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A lo largo de la Cordillera se multiplican las asambleas ciudadanas que enfrentan el desarrollo minero a gran escala, con denuncias de contaminación. Luego de cinco años de movilización comenzaron a ganar espacio en la agenda porteña y pusieron en evidencia una infraestructura jurídica (Ley 24.196), aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, con enormes ventajas impositivas. De idéntica manera, pero silenciada, las empresas forestales también contaron con la bendición menemista: la Ley 25.080, de Inversiones para bosques cultivados.
La ley beneficia tanto a personas físicas como jurídicas, y subsidia todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Cuenta con devolución del IVA y pueden amortizar el impuesto a las ganancias.
El artículo ocho es la envidia de cualquiera otra industria. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga tributaria”, explicita la ley.
El artículo 17 de ley no utiliza la palabra subsidio. Prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el Estado cubrirá, para las plantaciones de hasta 300 hectáreas, el 80 por ciento de los costos de implantación. Para los campos de entre 300 y 500 hectáreas se cubrirá el 20 por ciento.
La Asociación Forestal Argentina (AFOA) participó, en la década del ’90, en la redacción de la norma. “Tomamos como referencia la ley minera”, admite Jorge Barros, vocero de la entidad, aunque al instante toma distancia: “Nuestro sector no tiene beneficios exagerados.” Dependiendo del producto, las exportaciones forestales tienen retenciones de entre el cinco y diez por ciento. Aunque desde AFOA solicitan su reducción a la mitad.
Raúl Gorriti milita junto a familias campesinas, integra la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) y desde hace una década estudia y denuncia el accionar forestal. En cuanto a la ley 25.080, no tiene dudas. “Es un negocio redondo. Esta expoliación de la naturaleza y los fondos públicos es la misma política que favorece a las petroleras y las mineras”, denuncia.
Eduardo Stirneman, del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform), impulsa la actividad y conoce la ley a la perfección. “El pequeño y mediano productor no tiene grandes probabilidades de ser beneficiados con la ley, sobre todo por la demora estatal en pagar los subsidios. Al pequeño no le sirve”, afirma. Y señala quiénes son los ganadores: “Los grandes productores”.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre pasado.
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