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Defender las semillas criollas y avanzar hacia la soberanía alimentaria son las consignas principales en el Día Mundial de la Lucha Campesina, que se conmemora hoy. En Argentina, con un piso de nueve millones de hectáreas rurales en disputa, perdió estado parlamentario el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Y todas las organizaciones de base denuncian el avance del agronegocio y cuestionan la falta de apoyo del Estado a los sectores populares del campo.
“Las semillas tienen un lugar fundamental en la lucha por la soberanía alimentaria. De ellas depende el alimento de los pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva”, explica el llamamiento de la Vía Campesina, que nuclea organizaciones de 70 países y denuncia la “privatización” de las semillas que impulsan las grandes empresas.
El Movimiento Campesino Indígena (MNCI) se movilizará hoy en varias provincias y el 1º de mayo en Capital Federal; junto al Movimiento Evita y otras organizaciones marchará al Ministerio de Trabajo, a Desarrollo Social y al de Agricultura. “Denunciamos la falta de recursos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y reclamamos una ley integral para el sector”, afirmó Diego Montón, del MNCI. También alertó por un proyecto de ley de semillas impulsado por Monsanto y resaltó que “el extractivismo no posibilita ningún proyecto nacional ni latinoamericano”.
En Sáenz Peña (Chaco), hoy habrá una gran asamblea convocada por la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores Rurales (Cocitra). Será para definir detalles de un plan de lucha provincial. “El agronegocio avanza y no tenemos apoyo real de provincia ni de Nación”, resumió Raúl Galván. Señaló que saldrán en tractores, camionetas, carros y a caballo para visibilizar la situación campesina. Cuestionó al Poder Legislativo: “Pasaron años y ni leyeron el proyecto de ley para frenar los desalojos. No les importamos”. Reveló que sólo se financian proyectos a “organizaciones paraestatales, oficialistas”.
El 17 de abril de 2011 se presentó en el Congreso un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Fue impulsado por el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte, el Frente Nacional Campesino, el Movimiento Campesino Liberación y el Foro de la Agricultura Familiar, entre otros. En noviembre de 2011, cuando asesinaron al campesino Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, fue vuelto a presentar, junto a legisladores del oficialismo. En octubre de 2012 asesinaron al campesino Miguel Galván. El proyecto de ley nuevamente fue presentado. Luego de tres años, el proyecto no fue tratado y perdió estado parlamentario.
El Ministerio de Agricultura reveló en 2013 que hay un piso de 9,3 millones de hectáreas en disputa y 64.000 familias campesinas e indígenas afectadas.
Desde la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), José Luis Castillo, señaló que tanto hoy como el 19 (Día del Indígena Americano) son momentos de “reflexión, unión y lucha”. Resaltó como positivo que en los últimos años se logró el trabajo conjunto de organizaciones campesinas. Señaló cuatro ejes de acción: freno a los desalojos, crear un instituto de la agricultura familiar, financiamiento para el sector y declarar la función social de la tierra (que fue eliminado en 2013 del proyecto de Código Civil). “La caja del Ministerio de Agricultura sigue siendo para el agronegocio. Y las monedas para agricultura familiar”, cuestionó.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) del Frente Darío Santillán está formada por productores hortícolas. Elaboraron la propuesta de una “colonia agrícola integral de abastecimiento urbano”, un espacio de producción de alimentos sanos y para los sectores populares. Aunque fue presentado a distintas instancias del Estado, siempre chocó con la burocracia y la indiferencia. Luego de un acampe de dos días, el Ministerio de Agricultura de Nación se comprometió en 45 días a ofrecer tierras fiscales donde producir, y créditos blandos para insumos y maquinarias.
Nahuel Levaggi, de la UTT, evaluó que la “correlación de fuerzas es muy desigual” entre el agronegocio y el campesinado, afirmó que “el único que puede equilibrar esa balanza es el Estado” y se animó a la autocrítica: “Tenemos que elaborar propuestas, presionar arriba para poder plasmarlas y evitar la fragmentación del campo popular”.
En el norte de San Luis habrá jornada de trabajo comunitario para producción de alimentos. Será en la Asociación Campesina del Valle de Conlara, organización rural que en 2013 obtuvo un fallo favorable de la Justicia para frenar las fumigaciones. Sin embargo, en los que va de 2014, los campesinos sufrieron cuatro fumigaciones. “Hicimos las denuncias y ahí estamos, resistiendo”, señaló Goyo Arias, de la Asociación Campesina. Recordó que en la zona están presentes Cresud, Monsanto y pooles de siembra que inundan los campos con soja y maíz transgénico. Resumió el 17 de abril como “un día de reivindicación de nuestros derechos y también de reivindicación de la vida digna del campesino, una forma de vida que muchos poderosos no quieren respetar”.
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