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El documento lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buena Memoria, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hermanos por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S., Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Servicio Paz y Justicia.
De acuerdo al texto, estos sectores que hoy propician la "desestabilización" son "los mismos que propiciaron, sostuvieron y participaron en todos los golpes dados en nuestro país a partir de 1930" y que "en 1976 impusieron, mediante el terrorismo de Estado, un modelo económico neoliberal que conlleva la violación sistemática de los derechos de la población de menores ingresos".
"Detrás de los legítimos reclamos de los campesinos y pequeños productores, a los que apoyamos, se presentan como defensores del campo los mismos actores que para imponer sus políticas económicas, fueron ideólogos y cómplices del terrorismo de Estado y de sus métodos: asesinatos, desapariciones, torturas, prisión, exilio, violaciones y robo de niños", se advierte en el documento.
Agrega que esas instituciones "no son el campo" y sólo representan la "ambición egoísta de los capitalistas del agro y los pool de siembra en los que participan grandes grupos financieros no necesariamente agropecuarios".
Según los organismos firmantes del documento, estos sectores "representan a los 936 terratenientes que poseen un promedio de 38.000 hectáreas cada uno" y "no a los 140.000 agricultores que poseen un promedio de 16,7 hectáreas cada uno" (según surge de datos del censo agropecuario de 2002).
Estos sectores, "representados por Cargill y Monsanto", según dicen, "mantuvieron silencio en los 90, mientras 300.000 pequeños productores eran expulsados de sus campos" y hoy "no admiten que el Estado controle la renta agraria lograda con el sostén de un dólar alto y subsidios en combustibles a costa del esfuerzo de toda la Nación".
"El Estado tiene el deber de llevar a cabo una justa distribución de la riqueza y para tal fin consideramos que deben utilizarse las atribuciones que las leyes le otorgan como las retenciones a las exportaciones que generan enormes ingresos a los dueños de la tierra y a grupos exportadores", dice el documento.
Agrega que "estas retenciones no les impiden ganar sumas fabulosas, sino que simplemente les producen una disminución de sus ganancias" y sostiene que "los fondos recaudados de las retenciones a las exportaciones agrarias y todo el superávit que genera el comercio exterior de alimentos, energía, minería y otros deberían destinarse a revertir una situación de polarización social".
"De esa manera, a la legalidad de las medidas se sumaría la legitimidad del cometido", concluye el documento que firman organismos de derechos humanos.
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