El plan represivo en San Lorenzo

El fiscal federal Gonzalo Stara solicitó ayer penas de 20 años de prisión para Rubén Cervera y Horacio Maderna como autores penalmente responsables de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos; y de 18 años para Pedro Rodríguez como partícipe necesario de los mismos delitos cometidos contra Manuel Casado, que era secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales el 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de estado. "Los tres imputados conformaron, junto a otras personas, y bajo las órdenes de Cervera, un grupo que llevó adelante el plan sistemático de represión ilegal en la zona; para ello, cometieron secuestros, torturas y asesinatos en cumplimiento de los designios de dicho plan", dijo ayer el fiscal. En su alegato, Stara exigió la detención inmediata de los imputados, que atraviesan el juicio en libertad. Después de deliberar, el Tribunal Oral Federal Nº 1 integrado por Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella rechazó el pedido. Al mismo tiempo, Stara requirió que las condenas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal. También pidió que se revoque la falta de mérito dictada para los acusados en los otros casos de desapariciones y privaciones ilegítimas de la libertad del cordón industrial.

Cervera era jefe del Batallón de Arsenales y asumió como intendente interino de San Lorenzo el 24 de marzo de 1976. Maderna era subjefe, y al mismo tiempo secretario de Gobierno municipal de facto. Rodríguez había sido nombrado como Director de Asuntos Jurídicos durante el gobierno constitucional, pero luego se convirtió en un estrecho colaborador de las autoridades militares.

"No debe olvidarse que los procesados conformaron un grupo operativo que cumplió tareas de inteligencia con el propósito de mantener la mencionada secuencia operacional: secuestro, ingreso a un centro clandestino de detención, obtención de la información con interrogatorios con torturas que era transformada con la intervención de las áreas más sensibles del Segundo Cuerpo de Ejército, en nuevos secuestros y nuevos interrogatorios", rememoró el representante del Ministerio Público Fiscal.

Stara desplegó la acusación durante más de tres horas y solicitó que se inicien nuevos procesos penales surgidos a partir de este debate. Pidió que se investigue si Daniel Urcia, que era chofer de Cervera al momento de los hechos, incurrió en falso testimonio; como así también la apertura de una causa por la privación ilegal de la libertad de Luis Vivas, que fue intendente de San Lorenzo electo en 1973, y depuesto por el golpe militar. Las medidas más importantes solicitadas por el fiscal fueron los pedidos de revocatorias de las faltas de mérito dictadas a Maderna por la desaparición de Hugo Parente mientras cumplía el Servicio militar en el Batallón de Arsenales y a Cervera por la misma desaparición, como así también por las de Ramón Di Fiori, Rafael Antonio Carroza, Roberto Bonifacio Camuglia, Ramón Oscar Riquelme, Lina Teresa Funes, Juan Pablo Funes y por privación ilegítima de la libertad y tormentos a Luis Lapisonde.

Además solicitó que a Cervera y Maderna se los indague por el secuestro de Carlos Avalos, por el que ya fueron procesados, aunque posteriormente esos procesamientos fueron revocados. El fiscal recordó que la ribera del Paraná, desde Zárate a San Lorenzo, por ser un área de concentración industrial, era un blanco prioritario para la represión ilegal.

Casado fue secuestrado el 25 de marzo de 1976, a las 16.30, en la esquina de los bancos de San Lorenzo, cuando volvía del cementerio junto a sus hermanas. Lo señaló Rodríguez. Lo subieron a un camión del Ejército y allí arriba, varios uniformados empezaron a golpearlo. Lo llevaron a la Municipalidad de San Lorenzo, donde vio a Cervera y Maderna. Allí llegó a verlo, con las manos en la cabeza, Juan Curatolo, que era secretario de Obras Públicas. Desde el municipio, Casado fue llevado a su casa por los secuestradores, quienes robaron una alhaja de la madre y tiraron al suelo al hijo más pequeño del militante, Roberto, que tenía sólo siete días.

En varios puntos del alegato, Stara hizo referencia a las profusas ampliaciones de indagatorias de Maderna, para desestimar sus dichos. El dato más jugoso, sin embargo, fue el de la participación del capitán, en febrero y marzo de 1975, del Operativo Independencia, en Tucumán, que fue el preludio del plan sistemático de represión ilegal. El fiscal fue contundente: "Debe decirse que el imputado Maderna, al igual que Cervera, no cumplieron funciones de jefe de mantenimiento ni de secretario de gobierno o solo de manera formal, ya que, lo que sí hizo, la función que cumplió, fue operar en la zona integrando un grupo de tareas a las órdenes de Cervera, con el grado de capitán, y para ello intervino en secuestro, torturas y homicidios de militantes sindicales y políticos de la zona".

Para Stara, durante las audiencias quedó probado que "bajo la dirección del jefe del batallón, el teniente coronel Cervera, el imputado Rodríguez integró un grupo compuesto principalmente por miembros del Batallón de Arsenales, que operó en la zona llevando adelante la persecución de militantes políticos y sindicales". Stara subraya que "el acreditado conocimiento de los cuadros políticos y sindicales de la zona por parte del imputado le permitieron al grupo llevar adelante su misión de manera eficaz". Al mismo tiempo, Stara sostiene que la función de Rodríguez en el grupo "hacía necesaria su intervención directa tanto en los interrogatorios como en los secuestros".

Tras la irrupción en la vivienda, Casado fue trasladado al Batallón de Arsenales, donde fue torturado con picana eléctrica y, unos días después, a la Jefatura de Policía de San Lorenzo, donde volvieron a torturarlo e interrogarlo sobre la posesión de armas. Cuando lo liberaron, Casado tenía golpes en todo el cuerpo, y un brazo inmóvil por la tortura. Más tarde fue cesanteado de la Municipalidad y le resultó difícil, incluso, conseguir changas. El 16 de mayo pasado, Casado declaró en el juicio oral y público, por décima vez desde que hizo la denuncia. No pudo reponerse: su salud se deterioró y murió el 13 de junio. Ayer, no pudo escuchar el alegato de la fiscalía. Sí estuvieron su esposa y tres de sus nueve hijos. Todos llevaban una foto con la inscripción: "Manuel Casado, hasta la victoria siempre", y se sentaron en la primera fila del público.

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