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Derechos consagrados en legislación nacional e internacional; agronegocios, minería y petróleo; judicialización y ley antiterrorista, derechos humanos y territorios son algunos de los temas que se abordarán en la Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, que comienza hoy y se desarrollará hasta el viernes próximo en la Ciudad de Buenos Aires. Con la participación de más de un centenar de autoridades originarias de todo el país, será también un respaldo a los pueblos indígenas de Formosa que acampan desde hace tres meses en la Avenida 9 de Julio. “El mundo occidental y blanco ve nuestros territorios como espacios para explotar, sacar riquezas y contaminar. Así el territorio muere, y también morimos nosotros. Por eso nos organizamos para que se cumplan nuestros derechos”, explicó Jorge Palomo, wichí de Formosa.
El encuentro indígena se desarrollará en la Iglesia de la Santa Cruz (Carlos Calvo 3121), espacio emblemático de los derechos humanos y resistencia a la dictadura cívico-militar. Ayer comenzaron a llegar los referentes y voceros de las comunidades. A las 9 de hoy será el acto de apertura, encabezado por las comunidades indígenas de Formosa nucleadas en la organización Qopiwini Lafwetes (reúne a los pueblos qom, pilagá, wichí y nivaclé), que acampan desde febrero en Avenida de Mayo y 9 de Julio en reclamo de sus derechos.
Se conformarán diez grupos de trabajo que harán un panorama de situación por cada tema, desde lo local hasta lo provincial y nacional, con estrategias de acción y propuestas. Algunos de los temas serán el modelo extractivo y sus consecuencias, el territorio, modelo agropecuario, energía nuclear, gasoductos que atraviesan territorios indígenas, acceso y reservas de agua, judicialización, legislación y cumplimiento de derechos, entre otros.
También se abordará la minería de litio (elemento vital para las baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos) que avanza en Salta y Jujuy, en territorios de comunidades kollas y atacama que ven vulnerados sus derechos. En el mismo sentido, todos los pueblos originarios exigen el cumplimiento del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (vigente en tratados internacionales de derechos humanos, que implica la participación indígena ante cualquier hecho que pueda afectarlos).
Se hará hincapié en el incumplimiento de la Ley Nacional 26.160, aprobada en 2006. Ordenaba revelar en tres años todos los territorios indígenas del país. En 2013, un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) precisó –en base a información oficial– que sólo se había finalizado los trámites administrativos del 13 por ciento de las comunidades originarias y se había gastado el 76 por ciento del presupuesto. En el encuentro se hará un análisis actualizado del relevamiento territorial.
Un tema que se sumó a último momento es un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena que se analiza en el Congreso Nacional y en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero que aún no fue puesto a consulta (como obliga la legislación vigente) de las organizaciones de pueblos originarios. “También tenemos reclamos por falta de la salud, de educación, agua, pero lo principal es el territorio”, aclaró Jorge Palomo, wichí de Formosa.
Confirmaron su presencia líderes indígenas de Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, entre otras provincias. Y cuentan con el apoyo del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Nora Cortiñas y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. También estará presente la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización originaria del continente.
El viernes por la mañana será el plenario general de la Cumbre, donde se consensuarán la declaración final y las acciones directas. El objetivo es planificar acciones concretas, desde denuncias en tribunales hasta encuentros y movilizaciones, tanto por regiones como a nivel nacional.
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