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El Consejo de Ministros reunido en Luxemburgo aprobó sin unanimidad el texto de la llamada "Directiva de retorno", ya que Austria, República Checa, Malta y Bélgica se opusieron, informaron hoy fuentes comunitarias.
El texto, que debe ser ratificado y puede ser modificado por el Parlamento Europeo, será debatido por los eurodiputados el próximo 17 de junio. En ese sentido, la presidencia eslovena de turno de la UE confió hoy en que la directiva saldrá adelante en la Eurocámara pese a las divisiones existentes, después de que los ministros europeos lograran introducir la posibilidad de que los inmigrantes reciban defensa legal "gratuita", algo a lo que se oponen países como Alemania, Grecia y Austria.
Los ministros acordaron hoy una serie de medidas para garantizar la asistencia legal a los inmigrantes, similares a las que se aplican para los "refugiados" y ofrecieron ayuda financiera comunitaria, aunque este apartado entrará en vigor un año después del resto de la directiva.
De esta forma, la controvertida norma que endurece la política inmigratoria de la UE avanza a pesar de las denuncias del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el sueco Thomas Hamnarberg, quien considera que la directiva de retorno "vulnera" los derechos humanos, y "criminaliza" a los inmigrantes.
Diferentes organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre ellas la Federación SOS Racismo de España, se oponen también a esta ley, que llaman la "Directiva de la vergüenza".
La directiva de retorno introduce un límite de seis meses a la privación de libertad a los inmigrantes que serán expulsados, plazo que se podrá ampliar a un máximo de 18 meses si el extranjero no coopera con su repatriación o se producen demoras administrativas.
Algunos países como el Reino Unido, Dinamarca, Grecia, Irlanda o Suecia no contemplan ningún límite en sus legislaciones, por lo que tendrán que adaptar sus normativas, mientras en casos como el de España, donde el plazo máximo para encerrar inmigrantes en los centros de "internamiento" es de 40 días, no hay obligación de ampliar el plazo.
Sin embargo, España manifestó su intención de ampliar ese plazo de detención hasta 60 días o incluso 90, según afirmó hoy el presidente canario Paulino Rivero, tras reunirse con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
La ley se aplicará también a "menores no acompañados", algo que las ONGs consideran "escandaloso", ya que los niños serán encerrados en centros de detención, aunque sí es posible separados de los adultos.
Asimismo, se introduce una doble fase en el proceso de expulsión, ya que los inmigrantes pueden acogerse primero a un "retorno voluntario" -en un plazo de entre 7 y 30 días- , que evitaría la prohibición de entrada, y recién en caso de negarse a volver de forma voluntaria serían repatriados forzosamente. Europa está absorbiendo cada año 2 millones de inmigrantes, más que ninguna otra parte del mundo en proporción a su población.
Esto ocurre en el marco de un proceso global de incremento de las migraciones mundiales, que de acuerdo con previsiones de Naciones Unidas, aumentarán en un 40 por ciento en los próximos 40 años.
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