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El Gobierno nacional pidió la pena de reclusión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y otros 10 represores por los secuestros y homicidios de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y otras 10 víctimas que estuvieron prisioneras en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
El abogado de la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Rico, solicitó en el juicio por esos crímenes que todos los acusados cumplan la condena en una cárcel común y que los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio sean declarados de lesa humanidad, perpetrados en el marco de un "genocidio".
La querella, que finalizó hoy su alegato ante el Tribunal Oral Federal 5, también pidió reclusión perpetua, la pena máxima del Código Penal, para Juan Carlos Rolón, Ricardo Cavallo, Ernesto Weber, Jorge Rádice, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Néstor Savio, Julio César Coronel, Juan Carlos Fotea y Alberto González.
Todos fueron considerados responsables del secuestro de los integrantes del "Grupo de la Santa Cruz", llamado así por la Iglesia de la Santa Cruz, del barrio porteño de San Cristóbal, en la que se reunían para reclamar por la aparición de sus familiares.
Entre otros casos, en el juicio se investiga el secuestro y desaparición de las Madres Fundadoras de Plaza de Mayo y dos religiosas francesas junto a siete militantes de derechos humanos en diciembre de 1977.
"Todos los acusados conocían que actuaban en un campo de concentración para el exterminio de los detenidos, señalaban a sus víctimas y, en este caso, fueron marcados por uno de ellos", dijo Rico en relación al episodio de la Santa Cruz, donde Astiz señaló a la monja Leonie Duquet y al grupo de Madres. El marino se había infiltrado entre el grupo de madres argumentando que su hermano se encontraba desaparecido, pero en realidad formaba parte de un grupo de tareas de la ESMA.
Otra religiosa francesa, Leonie Duquet, y compañera de Domon, fue secuestrada en otro operativo, torturada y arrojada viva al mar, hasta que sus restos, aparecidos en una playa al sur de Buenos Aires, pudieron ser identificados en 2005.
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