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El encarcelamiento de mujeres aumentó de “manera exponencial” en las prisiones federales del país: 350 por ciento en menos de dos décadas, según revela un estudio de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria y el CELS. Siete de cada diez detenidas están procesadas o condenadas por violación a la Ley de Estupefacientes. Un amplio porcentaje está acusada de ser “mula” y es la primera vez que está detrás de las rejas. La gran mayoría son madres y tenían hijos pequeños y/o adolescentes a cargo al momento de caer en prisión, que en muchas ocasiones sufren “situaciones directas de desamparo”. “Las mujeres están detenidas por la política criminal de persecución a los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico”, denunció en diálogo con Página/12 Laurana Malacalza, coordinadora del Area de Género del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. El informe, que se presentó ayer en la Facultad de Derecho de la UBA, apunta a hacer visibles las particularidades que adquiere la privación de la libertad en el caso de las mujeres “por las gravísimas consecuencias que provoca en sus hijos menores de edad” y a plantear la necesidad de buscar alternativas al encierro como pena hegemónica para ellas.
“Existe una gran desproporción entre el daño social que producen los delitos por los que principalmente se encarcela a las mujeres en el sistema federal y el castigo al que son sometidas”, advierte el estudio, que lleva por título “Mujeres en prisión: los alcances del castigo”. La investigación describe todas las violencias, abusos y vulneración de derechos que sufren las mujeres detenidas, entre otras, “requisas vejatorias” que consisten “en desnudos totales y en la revisión de la zona vaginal y anal, que todavía se practican a pesar de estar prohibidas por la legislación internacional”.
Según datos oficiales, la población femenina en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) pasó de 298 en 1990 a 1039 en 2007. Los organismos que participaron del trabajo impulsan una reforma legislativa y de las prácticas judiciales que permita suspender el encierro cuando “se trata de mujeres primarias imputadas por delitos no violentos, como el caso del tráfico de drogas a pequeña escala”, se explicó ayer.
“Las mujeres llegan ahí porque hay políticas criminales irracionales y políticas judiciales absolutamente restrictivas”, consideró Fernanda López Puleiro, defensora pública oficial a cargo de la Secretaría de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación, en la presentación del estudio. Puleiro estuvo acompañada de Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, y Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación. “Claramente son víctimas de los delitos, más que perpetradoras”, analizó Chillier, sobre la singularidad de las mujeres en cárceles federales.
Como parte de la presentación, en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho, hubo un panel con especialistas que reflexionaron sobre los hallazgos de la investigación. Una de las expertas fue Malacalza. “Son muy preocupantes los índices de violencia de parte de los agentes federales hacia las mujeres detenidas”, indicó Malacalza a este diario. La investigación advierte que el ejercicio de la violencia física por parte del SPF “no pareciera ser un hecho marginal y excepcional sino que hace referencia a prácticas cotidianas y sistemáticas: el 32 por ciento de las mujeres encarceladas reconoce haber presenciado situaciones de violencia física en prisión –golpes, patadas, empujones– ejercidas directamente por personal penitenciario sobre alguna detenida y el 8 por ciento afirma haber sido personalmente objeto de estas situaciones”. La investigación muestra que las mujeres encarceladas pertenecen a los sectores más vulnerables.
Para la realización del estudio se combinó información cualitativa y cuantitativa, y se llevó adelante una encuesta a 148 mujeres privadas de libertad del SPF, alojadas en distintas unidades del país. El estudio refleja que el 86 por ciento de las encuestadas son madres y en su gran mayoría encabezaban familias monoparentales en las que ejercían la jefatura del hogar. Otro dato significativo es que casi la mitad de las presas son extranjeras. El 80 por ciento son primarias, es decir, no estuvieron detenidas en otra oportunidad. En el caso de las extranjeras, ese porcentaje es aún mayor: alcanza al 90 por ciento. El 55,4 por ciento de las encuestadas se encuentra con prisión preventiva, “una medida cautelar que, en tanto afecta derechos de rango constitucional, debe aplicarse con carácter excepcional”, advierte el informe. El estudio denuncia particularmente el impacto del encierro de las mujeres sobre los hijos menores de edad que perdieron la convivencia con ellas: “Algunas de las consecuencias más reiteradas son el desmembramiento del grupo familiar, la pérdida de contacto con la madre, peregrinación por distintos hogares, incremento de la vulnerabilidad económica, abandono de los estudios o dificultad de aprendizaje, situación de explotación laboral infantil, depresión, problemas de salud, entre otros”.
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