El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, a cargo de Sergio Torres, aceptó la solicitud de la Unidad de Información Financiera para ser parte acusadora en la investigación sobre lavado de activos apropiados por los grupos de tareas que operaban en la Escuela Mecánica de la Armada, durante la última dictadura cívico militar.
El TOF aceptó el pedido de la UIF en la causa 13.340/08 "Vildoza, Jorge Raúl y otros s/ Delito de Acción Pública", donde se investiga el negocio montado en la exEsma a partir del robo de bienes de los secuestrados. En particular, se busca determinar la ruta del dinero obtenido ilícitamente por el represor en su carácter de jefe, y por otros miembros del grupo, a los que luego se les habría dado apariencia de legitimidad.
Se sabe, indicó la UIF, que con los bienes que se despojaban ilícitamente a los secuestrados se crearon diversas empresas pantalla e inmobiliarias y se abrieron cuentas en el exterior, para canalizar la gran cantidad de fondos obtenidos. El organismo antilavado señaló que "los delitos económicos perpetrados por la dictadura fueron llevados a cabo en el marco de un plan criminal perfectamente organizado, en el que las ganancias eran rendidas a la superioridad y luego administradas y repartidas por los miembros de la fuerza".
En su solicitud de querellante, la UIF pidió además el aseguramiento de los bienes vinculados a Vildoza y su círculo íntimo y familiar, mediante el dictado de medidas de embargo, inhibición general de bienes, congelamientos de cuentas, así como el posterior decomiso de los activos.
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