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Después de la decisión del Senado parece abrirse una nueva etapa, en la que destaca una tarea fundamental: definir cómo salir de manera progresista del proceso de estos últimos meses. Esto es posible si se retoma la reflexión sobre temas inmediatos y mediatos que requieren atención, con menos calificativos y más sustantivos.
Entre los temas inmediatos se destaca la manera de proteger el mercado interno, en especial los componentes relativos a las demandas propias de los asalariados. Como es obvio y más allá de lo que se escuchó recientemente, para evitar que los aumentos de los precios internacionales repercutan desfavorablemente sobre los precios internos el mecanismo puede pasar menos por la manera de operar sobre las exportaciones de granos. Más bien, es posible y necesario identificar a los sectores formadores de precios, tarea aún no encarada efectivamente.
Hay quienes sostienen que en dicha tarea se cometieron errores, calificativo quizás demasiado suave para aludir, por ejemplo, a la manipulación de las estadísticas públicas. Y aunque así los llamáramos, los errores se reparan con acciones de otro tipo, no perseverando en ellos. No es posible actuar sobre la inflación sin un sistema estadístico saneado.
Por otra parte, es muy saludable la convocatoria realizada en estos días al Consejo Nacional del Salario, la Productividad y el Empleo. Sin embargo, este organismo no podrá asumir compromisos y acuerdos en un marco de incertidumbre estadística como el existente. El necesario cambio de comportamiento respecto de la elaboración de estadísticas y el llamado a sesiones del Consejo no son independientes; por el contrario, deben y pueden confluir si se trata de recuperar la confianza y credibilidad en la política y las instituciones por parte de los sectores del trabajo en particular y de la sociedad en general.
La marcha atrás en materia de derechos de exportación, por su parte, requiere que en el plazo más breve se replantee una acción que –para su efectiva implantación– deberá recurrir a opciones que incluso surgieron –infructuosamente– del seno de la bancada oficial en el debate parlamentario. Y en materia de ingresos fiscales, a mi modo de ver el origen principal de la norma finalmente derogada, debe reconocerse que las sucesivas modificaciones propuestas habían terminado achicando las potencialidades recaudatorias de la resolución del 11 de marzo.
Un resultado posible de estos meses, que hay que reforzar, es que la ciudadanía disponga ahora de más y mejores elementos de juicio para valorar el sentido de la intervención fiscal para apropiar rentas que no deben beneficiar sólo a algunos pocos. Inclusive es posible que con las investigaciones en marcha por parte de la Oncca a raíz de denuncias judiciales se esclarezca quiénes han sido beneficiarios indebidos, especialmente en los momentos de cambio de las alícuotas. En varios sectores de la actividad económica hay múltiples ejemplos de comportamientos abusivos que en sentido estricto no surgen del mal llamado en general “sector del campo” sino de grupos productivos o de intermediación, muchas veces beneficiarios de transferencias cuyo propósito explícito es evitar el aumento indebido de precios pero que terminan contribuyendo a incrementar la rentabilidad de esos mismos grupos.
Sin duda, cualquier discusión sobre fondos públicos reinstalará con fuerza otro debate pendiente: el de la manera en que se asignan dichos fondos entre las jurisdicciones relevantes tanto desde el punto de vista político como jurídico. La coparticipación fiscal requiere un nuevo acuerdo que está pendiente desde mediados de la década anterior.
La tarea de la hora es aventar la crítica oportunista acerca de la política económica; para hacerlo es imprescindible especificar más claramente el rumbo a largo plazo que, naturalmente, es mucho más que una expresión de deseos.
Las virtudes de la recuperación resultante de la devaluación y del aprovechamiento de las nuevas condiciones de la demanda internacional de bienes primarios, junto con el “respiro” obtenido por los años del default redundaron en reconstrucción de parte del aparato productivo y en revitalización de la demanda laboral.
Como consecuencia de ello se recuperó una parte de la porción perdida por los trabajadores en la apropiación de la riqueza producida anualmente. Pero seguimos en una participación desventajosa visto siquiera respecto del fin del siglo XX. Esto deriva de que tan importante pero aún escasa recuperación se sostuvo más en el aumento de puestos de trabajo que en la mejora efectiva de la capacidad de compra de los ingresos laborales.
Por eso ahora el rol del Consejo del Salario, así como el de las convenciones colectivas de trabajo y, en general, de la política económica, entra en una etapa que requiere mayores debates y precisiones. En tal sentido no está de más insistir nuevamente en la centralidad del tema de la productividad del trabajo y de su apropiación.
Es mucho más que probable que en estos temas se ponga más claramente de manifiesto la conexión entre contenidos económicos y políticos. Quizás sea ésta una buena ocasión para que todas las representaciones políticas (existentes o por crearse) dinamicen la participación ciudadana en las cuestiones que nos son comunes. El acuerdo social postulado en la campaña electoral puede ser un buen punto de referencia. Claro que las sociedades contienen conflictos a veces muy intensos. Definir un rumbo de largo plazo puede ponerlos en tensión y la política está allí para procesarlos con menos imposición y más acuerdos. No es fácil, pero, más importante, es imprescindible.
* Investigador del Conicet/CepedUBA.
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