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Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los quince mayores de oro. Es el principal yacimiento en explotación del país y es una obra faraónica que utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Trece años de explotación minera, cuatro derrames tóxicos comprobados, una decena de denuncias penales por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir sus promesas de bienestar regional. Es el emblema de la minería metalífera a gran escala. En mayo último, la Justicia de Tucumán procesó al vicepresidente de la empresa, Julián Patricio Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación. Sólo un mes después, el Organismo Latinoamericano de Minería (Olami) retrucó: la premió en el rubro Gestión social por su “Plan de mejora del sistema educativo”, elaborado e implementado junto a la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), donde se capacitó a los maestros para el cuidado del medio ambiente.
El secretario general de Olami, Hugo Nielson, es también el titular del Centro de Estudios para la Sustentabilidad de la Universidad de San Martín. Nielson –que rechazó dialogar con este diario– diseñó y ejecutó el premiado programa educativo de Minera Alumbrera. Según publicidad corporativa, el yacimiento asiste a 150 escuelas con material didáctico, tecnológico y de construcción. Junto a la ONG cordobesa Los Algarrobos dicta cursos a docentes sobre el cuidado del medio ambiente en los departamentos de Belén, Andalgalá, Santa María y Tafí del Valle (epicentro de las denuncias contra la empresa). Subraya que tiene como objetivo “promover el cuidado de los recursos naturales de la región”.
Lo que más preocupa a las Asambleas Ciudadanas es que la Unsam, a través del Centro de Estudios, también impulsa la “Red de Prevención, gestión y manejo de conflictos para el desarrollo de la minería en Iberoamérica (Gecomin)”. Reúne a compañías mineras, ONG, espacios gubernamentales e investigadores con el objetivo de “desarrollar un modelo para un adecuado relacionamiento de empresas, comunidades y el Estado, que permita consolidar el desarrollo de la minería”. Su lema fundacional es menos eufemístico: “Construcción de consenso para la minería”.
La docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba Mirta Antonelli analizó el caso del premio Olami, Alumbrera, Universidad de San Martín y Gecomin. “Esta iniciativa busca modificar voluntades por medio de diferentes metodologías. ‘Procesos colaborativos’, ‘construcción de consensos’, ‘resolución de conflictos’, son nombres de distintas modalidades para desactivar la resistencia de las comunidades. Con las empresas colaboran ONG y algunas universidades”, explica Antonelli. Su trabajo, “Las estrategias corporativas de fabricación del crédito social”, detalla cómo las facultades son funcionales a las mineras y aportan legitimidad. “La incidencia de las empresas extractivas en la educación es una tendencia –sostiene Antonelli– prevista en el Plan Estratégico Comunicacional (PEC) para la industria minera en Argentina.”
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