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Por primera vez en su historia, la Organización de las Naciones Unidas reconoció que existe la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. El paso, fundamental para la redefinición de qué se entiende por igualdad, fue la resolución del Consejo de los Derechos Humanos que pidió a los Estados actuar para poner fin a la discriminación al colectivo LGBT y, además, encargó a la comisionada de Derechos Humanos, Navanethem Pillay, que documente la situación a este respecto “en todas las regiones del mundo” y presente el estudio en diciembre de este año. Argentina fue uno de los copatrocinantes de la resolución, que obtuvo 23 votos a favor (entre ellos, los de todos los países americanos presentes en el Consejo) y 19 en contra (países africanos y árabes, que habían reclamado definir previamente qué se entiende por “orientación sexual”), además de tres abstenciones. El texto destaca la necesidad de combatir esa discriminación, dado que “todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y derechos”.
La resolución fue “histórica” y “marcó la inclusión del problema (de la discriminación y la violencia por estos motivos) en el contexto de protección de los derechos humanos y acompaña desarrollos del contexto nacional, incluyendo la legislación interna, para la protección de derechos humanos en Argentina”, expresó el representante argentino, Héctor Raúl Peláez, al momento de explicar el voto favorable del país, según señaló un comunicado del propio Consejo de Derechos Humanos.
Tras años de presentar infructuosamente iniciativas que reconocieran la existencia de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, el éxito de la resolución significó, entre otras cosas, el reagrupamiento de los países favorables a la resolución en torno de una definición más amplia de igualdad. Además de Argentina, en tanto copatrocinante de la iniciativa, y Brasil, uno de sus impulsores principales, la resolución contó con el apoyo de Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y Estados Unidos, por el continente americano; Bélgica, Francia, Hungría, Noruega, Polonia, España, Suiza, Eslovaquia, Inglaterra y Ucrania, por Europa; Japón, Corea del Sur, Tailandia, Islas Mauricio, por Asia. Se opusieron, en cambio, Angola, Camerún, Djibouti, Bangladesh, Gabón, Ghana, Mauritania, Nigeria, Senegal, Uganda, Bahrein, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Malasia, Maldivas, Pakistán, la Federación Rusa y Moldavia. Las abstenciones fueron de Burkina Faso, China y Zambia.
La resolución señala la “gran preocupación” del organismo “ante actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual y su identidad de género”.
Durante años, la férrea oposición de los países de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) había frenado toda posibilidad de avance de la resolución en el Consejo. Esta vez, marcó la diferencia el apoyo explícito de la delegación de Sudáfrica, que redactó el texto y lo sometió a votación. El representante de Pakistán advirtió que la OCI se encontraba seriamente preocupada porque el Consejo había “elegido discutir nociones muy controversiales”. Se trató, declaró, de un “intento de introducir en la ONU nociones que no tienen fundamentos legales en la legislación internacional de los derechos humanos y en los estándares de derechos humanos”. La OCI insistió, por ello, en que tratar el borrador de la resolución finalmente aprobada “distraería la atención del Consejo de otros asuntos importantes”.
El panorama que durante estos meses debe relevar la comisionada Pillay, seguramente dará cuenta de los 76 Estados que, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional, todavía criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. De acuerdo con lo mandatado por la resolución, el informe a terminar en diciembre de este año debe documentar “las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia en contra de individuos, en base a su orientación sexual y su identidad de género, en todas las regiones del mundo”. También, y precisamente en base a eso, dar cuenta de cómo “la legislación internacional de derechos humanos podría ser usada para dar fin a la violencia y las violaciones a los derechos humanos en base a orientación sexual e identidad de género”.
En Argentina, las organizaciones de la diversidad celebraron lo sucedido. “Esperamos que esta resolución impulse el debate en el ámbito de las Naciones Unidas para terminar con las leyes penales que en más de 70 países condenan a las personas por su orientación sexual o su identidad de género, en siete de ellos con la muerte”, señaló el presidente de la Federación Argentina LGBT, Esteban Paulón. “Además, esperamos que muy pronto países como Guyana, Jamaica o Belice modifiquen estas leyes para iniciar el camino a una región libre de discriminación. Esperamos que en particular ámbitos como la OEA y la Unasur sirvan como marco” para avanzar en los cambios legislativos, agregó. Por su parte, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) definió la resolución como un “logro revolucionario”, que por primera vez en la historia del organismo “pone la atención específica a violaciones de los derechos humanos” basadas en el reconocimiento de la diversidad. Lo sucedido “es un antecedente mundial por la no discriminación” a la comunidad LGBT, señaló el presidente de la entidad, César Cigliutti. Por ello, es una “señal de apoyo a los defensores de los derechos humanos que trabajan sobre estas cuestiones”.
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