Especiales, utilizando balas de goma”. Al día siguiente, las máquinas de Fisher siguieron trabajando durante todo la jornada en “la destrucción de ese sitio histórico”, aseguró María Isabel Huala, otra mujer de la comunidad.
En medio de estos continuos atropellos, la comunidad Paichil Antriao exige la efectiva intervención del Estado, al que exige el inmediato cese de la criminalización, hostigamiento, represión y despojo de sus tierras.
Informe: Rocío Ilama.
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