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En julio de este año la Cámara de Empresarios Mineros, a instancias del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, impulsó el “Plan estratégico de comunicación entre los privados y el gobierno” destinado a lograr la opinión favorable de funcionarios, académicos y población en general hacia la actividad minera. En ese marco, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, se explayó sobre las “bondades” del cianuro y los “beneficios” de la actividad en una entrevista publicada en el suplemento Cash de Página/12 (4 de octubre). Detrás de este discurso se encierran alianzas Gobierno-empresas que entregan el patrimonio de todos a unos pocos y nos condena al resto a la pobreza y a la contaminación. Mañana estaremos sedientos no sólo de justicia, sino también de agua, de nuestros añorados bienes naturales. Las leyes mineras legitiman esa entrega. Son leyes injustas, son actos de violencia, son contrarias a los derechos humanos fundamentales. Los vecinos de las poblaciones afectadas por la megaminería queremos compartir los motivos por los cuales nos oponemos al saqueo y la contaminación que estos emprendimientos generan.
- No pagan el 35 por ciento del Impuesto a las Ganancias ya que la Ley 24.196 los habilita a cargar de gastos sus estados contables y generar una ganancia prácticamente nula durante los primeros años. Primero deducen de la presentación a la AFIP los gastos de las etapas de prospección y exploración y estos mismos gastos también son incluidos en sus balances. O sea que los deducen dos veces. Además, podrán incluir como gastos y deducir de sus ganancias en el balance las inversiones (equipamiento, obras civiles, viales y de provisión de aguas, transporte y generación de energía, viviendas para el personal, obras de servicios de salud, educación, comunicaciones y otros servicios públicos). Basta con mirar los balances de los cuatro primeros años de Bajo La Alumbrera en Catamarca y Cerro Vanguardia en Santa Cruz.
- No pagan el 10 por ciento por las retenciones móviles dado que por aplicación del artículo 8 de la ley estas empresas “no podrán ver incrementada su carga tributaria total, considerada en forma separada en cada jurisdicción tomada al momento de la presentación del estudio de factibilidad, en los ámbitos nacional, provinciales y municipales”.
- No pagan el 3 por ciento por regalías provinciales ya que este porcentaje se calcula sobre el valor “boca de mina” de los metales declarados. Además al precio de venta del mineral se le restan todos los gastos operativos, reduciendo el valor en boca de mina a menos del 50 por ciento. Las regalías reales representarán apenas entre el 1,0 y el 0,5 por ciento del valor del mineral en el mercado.
- No pagan Ingresos Brutos porque mediante el acuerdo Federal Minero (Ley 24.228) las provincias firmaron la eliminación total de gravámenes provinciales y municipales. O sea que se comprometieron a no cobrarles a las mineras Ingresos Brutos, sellos, patentes, habilitaciones.
- No pagan el IVA: las grandes mineras no facturan porque no venden en el mercado local, o sea que no cuentan con débito fiscal para pagarle a la AFIP. Pero, al discriminar el IVA de sus compras, el Estado argentino les tiene que reintegrar el crédito fiscal en 60 días o canjearlo por préstamos bancarios de igual monto y el Estado debe hacerse cargo de los intereses hasta un 12 por ciento anual con un plazo de 2, 4 o 6 años.
- No pagan derechos de importación: las mineras están exentas de este gravamen y de tasas aduaneras de los equipos e insumos que importan.
Como si esto fuera poco, las mineras pueden efectuar la transferencia al exterior del capital y las ganancias en cualquier momento sin pagar cargas o impuestos sobre dichas transferencias y sin estar obligados a ingresar al país nada de lo que facturan en el exterior.
Empleos relacionados con la actividad, sobre la Población Económica Activa: en Perú, 0,9 por ciento; en Chile, 1,4 por ciento y en Brasil alrededor de 0,1 por ciento. En el Perú, los departamentos donde prevalece la minería ostentan los más altos niveles de pobreza en ese país. Cajamarca, donde está ubicada la mina de oro más grande de América latina, es el quinto departamento más pobre del país con 77,4 por ciento de su población viviendo en la pobreza y 50,8 por ciento en la extrema pobreza. En Oruro, Bolivia, siete de cada diez habitantes viven privados de agua, electricidad y servicios básicos de salud, mientras que en Potosí, ocho de cada diez viven en la pobreza extrema. En Catamarca y Santa Cruz los índices de pobreza e indigencia han aumentado considerablemente desde el inicio de esta actividad. Aunque sabemos perfectamente que ninguna cantidad de dinero será suficiente para compensar la contaminación con cianuro, drenaje ácido, metales pesados y otros tóxicos que deja a su paso la mega minería, siempre es bueno recordar que es un saqueo.
* María Amalia Souza, Nora Rodríguez, Alejandro Corbeletto, Humberto Kadomoto, Marta Sahores y Nilda Bulsomi.
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