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Desde Córdoba
La disputa por la tierra en Córdoba tiene un rostro violento. En una provincia con un déficit habitacional de casi el 50 por ciento de los hogares, 319 personas fueron judicializadas en conflictos por ocupación de terrenos ocurridos en los últimos 14 meses. Las cifras fueron publicadas en un reciente informe del grupo de investigación académico El Llano en Llamas, desde donde se sostiene que “la primera presencia del Estado se da en la forma de un cordón policial de aislamiento y control”.
El colectivo, compuesto por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica, presentó el trabajo “Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas políticas-sociales en la provincia de Córdoba”. El documento de 44 carillas aborda aspectos como la represión policial frente a la manifestación social, las razzias en barrios pobres y la judicialización de la demanda de tierras. Entre sus primeras conclusiones, plantea que en la actualidad “la idea de orden” se concreta “a través del dispositivo del control y la seguridad”. “Y son específicamente los lugares de residencia de los sectores populares los que se ven atravesados y organizados por diversas formas de violencia que supone este dispositivo, habilitando la constitución de un territorio fragmentado y excluyente.”
Entre abril de 2013 y junio de 2014, se relevaron ocho conflictos por la tierra en los que hubo personas judicializadas. Desagregados por zonas, se observa que el nivel de judicialización en áreas periurbanas alcanza al 93 por ciento de los casos, con 296 imputados. En tanto que en las áreas urbanas se reportaron siete imputados y en las rurales 16. Los investigadores destacan como “una constante” la imputación por el delito de usurpación (artículo 181 del Código Penal) para quienes ocupan terrenos ociosos. Sobre este punto, los académicos resaltan que “al ser este un conflicto entre partes y no un delito penal, habilitar esta vía mostraría un carácter parcial, clasista y criminalizador del Poder Judicial”.
Respecto del rol del Poder Ejecutivo, “la respuesta inmediata ha sido la ‘policialización’ de los territorios en conflicto”, analiza la politóloga Mercedes Ferrero, miembro de El Llano en Llamas. Frente a la ocupación espontánea de lotes, “la primera presencia del Estado se da en la forma de un cordón policial de aislamiento y control”. En algunos casos esta modalidad se extiende en el tiempo, como en el barrio Comechingones en Cuesta Blanca, cercano a Carlos Paz, que “lleva catorce meses de presencia policial ininterrumpida”. Este accionar, agrega Ferrero, “implica un amedrentamiento permanente y situaciones extremas de violencia como la prohibición de entrar alimentos, agua potable y abrigo”.
En otro trabajo publicado en mayo del año pasado, titulado “Tomas de Tierras en la Provincia de Córdoba”, el grupo de investigación señalaba el déficit habitacional en casi el 50 por ciento de los hogares provinciales y un aumento de la población de los asentamientos marginales en un 62 por ciento, de 2001 a 2010. En base a datos del Censo Nacional de 2010, puntualizaron que Córdoba presenta “hacinamiento crítico” en el 3 por ciento de sus hogares, situación que afecta a 194.318 personas. Mientras que más de 350 mil personas (10 por ciento) poseen viviendas deficitarias.
“Frente a este déficit, el Ejecutivo no puede abordar el tema de esta forma, con represión”, plantea el abogado Ignacio Andrés, del Encuentro de Organizaciones (EO). Desde ese movimiento territorial han acompañado reclamos de tierra como el de Cuesta Blanca, ocurrido en abril del año pasado. Tras el inicio de la toma, y la posterior detención de seis personas que ocupaban el terreno, el abogado se hizo presente en una manifestación frente a la comisaría de Carlos Paz. El resultado: otros quince detenidos, “por entorpecer las vías de comunicación”, incluido el defensor del EO.
Mediante estos mecanismos, “se corre el eje y tenemos que salir a hablar de las represiones, de los detenidos, y del delito de usurpación, y no hablamos del grave déficit habitacional”. En cambio, “cuando son los grandes desarrollistas los que avanzan, hablan de derecho real y usucapión”. Sobre este punto, Andrés coincide con el trabajo académico acerca del error que implica utilizar la figura de usurpación frente a las ocupaciones. “Eso sólo corresponde cuando una persona despoja a otra y no es lo que ocurre cuando hay una toma.” El abogado del EO es aún más explícito: “El Código Civil determina que la forma originaria de obtener la tierra es la posesión, y no la compra y venta”.
A estos conflictos recientes pueden agregarse ocupaciones que ya llevan una década sin solución. El caso de Ampliación Pueyrredón, en el noreste de la capital cordobesa, es un caso testigo. Esta toma, nacida en 2004, está sostenida por 200 familias que ocupan cerca de 180 terrenos. A pesar de haber firmado actas acuerdo con el gobierno provincial, en 2010 y 2012, en las que se plantea la expropiación de las tierras a favor de los ocupantes y un plan de pagos de las mismas, aún nada se ha concretado. “Hay casos como el nuestro que vienen de hace tiempo y no tienen solución, entonces ante cada nueva situación optan por la represión”, analiza Facundo Stimolo, miembro del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) quien milita en ese barrio.
En Ampliación Pueyrredón, como en otros puntos de la ciudad, se conjugan “procesos de expulsión de personas que no pueden vivir en el centro y otros recién llegados del campo”, describe Stimolo. En otras palabras, Ignacio Andrés sostiene que “los desarrollistas te empujan hacia afuera y el agronegocio empuja hacia la ciudad, y te dejan en un no lugar”.
Desde el poder público, entiende la politóloga, se ha seguido el ritmo del sector desarrollista inmobiliario. “Los procesos de renovación urbana han avanzado en un sentido elitista y segregador.” En particular, “las ordenanzas municipales habilitan cualquier cantidad de excepciones a la normativa vigente para favorecer a los desarrollistas urbanos y obtener de allí ingresos a las arcas ‘públicas’ por medio de lo que se denomina ‘captación de plusvalías urbanas’”.
Frente a este panorama, Stimolo reclama “un plan de vivienda con claras delimitaciones territoriales y con la posibilidad de que esos que llegan expulsados puedan volver al campo”. “En estas zonas de la ciudad terminan viviendo en pésimas condiciones y rodeados de violencia, muchas veces provocada por el propio Estado.” Para Ignacio Andrés urge un “profundo cambio en la política pública, porque en este camino la situación de conflicto va a agudizarse”.
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