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Mariana Spada (CHA), Violeta Alegre (Colectiva Lohana Berkins), Norma Gerardi (ALITT), Lara Bertoli (Colectiva Lohana Berkins), Saya Sacayán (MAL), Claudia Vásquez Haro (OTRANS), Alma Fernández (Mocha Celis), Alba Rueda (Mujeres Trans de Argentina) y Angélica Zambrano (OTRANS).Si se quisiera escribir una suerte de Nunca más que recogiera exclusivamente los testimonios del horror sufrido por la población travesti a manos del poder policial, sería necesario que las sobrevivientes se hicieran voceras de sus tantísimas compañeras ausentes, borradas de las faz de la tierra, que ya no pueden hacerlo. Sus relatos trascenderían la época de dictadura, porque estos crímenes también tuvieron lugar en la democracia que arrancó en 1983 haciendo de dos artículos ya existentes, el 2h (vestir prendas contrarias al género) y el 2f (escándalo público e incitación al acto carnal), herramientas legales para la persecución de personas por razones de género. Y claro que si hubiese un tribunal conformado para juzgar este terrorismo policial, sería condición para los magistrados tener estómago, mucho estómago, para volver a escuchar por largo rato, como sucedió desde 1985 a partir del juicio a las Juntas, cómo una soldadora autógena, que es el nombre técnico de la picana, le quemó a una persona, le sigue quemando, los intestinos o los genitales por dentro sin dejar en la piel más que una pequeña evidencia. O cómo el chorro helado de una manguera le empapó, le sigue empapando, el colchón del calabozo en pleno invierno. O cuántas veces una compañera dejó de respirar entre sus brazos, como le pasó con cuatro amigas a Norma Gerardi, que a sus 63 años tiene más memoria de muerte que de vida. “He visto compañeras mías vomitar sangre”, dice reviviendo aquellas sesiones, la estampa dramática sobre la cama de elásticos en una comisaría. Pero ese Nunca más está lejos de escribirse y para sentenciar que todo esto ocurre y ocurrió, se presentó ayer un proyecto en la Cámara de Diputados que se llama Régimen de Reparación y apunta a recuperar el peso histórico de este desastre, reconocerlo y otorgar una ayuda monetaria a las víctimas, cuyo camino hacia una vejez digna, en términos económicos, fue interrumpido. En este sentido, la ley funcionaría como una suerte de jubilación para el escaso porcentaje de personas trans que llegaron vivas a la edad adulta. “Se trata de reivindicar la vejez que les fue quitada. Muchas de esas chicas no llegaron, o las consecuencias de esos abusos fueron tan grandes que hoy no tienen trabajo o están física o mentalmente muy mal”, explica el activista Luciano Spinelli, de ABOSEX.
De ser aprobado el proyecto, las indemnizadas por los daños sufridos abarcarían el período de vigencia de los incisos 2h y 2f (1954 -1997) y el monto que se le otorgaría a cada víctima es de $10.380 mensual, es decir, el equivalente a “la Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo”, según reza el texto de este Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia institucional en el artículo 7º. “El punto fuerte de esta ley es el reconocimiento simbólico, porque si vos lo ponés en el universo presupuestario, no es de una gran incidencia para el Estado”, explica Alejandro Mamani, también de ABOSEX. Emiliano Litardo, de esa misma agrupación, activista y coautor de la Ley de Identidad de Género, agrega: “Tiene que ver con la reparación histórica a un grupo selectivamente criminalizado por el poder policial a través de figuras legales que condenaban las identidades travestis, trans o la orientación sexual homosexual. Este proyecto de ley que armamos junto con Lohana Berkins y Marlene Wayar, con el apoyo de Diana Conti, tiene antecedentes locales: la ley de reparación a presos políticos. Y tiene un argumento muy fuerte que es el sostenido por los principios de Yogyakarta, respecto de la necesaria reparación a los derechos humanos violados de las personas por identidad de género y orientación sexual no normativa. Tiene consistencia jurídica, dados los precedentes mencionados y una consistencia política importante porque después de la Ley de Matrimonio y la de Identidad, este tipo de normas es relevante, sobre todo considerando que países como España y Alemania ya han trazado un camino en este sentido”. La reciente experiencia alemana a la que se refiere, buscó compensar materialmente el padecimiento físico y moral de los miles de gays afectados por el artículo 175, que los condenó y persiguió desde 1949 hasta 1994 (junto con el dinero recibido, el Estado se comprometió a borrarles los antecedentes derivados de la aplicación de ese artículo). Este tipo de régimen reparatorio es algo conocido en la Argentina, ya que, como mencionaba Litardo, en 2004 se otorgaron pensiones a hijxs y otrxs familiares de desaparecidxs y a personas que hubiesen sufrido lesiones graves por parte del Estado durante la dictadura. Aquel número de indemnizaciones fue, por supuesto, mucho mayor que el que hoy se baraja respecto del grupo de personas a las que se dirigiría esta nueva ley: las que recibirían la compensación son las, apenas, 300 que lograron sobrevivir (las organizaciones arriesgan un porcentaje del 1%. “Pienso que soy una de las pocas que sigue viva y tuve un dios aparte. Yo dormí en la calle y recibí tantos maltratos de la policía”, dice Norma). Pero el milagro de la vida no sería el único requisito para cobrar la pensión, también es condición haber tenido acceso a todos los papeles requeridos para demostrar concretamente la persecución. Los elementos probatorios son los enormes legajos de las víctimas. En el caso de Lohana Berkins, el expediente era interminable cuenta Norma, su compañera, su “secretaria”. “Interminable –dice–, todavía más que el mío”. Como en el caso de lxs presxs políticxs en dictadura, también existe con esta ley de reparación la posibilidad de que familiares –hijxs menores y discapacitadxs y conyugxs– se constituyan en beneficiarixs de la pensión.
“No me digas que a vos te decían La pimpollo”, le dijo la Berkins a Norma, entre risas, el día en que leyó el apodo de su amiga en una de las tantas hojas del expediente. Ellas dos fueron las primeras en ir a buscar los legajos al Ministerio de Seguridad y las siguieron Marlene Wayar y Diana Sacayán. Esa primera visita al Ministerio fue en 2014. Y a partir de ese momento no sólo se empezó a soñar con la implementación de este amparo, sino que concretamente presentaron este proyecto en la Cámara de diputados las organizaciones ABOSEX (Abogados por los Derechos Sexuales), ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual), Futuro Transgénero y MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación). “El primer paso era comprobar que existieran esos papeles. A través del Ministerio de Seguridad se hizo el contacto y los edictos se entregaron en una de las reparticiones. Ahí se empezó a armar esta idea de escribir en un borrador la ley que se presentó y cayó el estatuto parlamentario por falta de tratamiento. Hasta que este año Diana Conti nos llamó para preguntarnos qué queríamos hacer. Uno de los mandatos que nos dejó Lohana fue que retomáramos el tema de la ley. Así que lo que se hizo en esta oportunidad fue convocar a las organizaciones para que difundieran el proyecto”, dice la activista feminista Josefina Fernández, quien, junto a distintas agrupaciones, se encarga de impulsarla y promocionarla. “Son más de treinta organizaciones las que se sumaron a esta campaña, que está teniendo una gran legitimidad”, dice, con gran entusiasmo, Spinelli.
“En las provincias, la policía es más cruda con las compañeras, para esto la ley tiene un impacto simbólico fuerte. En Salta, por ejemplo, están tratando la ley de cupo laboral trans y tiene media sanción. Está muy trabado y salieron comentarios transfóbicos. Que haya diputados que apoyen este tipo de leyes va a dar una cierta bajada de línea. Hay logos de organizaciones de chicas de Salta, de Neuquén, de Chaco. Y esto es importante porque la ley es federal. La idea es que el frente sea lo más amplio posible, para ayudar a militarla”, cuenta Alejandro Mamani. “Después de la muerte de Lohana distintas organizaciones están detrás del tema, que son quienes buscaron las distintas adhesiones de los legisladores de todos los bloques, que son muchas. El proyecto proviene de la CHA, con Lohana Berkins a la cabeza”, explica la diputada Diana Conti, quien firmó junto a Analía Rach Quiroga y Verónica Mercado este proyecto presentado el 6 de octubre.
Diana Conti conoció a Lohana durante la primavera democrática y en los años siguientes de militancia se hicieron amigas. En aquel entonces era secretaria de un juzgado correccional que dio un giro copernicano respecto de los edictos policiales para que se los comenzara a declarar inconstitucionales. “Si una trans era detenida un viernes recién te enterabas un lunes y ahí veías su estado físico -dice Conti-. Esos edictos con que las castigaban eran instrumento de control social y de maltrato y vejación y violación de derechos humanos. Yo milito con la CHA desde los primeros tiempos, me unió a ella primero el VIH en las cárceles. A partir de allí en todos los temas estamos juntos. A Lohana la conocí muchísimo y ella me conocía desde que yo era secretaria de ese juzgado. Las travestis rezaban para que les tocara con nosotras, porque en los demás juzgados recibían un trato inhumano”.
El primer punto de este Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional establece que de esta pensión “serán beneficiarias, indiscutiblemente, las personas a las que se les haya aplicado los incisos ‘f’, ‘h’ e ‘i’ del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina”. “Estos edictos cayeron cuando se autonomizó la Ciudad de Buenos Aires –cuenta Josefina Fernández– y se armó lío porque no había ninguna figura que los pudiera reemplazar. En ese contexto, se dictó el código de convivencia urbana que tiene cuatro versiones diferentes desde 1998 a 2004. El que está vigente hoy es el artículo 81 que intenta penalizar lo que tiene que ver con la prostitución, no con las figuras de aquellos edictos de los que las travestis fueron las primeras víctimas”. La activista trans Lara María Bertolini agrega razones por las cuales el heredero artículo 81, lejos de librarlas de la persecución continúa siendo una de sus herramientas: “El tema no es que solo acota a las chicas a un lugar –Palermo, Rosedal, etc.– también pena la oferta y demanda y hace que no rinda su trabajo. En esos lugares no hay un techo donde nos podamos proteger si llueve ni se cuenta con ningún tipo de seguridad. Pasa en el resto del país lo mismo”. Como otras de su generación (una joven de los años 90), Lara también es una de las pocas sobrevivientes de los 2h y 2f y, por ende, candidata a ser pensionada por la ley de reparación: “Donde te parabas, te limpiaban –dice–. Yo trabajaba en un boliche famoso y el dueño me dijo: escondete abajo del escenario porque vino moralidad. Me sacaron de los pelos. Le pidieron guita al dueño y no tenía, más tarde cayó en la comisaría con la plata de la recaudación de esa noche para sacarme. No me pudo tener más porque él no podía pagar eso cada vez que yo actuaba. Ahí me quedé sin laburo y empecé la calle. No me quedó otra. Pero no vayamos a la cosa lastimosa de la pobre traba golpeada. Esto tiene que ser compensado porque es una falla institucional. Los edictos mataron muchas más personas que las que ustedes se piensan”. Cuando se habla de esos edictos y se nombra a la Policía Federal Argentina, a Norma, que no distingue demasiado entre las torturas recibidas durante la dictadura y las de la democracia, se le pone la piel de gallina. Cuenta: “Dos compañeras muy maltratadas por la Federal fueron Nadia Echazú –todos los días la 25 o la 23 la agarraban y la mataban a golpes– y Mocha Celis. Con ella se ensañó la 50. Hubo un problema por el que hizo la denuncia y apareció muerta con un tiro en la frente. Todas nos quedamos mudas. La Federal: es como si ellos mandaron sobre todo: no me sirve tu documento, si sos puto, vas adentro. Yo la palabra travesti la conocí cuando empecé a hacer shows, antes eras una triste mariquita y si decías algo, te metían en un Falcon. Un día cuando lo vi doblar por la esquina empecé a correr. Me agarró de atrás, del pelo, el Turco, que fue lo peor que tuvo ese cuerpo policial. Te arrastraba de los pelos. Era tremendo y después te agarraba moralidad. Te decían pederasta después de decir tu nombre y apellido en voz alta. Si vos ibas un día caminando y pasaban, por ejemplo, policías de Robo y hurto, te metían al Falcon. Ese era el poder de la Federal contra el que no podías hacer nada”. Pero está claro que las violaciones a los derechos de las personas trans no son de autoría exclusiva de la Federal. Y tampoco quedaron en el pasado.
María Angélica Zambrano vive en La Plata y tiene 23 años. Es afro, peruana, trans: reúne todas las condiciones de abyección como para estar en la mira de las políticas de derecha que, oscilando entre la travestofobia y la xenofobia, apuntan a materializarse en artículos como el 81 o proyectos como el de la cárcel para inmigrantes. A María Angélica se la ve congestionada y tose, tose mucho. Cuando pide la palabra, deseosa de sacarse de encima el dolor de tanta humillación, cuenta la historia del invierno que pasó. Su salud es, a todas luces, una consecuencia lógica de todo el frío al que consiguió sobrevivir, milagrosamente, porque es joven. “Estuve dos veces presa y, por último, en una comisaria el 3 de septiembre –dice–. Me dieron de comer comida congelada, dormí en el piso, no había agua. Me bajaron las defensas y no me llevaron al hospital. Varias veces los policías me han tirado picana. En La Plata me armaron siete causas con estupefacientes. Nos pusieron en bolas, nos trataron como delincuentes. Me pusieron 25 envoltorios de cocaína encima. A mis compañeras también. Me hicieron un pedido de captura y me maltrataron. Fue el mismo maltrato que sufrí en Perú”. Claudia Vásquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina, es investigadora. Su análisis respecto de lo que María Angélica cuenta es que esto está pasando ahora con muchísima más crudeza que como sucedía antes: “Estas prácticas de tortura y vejación siguen haciéndose. Aunque esto pasaba también durante el kirchnerismo, durante estos ocho meses de asunción de la derecha, las condiciones actuales han habilitado el incremento de la persecución –el intendente Julio Garro, de La Plata, tuvo una posición muy clara con respecto a las personas trans al decir que no nos daría trabajo–. Hay un respaldo político y judicial. Los códigos de falta que se implementaron en estos meses, la ley de estupefacientes, está sirviendo para perseguir a las compañeras y es una herramienta que termina cerrando como anillo al dedo. A la travestofobia se suma la cuestión de la xenofobia y el racismo. Es terrible en este momento. Las políticas terminan siendo despiadadas contra los sectores populares. En la provincia de Buenos Aires tenemos 52 compañeras trans privadas de su libertad y en la cárcel de Varela hay 32, de las cuales el 90% son migrantes y el 100% están por tenencia de estupefacientes”.
La violencia institucional se las arregla siempre para encontrar un recurso legal para seguir castigando a sus víctimas y es esta perpetuación del flagelo lo que esta ley, de ser aprobada, buscaría desbaratar. El slogan de la campaña “Reconocer es reparar”, utilizado por las agrupaciones en las redes sociales, no apunta tan solo al reconocimiento y la reparación de los hechos pasados, sino a evitar su repetición en un presente de características similares. Un presente al que hay que transformar con los ojos bien abiertos. “Uno de los objetivos de esta ley es que la sociedad entienda que existe la violencia transfóbica y está invisibilizada. Es algo que se va aprendiendo a partir de estas leyes, como sucedió con la de Matrimonio igualitario y la de Identidad de género”, explica Luciano Ciccolella de ABOSEX. En este sentido, se podría considerar a esta nueva ley como un punto de partida, un precedente en la búsqueda de una justicia que excede como beneficiario a un grupo vulnerable. “La reparación no es para una parte de la población nada más. Entender esto es incluirnos todxs”, agrega Ciccolella.
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