Dos tramos de la autopista a Córdoba para Macri y Benito Roggio

Mañana, en la Casa Rosada se firmarán los contratos de adjudicación para la construcción de dos tramos significativos de la autopista Rosario-Córdoba. Las empresas ganadoras del proceso licitatorio, que tendrán a su cargo la construcción de alrededor de 100 kilómetros de la conexión vial entre las dos principales ciudades del país fueron Iecsa, del grupo Macri y Benito Roggio. "Son dos firmas inmorales que han hecho negocios durante los 90 y han incumplido todas sus obligaciones contractuales. Lo más grave es la actitud del gobierno nacional como poder concedente que había amenazado con eliminar este sistema perverso y termina adjudicando las licitaciones a estas empresas incumplidoras", denunció Ricardo Laska, integrante del Comité Nacional en Defensa de Usuarios Viales y director del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos.

De los 379 kilómetros que tendrá la autopista a Córdoba están terminados cerca de 80. El resto: hay etapas en ejecución, otras ya adjudicadas, algunas a punto de adjudicarse y una aún por licitarse. El gobierno nacional ha prometido en reiteradas oportunidades que antes de finalizar el mandato del presidente Néstor Kirchner estarán al menos ya adjudicados todos los tramos restantes y habilitada la totalidad de la conexión para el primer semestre del año 2008.

Según anunció Vialidad Nacional, mañana se firmarán los contratos de adjudicación de dos etapas de envergadura de la autopista. El tramo Ballesteros y el empalme con la ruta provincial E 59 en las cercanías de Leones (62 kilómetros) quedará a cargo de Iecsa (grupo Macri) e implicará una inversión estatal de 363,6 millones de pesos.

El tramo que ganó el grupo Roggio -que incluye la construcción entre Ballesteros y Villa María (36 kilómetros) y la segunda calzada entre Villa María y Oliva- contempla una inversión de 289 millones de pesos. En ambos casos, los pagos se cubrirán con recursos presupuestarios del Ministerio de Planificación Federal y una porción de la tasa al gasoil.

Consultado por Rosario/12, Laska se mostró disconforme con la definción de los procesos licitatorios. "Había sido el propio Kirchner el que había prometido cuando asumió que iba a terminar con las empresas incumplidoras que hacían negocios a costa del Estado. El Presidente también se comprometió a modificar el sistema de peaje para mantenimiento. Pero nada de eso ocurrió, el peaje sigue y a las empresas que en la década pasada no cumplieron con el contrato, se las premia", razonó.

Desde el Comité Nacional en Defensa de Usuarios Viales, que integran entre otros la Federación Agraria Argentina, Coninagro y distintas entidades profesionales, Laska recordó que "Macri está involucrado en una causa por tickets truchos en la cabina de peaje de la autopista Rosario-Buenos Aires y Benito Roggio no cumplió con las exigencias de la ruta 9 desde Rosario a Córdoba. Sin embargo esas cuestiones no se tuvieron en cuenta y terminaron ganando las licitaciones".

"En esto -agregó Laska- hay responsabilidad del poder concedente que no aplica sanciones y termina otorgándole la construcción de la principal obra pública del país a dos empresas cuestionadas".

Laska se mostró partidario de eliminar los peajes para mantenimiento de rutas y autopistas, ya que "los automovilistas ya aportan mediante el impuesto al gasoil que esta año recaudará 1800 millones de pesos anuales".

En la primera quincena de marzo, Vialidad licitará dos de las tres secciones que aún restan ajudicar de la autopista a Córdoba. Se pedirán ofertas para el tramo que va entre la ruta nacional 178 y la nacional 9 en la zona de Tortugas. Se fijó un presupuesto de 148 millones.

También se licitará el tramo entre la ruta nacional 178 y Carcarañá. Comprende 40 km y el monto oficial previsto para la obra trepa a 185 millones. Quedará pendiente para el segundo trimestre, la licitación del sector más conflictivo que va del empalme de la ruta nacional 9 hasta la provincial E 59, entre las localidades de Leones y Tortugas. Para este tramo se estableció un presupuesto de 221 millones, pero aún restan definirse la traza definitiva y las expropiaciones.

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