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Centenares de mujeres habrían pasado a ser explotadas por proxenetas, y decenas de mujeres podrían haber caído víctimas de redes de trata... como consecuencia de procedimientos supuestamente efectuados contra la trata. Así lo denuncia la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar). Posibles víctimas de trata son, según la entidad, más de 80 mujeres que trabajaban en locales allanados en la Ruta 36 de la provincia de Buenos Aires: se perdió todo contacto con ellas después de que la policía las “liberó”. Un caso que las activistas consideran emblemático es el de la localidad de 25 de Mayo, donde –según denuncian– un grupo de mujeres que trabajaban por su cuenta fue llevado por la fuerza a un albergue para indigentes, se les quitó todo su dinero, se las sometió a una “entrevista psicológica” compulsiva y, cuando volvieron a su domicilio, encontraron que una faja de clausura les prohibía entrar. Estos procedimientos estarían ocurriendo en todo el país: “Lo único que logran es clandestinizar la actividad, fortalecer a los proxenetas y alentar la extorsión policial”, denuncian. Pero su reclamo esencial es: “No somos escuchadas”. Mientras tanto, Ammar, a través de su centro de salud de La Plata, inició una campaña de vacunación contra la hepatitis B.
“Las chicas eran mayores de edad, trabajaban por decisión propia en un bar, cerca de la localidad de 25 de Mayo. La Policía Bonaerense y la Gendarmería entraron compulsivamente; les quedaron marcados los brazos por el forcejeo”, contó Soledad Díaz, titular de Ammar-Provincia de Buenos Aires. “Las sacaron del lugar donde vivían, que alquilaban ellas mismas –agregó Gastón Fingermann, abogado de Ammar–. Con el argumento de que dormían dos en una pieza y tres en otra, las consideraron ‘hacinadas’, por lo tanto en ‘situación vulnerable’, les quitaron el dinero y los celulares y las mandaron a un refugio municipal para indigentes. Allí una psicóloga las entrevistó aunque ellas no lo deseaban; como no querían quedarse allí, las dejaron ir pero, cuando volvieron a su casa, donde tenían todas sus cosas, encontraron una faja de clausura municipal, sorprendentemente firmada por un médico veterinario.” “Es porque nos tratan como animales, no nos escuchan como a personas”, comentó Díaz.
“En la Ruta 36, provincia de Buenos Aires –contó también Fingermann–, cerraron un montón de cabarets, supuestamente por trata: allí había casi cien chicas que no eran tratadas, es decir, no estaban retenidas contra su voluntad, aunque sí eran explotadas por proxenetas que se quedaban con parte de su ingreso y que no fueron molestados por la policía. A las chicas las soltaron, también después de quedarse con su dinero y sus celulares; Ammar perdió contacto con ellas, dejaron de ir a los talleres (ver recuadro); no sabemos si algunas, las verdaderamente vulnerables, terminaron en situación de trata.”
María Eugenia Aravena –titular de Ammar Córdoba– conceptualizó esos operativos como “medidas cosméticas, que tranquilizan a una cierta parte de la sociedad en relación a la lucha contra la trata, pero no hacen más que clandestinizar la actividad. En Córdoba, el 30 de mayo se aprobó una ley que, bajo el argumento de luchar contra la trata, prohíbe todo tipo de locales donde se ejerza la prostitución. Ya en abril hubo una serie de allanamientos, a cargo de la Justicia Federal, donde catalogan por ‘vulnerables’, como supuestas víctimas de trata, a mujeres que forman parte de Ammar: han firmado su ficha de afiliación, son mayores de edad. Al mismo tiempo se hacían allanamientos por la policía de Córdoba, en función del Código de Faltas, donde ponían a las chicas bajo arresto domiciliario y les exigían compulsivamente análisis de VIH, y esto está prohibido”.
“Así no van a eliminar la trata –concluyó Elena Reynaga, ex titular y fundadora de Ammar–; al contrario, nos exponen a los riesgos de la clandestinidad. Después de los allanamientos, ¿alguien se preocupa por saber adónde van las compañeras que estaban en esos lugares? El 86 por ciento de las trabajadoras sexuales son jefas de hogar, que con su trabajo alimentan y educan a sus hijos: ¿alguien está preocupado por eso? No se hacen las cosas así... Todo el tiempo se obvia la consulta con nosotras, la pregunta de qué es lo que queremos. Ammar tiene más de 4000 afiliadas: no nos victimicen, no hablen en nuestro nombre porque tenemos nuestra propia voz.”
“Nosotras podemos ayudar a enfrentar el verdadero problema de la trata; tal vez podamos conseguir información, pero necesitamos un lugar confiable donde hablar. No queremos poner otra vida como la de Sandra Cabrera (asesinada en 2004 en Rosario luego de haber recibido amenazas por su militancia en Ammar; el crimen permanece impune). Hoy se fomenta el proxenetismo. Las compañeras que se juntan en cooperativa para trabajar por su cuenta, si quieren alquilar un departamento no pueden, tienen que buscar un intermediario; si quieren publicar un aviso, tienen que hacerlo en el mismo diario que tenía el ‘Rubro 59’ y que ahora les cobra más caro, o en la web, que antes era gratis y ahora hay que pagar. Y todas las semanas viene la policía a cobrar coima. Entonces, muchas terminan cayendo en manos de proxenetas, que tienen recursos para tratar con la policía y hacer publicidad. A más prohibición, más negocios para otros a nuestra costa”, concluyó Reynaga.
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