Cabe reconocer que ambas notas constituyen aportes a un debate todavía pendiente. Al menos los autores han leído el documento, aunque introducen errores u omisiones que desvirtúan la posibilidad de un intercambio más profundo sobre los problemas que están detrás de las cifras en cuestión. De ahí que sea necesario hacer algunas aclaraciones pero no sin dejar de proponer una discusión más amplia y reflexiva.
1. No hay ninguna referencia en nuestro informe a que estemos en un momento crítico, ni que la situación social en 2014 sea similar a la de 2003, ni mucho menos. Por el contrario, son constantes las referencias a los avances sociales conseguidos gracias a una década de crecimiento con políticas sociolaborales activas. Sin embargo, se insiste en que negamos tales avances. ¡No es cierto! Así como tampoco que entre 20102014 no valoramos mejoras (en indicadores de pobreza estructural y multidimensional pero menos los ingresos de los más pobres, páginas 201-220).
2. Las estadísticas de precios, pobreza, precariedad y desigualdad constituyen medidas cruciales para evaluar la calidad de vida de una sociedad. Se trata de información sensible, no sólo social sino también en el orden político. Está en juego el reconocimiento de derechos. Representar estos problemas a través de datos permite visibilizar injusticias, legitimar reclamos, empoderar a los afectados. Sinceramente no creo que nuestros críticos se opongan a esta idea. Sin embargo, para desacreditar el informe buscan mostrar un país sin deudas sociales. Nada se dice sobre ellas. La omisión no es menor. Sobre todo porque en materia social no todo es color de rosas.
3. Dejando a un lado los temas estructurales, ¿no cabe esperar acaso que entre 2012-2015, en un contexto de creciente inflación, estancamiento del empleo y aumento de la marginalidad laboral, haya subido la pobreza por ingresos? De hecho, para CESO –y nadie del oficialismo se ha dado por enterado– la indigencia entre 2013-2014 ascendió de 4,2 a 5,1 por ciento y la pobreza de 13,9 a 16,1 por ciento (al menos 6,5 millones de personas). Afortunadamente, tal como se muestra en nuestros estudios, la AUH, las jubilaciones y demás programas funcionan como sistemas de protección social, dado que sino la situación sería peor.
4. En este marco, cabe responder algunas críticas metodológicas sobre la medición de la pobreza por ingresos: a) la muestra urbana de 5700 hogares de la EDSA-ODSA, aunque no es igual se solapa con la de la EPH-Indec, pero de ninguna manera es una “muestra de pobres” (representa mejor ciudades intermedias y áreas metropolitanas); b) los ingresos familiares no se miden de igual manera en la EDSA que en la EPH, lo cual produce diferencias en las medias de ingresos pero no en la desigualdad distributiva (los Gini entre EPH-EDSA no presentan diferencias significativas); c) debido a la ausencia de datos oficiales, la CBA se actualiza a partir de los precios en alimentos (no se usan los precios generales del Indec o de las Provincias, ni el de Precios Cuidados, por ser “poco generosos” con la visibilización de los pobres); d) es cierto que para calcular la línea de pobreza se aplica un coeficiente constante, pero ello se hace ante la falta de información confiable sobre la composición del gasto de los hogares y los precios de los bienes y servicios básicos no alimentarios.
5. Siguiendo estas reglas, dado una línea de indigencia para una familia tipo de 2735 pesos y una línea de pobreza de 5717 pesos, entre 2012 y 2014, la indigencia subió de 4,5 a 5,1 por ciento tomando la EPH y de 5,4 a 6,4 por ciento según la EDSA; y la pobreza de 15,5 a 20,4 por ciento según la EPH y de 26,2 a 28,7 por ciento para la EDSA. Al menos, 2 millones de indigentes y 6 millones de pobres. En cualquier caso, muy lejos del 1,2 por ciento o el 4,7 por ciento de indigencia y pobreza, índices oficiales ratificados haces pocas semanas por el director del Indec y algunos funcionarios del gobierno nacional. Datos que no parecen escandalizar a los críticos. ¿Será quizás qué el compromiso con el poder es más importante que los derechos de los sectores más débiles? Por otra parte, apoyarse en datos del BID o el Banco Mundial para avalar el actual modelo social, me recuerda a los noventa dorados. Al menos por eso, pondría alguna ficha de sospecha sobre el sentido común argumentado.
6. Por supuesto que las cifras elaboradas pueden contener errores, de hecho los tienen (estamos revisando los datos de ingresos de 2010), el saber producido es científico-técnico no es dogmático, a la vez no existe un solo paradigma ni método para medir la pobreza, la desigualdad. De ahí la importancia del debate académico, así como que estos problemas sigan estando en la agenda pública. Lo que no es justificable es que por “razones políticas” se afirme que no existe pobreza. Al menos el Observatorio de la Deuda Social puede decir que eso “no es cierto” dado que no tiene compromiso con ningún grupo económico, poder político, fuente de financiamiento ni gobierno. Sepan disculparnos, quizás necesiten que lo seamos pero afortunadamente no somos “opositores”, “oficialistas” ni “usinas” de nadie en particular, más allá de cómo los medios o sus comunicadores hacen política con la información, a favor o en contra, según sea el caso.
* Investigador Jefe del Observatorio de la Deuda Social Argentina-UCA.
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