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A través del decreto 83/2015 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo señala que "es absolutamente necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentre en condiciones plenas de funcionamiento a la mayor brevedad posible, por lo que resulta procedente la designación de dos juristas para integrar el Alto Tribunal". El decreto cita el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional que faculta al Presidente de la Nación "llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura".
La decisión de Macri de completar la Corte por decreto e ignorando el mecanismo institucional correspondiente se conoció ayer a través de un comunicado de prensa. El ministro de Justicia, Germán Garavano, defendió esta mañana el nombramiento al subrayar que "la Constitución es clarísima" sobre la posibilidad de usar este mecanismo "cuando el Congreso está en receso", pero no explicó por qué el Gobierno decidió no llamar a sesiones extraordinarias para respetar los pasos legales.
"Son dos jueces totalmente independientes más allá de su forma de designación o de permanencia en el cargo, son dos personas que aunque estén en comisión no van a hacer lo que le pida el Gobierno", sostuvo Garavano en declaraciones a Radio Mitre. “El presidente optó por resolver (ambas designaciones) para aventar todos estos intentos de nombres o de generar acuerdos sobre una cosa tan trascendente como los ministros de la Corte”, argumentó.
Como antecedente del mecanismo de nombramiento de jueces en comisión, el decreto publicado hoy menciona lo realizado por el ex presidente Raúl Alfonsín en 1984, aunque esas designaciones correspondieron a jueces federales y camaristas, y no a ministros de la Corte Suprema. En los términos del artículo 86, inciso 22 de la Constitución Nacional entonces vigente Alfonsín designó en comisión a los miembros de las Cámaras Federales de Bahía Blanca, La Plata y Comodoro Rivadavia, como también a los jueces federales de los departamentos de San Martín, Mercedes y San Nicolás.
Garavano añadió que Macri lo instruyó "junto con el decreto de designación, para iniciar el proceso del decreto 222 que prevé la recopilación de todos los antecedentes, su exposición ante la opinión pública y ante las entidades de la sociedad civil, para, a partir de ese momento, recibir impugnaciones o adhesiones a los candidatos”. Explicó que buscarán que el Senado tenga los pliegos el 1° de marzo. "Si el Senado no los ratifica tendremos que iniciar otro proceso. Si el Senado los ratifica serán jueces ya con todas las de la ley por el procedimiento normal', añadió.
En tanto, el senador por Mendoza Julio Cobos (UCR) dijo que está "sorprendido" por la designación de los jueces, al considerar "innecesario" el decreto que los nombra y tras sostener que "lo adecuado hubiera sido convocar a sesiones extraordinarias".
"Estamos sorprendidos, conozco sobre todo los antecedentes de uno, estudiaré el del otro y formaré parte de la comisión de acuerdos pero me ha sorprendido, y creo que es innecesario este decreto", manifestó Cobos, aliado del PRO en la alianza Cambiemos, en radio Vorterix. "A mi no me consultaron y por lo que averigüé, Angel Rozas fue prácticamente informado de la decisión", relató al ser consultado sobre si la UCR había sido contactada para evaluar los nombramientos por decreto.
En el mismo sentido, el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez, también parte de Cambiemos, consideró que los miembros de la Corte Suprema deben nombrarse “por la vía ordinaria establecida por la Constitución y el decreto establecido por Néstor Kirchner que da transparencia”."Hay que utilizar los mecanismos legales y constitucionales”, añadió a radio Blue el legislador aliado a Elisa Carrió.
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