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Generalmente, cuando se discute el desarrollo económico se centra el debate en cómo encarar la industrialización, en oposición a las visiones que lo dejan a lo que el mercado internacional marque como destino. En tal sentido, sería interesante que antes de debatir la industrialización, se cuestione el patrón de acumulación de capital y la apropiación de la renta, lo que deriva en pensar una solución política para un problema económico.
El impulso a la industria estuvo presente en el pensamiento de nuestro primer economista, Manuel Belgrano, quien a pesar de su formación en la fisiocracia sostenía en sus escritos económicos que la base de la agricultura debía estimular el desarrollo de la producción.
Desde la crisis del modelo agroexportador, que a punta de fuego había logrado imponer la oligarquía terrateniente, provocado por la gran depresión de 1930, establece un largo derrotero de la economía argentina, que oscilaría entre buscar un proceso de industrialización y la presión por volver a un esquema donde el sector vinculado con el comercio internacional marque el rumbo y destino del país.
Si bien oportunamente la crisis de 1890 interpeló la orientación agroexportadora, lo cierto es que los debates no lograron pensar o superar un esquema de industrialización subsidiario al agro. Recién con el Plan Pinedo débilmente se exponen lineamientos claros de reorientación de la economía hacia la consolidación de la industria. Sin embargo, recién con la llegada de Perón al gobierno, a partir de los Planes Quinquenales, las políticas económicas industrialistas tomaron cuerpo y centraron un programa económico industrializante.
La configuración de una incipiente industrialización que delineó una burguesía urbana cruzada con una burguesía pampeana definió los dilemas y conflictos de la economía, donde claramente los intereses provocaban la confrontación de modelos: el primario exportador con el industrial mercado internista. Esto provocó una tensión distributiva, especialmente en las fases expansivas (1946-52, 1963-66 y 1973), donde la puja salarial parecía romper el “equilibrio neoclásico” que mágicamente coloca el precio del trabajo según su productividad marginal.
Lo cierto es que tanto durante la dictadura militar, que desestructuró la base industrial y con ello al movimiento obrero, así como en la fase neoliberal durante los noventa, que centró la acumulación en el sector financiero, las propuestas industrializantes quedaron aisladas de la agenda económica.
Con la crisis de 2001, la fuerte devaluación y el buen recorrido de los precios en el mercado internacional se recuperó el perfil exportador y se generaron condiciones para una sustitución de importaciones en forma reactiva a la incapacidad de comprar que provocó el dólar caro. Sin embargo, las tendencias inflacionarias y los cambios en los precios internacionales provocaron ciertos condicionamientos para mantener la estrategia de sobrevaluación de la divisa.
Esta situación parecería dar la razón a quienes sostienen que la incipiente industrialización fue meramente un “viento de cola” provocado por una situación coyuntural. Sin embargo, los cambios implicaron modificaciones estructurales que derivan en un nuevo modelo, especialmente en lo que refiere al rol del Estado y la política monetaria, aunque sobre una base que no delimitaría una política clara de industrialización.
Parte de la oposición, especialmente los progres, expone un planteo que podría ser interesante, al sostener que las condiciones favorables de la economía internacional propiciaban una política económica industrializante, concluyendo en que fue una oportunidad perdida por parte del Gobierno. Sin embargo, cabe señalar que la economía argentina aún no superó el peso gravitante que tiene el sector agroexportador (independientemente del producto que desarrolle), que limita cualquier experiencia de industrialización. Y este punto replica estas afirmaciones, más aún cuando muchos terminan marchando detrás de la Sociedad Rural.
A lo largo del derrotero económico argentino, la oligarquía terrateniente condicionó su búsqueda de la renta diferencial que proporciona la productividad del campo, sin otra mira que garantizar un nivel de rentabilidad y condicionando cualquier la política de cualquier gobierno, algo que se expresó en el conflicto por la resolución 125, en 2008. En tal sentido, cabe preguntarse si el problema es la opción de una buena política de industrialización o en realidad la salida es un cambio político en materia de la propiedad de la tierra.
Lo cierto es que en aquellos países que hoy despliegan un crecimiento sustentable en la región, especialmente con perfil industrializante, el Estado tiene el control de la principal economía de exportación, lo que permite direccionar y desarrollar políticas económicas de fortalecimiento industrial. Esto es central, tanto en la Venezuela de Maduro o en la Bolivia de Evo, como en el Chile de Piñera. Por lo que el problema no es meramente un secretario de Estado con mala imagen.
Tal como sostenía Manuel Belgrano en los cimientos de la Nación, el fomento de la agricultura debe ser para impulsar la industria en base a la protección de nuestro comercio. Quizás el debate sobre la propiedad de la tierra y la estructura agraria sea una punta de iceberg para abrir un debate para dar una solución política a un problema económico. La economía política deja paso a la política.
* Politólogo UBA/Unsam.
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