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La Corte Suprema conminó a los ministros de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, y de la Nación, Nilda Garré, a que cumplan con la orden judicial de desalojar un complejo de viviendas en el Bajo Flores que estaba destinado a reubicar a habitantes de dos asentamientos precarios situados junto al Riachuelo, pero fue ocupado antes de que el traslado se concretara. Desde mediados de marzo ambos funcionarios pelean por cuál de los dos debería hacer efectivo el desalojo. El máximo tribunal los citó ayer a una audiencia en la que aceptaron acatar la medida y acordaron un plan que comenzará con un intento de mediación con los ocupantes (a quienes se les ofrecerá un alojamiento transitorio del gobierno porteño) y que, en el peor de los casos, podría terminar con la detención de quienes se resistan a irse. El procedimiento en sí, que aún no tiene fecha cierta, estará a cargo del gobierno porteño con apoyo de su Policía Metropolitana. La Federal o bien la Gendarmería tendrán que evitar la reocupación. Los policías tendrán prohibido concurrir armados a las negociaciones.
La ocupación de los monoblocks en el Bajo Flores lleva ya dos meses y hay unas 120 personas instaladas. Desde marzo hasta ahora, el juez federal de Quilmes Luis Armella firmó cuatro resoluciones con diversas directivas orientadas al desalojo de estas viviendas, que fueron construidas para relocalizar a las familias de los asentamientos El Pueblito y Luján, que viven entre cartones, chapas y enfermedades producto de la contaminación. Armella es el juez que tiene delegada la tarea de garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte que en 2008 ordenó la limpieza del Riachuelo y medidas complementarias, como la urbanización de villas y asentamientos precarios que integran la cuenca. El 6 de abril, el magistrado recurrió al máximo tribunal con el argumento de que ni la Ciudad ni la Nación acataban sus disposiciones.
Mauricio Macri acusaba al gobierno nacional de “no haber protegido el lugar” a través de la Policía Federal. En la cartera de Garré sostenían que debía actuar la Metropolitana por tratarse de viviendas construidas por el gobierno porteño, que son de la Cooperación Buenos Aires Sur. Pero decían que había que adecuarse al “escenario complejo” que plantea el problema de la cuenca Matanza-Riachuelo. En el ínterin, se agravó la situación de quienes ocupan los monoblocks, donde cerca de la mitad son niños, que están impedidos de recibir agua y comida.
Los jueces de la Corte analizaron la situación y concluyeron que el asunto debía ser abordado “como un problema social” y no “como delito de usurpación”. “Hay dos grupos en situación de extrema necesidad”, describió un funcionario cortesano. Finalmente, Garré y Montenegro fueron citados a una audiencia con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco. También estuvieron la viceministra de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño, y la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social porteño Guadalupe Tagliaferri.
El encuentro empezó cerca de las cinco de la tarde con una advertencia de Sus Señorías sobre la obligación de acatar los fallos judiciales, según el acta. Luego, cual árbitros, invitaron a los funcionarios a ponerse de acuerdo en un “programa de ejecución del fallo” de Armella. En base a las acciones reclamadas por el juez, los supremos sugirieron qué papel le debería tocar a cada administración. El esquema quedó así:
- Para empezar habrá una “instancia de mediación” para “persuadir a los ocupantes que abandonen el lugar”. “Estará a cargo de la Ciudad Autónoma” que llevará un equipo integrado por el SAME, el Programa Buenos Aires Presente del Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
- Las personas que acepten irse en forma voluntaria serán censadas y se les ofrecerá alojamiento en “dispositivos de atención transitoria del Gobierno de la Ciudad” donde les proveerán alimentos, agua y asistencia médica. El objetivo del censo es verificar quiénes tienen beneficios sociales (asignaciones, subsidios, jubilaciones, pensiones, empleo registrado).
- El personal que lleve adelante el censo tendrá custodia de la Policía Metropolitana. Se establecerá un plazo de pocas horas para que la gente “manifieste su voluntad de desocupar el lugar”. “Si hay negativa, serán trasladados obligatoriamente” y para eso “actuará la Policía Metropolitana”, dice el acta.
- El Estado nacional deberá designar a la Policía Federal o la Gendarmería para “establecer un cerco que impida otras ocupaciones y evite agresiones a los mediadores”. El cerco se mantendrá hasta el momento en que las viviendas sean entregadas a sus destinatarios de los asentamientos El Pueblito y Luján. La fuerza que intervenga tendrá, como ocurre en otros operativos, un papel de garante o contención a la fuerza local que actúa.
- Se constatará que la Metropolitana vaya desarmada y se filmará todo el operativo.
- Frente a la resistencia de los ocupantes a retirarse, explicaron en la Corte, lo más factible es que intervenga el fiscal, y ordene detenciones si considera que hay delito. En ese caso también podría llegar a intervenir la Federal.
La Corte firmará hoy una resolución para homologar este esquema. El objetivo, más allá del caso puntual –explican fuentes del tribunal–, es generar “un standard o modelo de actuación” que eviten a futuro situaciones de desalojo violento como el que inició la crisis del Parque Indoamericano.
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