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“No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter 'indiciario'" que demuestren un delito, puntualiza el escrito que la Procuración del Tesoro de la Nación presentó esta mañana ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien que tiene a su cargo la investigación de la denuncia formulada por el fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa AMIA.
El escrito sostiene también que “ninguna actuación de las autoridades del Gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, en el marco de la investigación del atentado a la mutual judía.
“El objetivo que persiguió el gobierno argentino a través de dicho acuerdo fue el de favorecer el progreso de la causa Amia, cuyo trámite se vio gravemente obstruido por la imposibilidad de someter a declaración indagatoria a varios ciudadanos iraníes imputados en el proceso, debido a la inexistencia de acuerdos bilaterales previos que obligaran a Irán a extraditar a esas personas”, consigna el escrito.
“Ni del texto del Memorándum de Entendimiento ni de lo actuado por las autoridades del Gobierno argentino en forma previa, concomitante o posterior al acuerdo, se infiere la existencia de acuerdo alguno destinado a alcanzar un objetivo distinto al anteriormente señalado”, asevera el documento difundido por la Procuración, que hoy presentará formalmente en sede judicial.
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